A las 2:40 de la madrugada del pasado 30 de abril, radicales, el CER, la derecha del Frente Renovador y el PJ votaron una actualización de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos de la provincia del Chaco. De manera impuesta por el Ejecutivo y a espaldas de las organizaciones ambientalistas, profesionales o las comunidades originarias, sancionaron una ley que va a profundizar el desmonte en la provincia.

Entre gallos y madrugada, los 15 diputados de UCR/Juntos por el Cambio, los dos diputados del CER, el diputado del Frente Renovador, El diputado del Nepar y dos diputados justicialistas se pusieron de acuerdo para profundizar el desmonte, el daño ecológico y social en la provincia. Mediante esta “sesión especial” en Diputados se aprobó entregar el monte nativo de casi un millón de hectáreas para que puedan ser desmontadas a gusto y placer de los agronegocios.

En sintonía con la Ley Bases impulsada por Milei, que faculta al gobierno nacional a eliminar fondos fiduciarios como aquellos destinados a la preservación de bosques nativos, lo que provocará un aumento descontrolado de los desmontes, el gobierno provincial tendrá su propia ley de desmonte para profundizar este flagelo. Esto, cuando Chaco encabeza el ranking de provincias más desmontadas en los últimos 15 años.

Mediante la comparación de imágenes satelitales, se destaca que la deforestación durante el año pasado en la provincia del Chaco fue de 57.343 hectáreas, en Santiago del Estero 42.871 hectáreas, en Formosa 17.409 hectáreas y en Salta 8.526 hectáreas. Según datos oficiales, desde la sanción de la Ley Nacional de Bosques hasta fines de 2023 en la provincia de Chaco se desmontaron 542.505 hectáreas.

Dime qué votas y te diré a quién representas

Uno de los diputados que facilitó los dos tercios para aprobar esta ley es Atlanto Honcheruk, un conocido político del PJ que fue intendente de Villa Berthet, acusado de desforestar gran parte de su propia ciudad. Denunciado por deudas de $100 millones y más de 36 vehículos de alta gama, entre su polémico patrimonio.

Honcheruk saltó a la fama cuando se supo que además de sus cargos políticos era un empresario forestal dedicado a la producción y el trasplante de madera, justamente en una localidad en la que los desmontes se transformaron en un verdadero problema. Cuando era jefe comunal, en una entrevista televisiva con el canal El Trece, aseguró sin inconvenientes ni pudor que “el desmonte es una expansión agrícola en la que hay de todo, cosas que están dentro de la ley y cosas que están fuera de la ley”. Por ello intentó junto a su hermano, hijo y sobrino autoadjudicarse 700 hectáreas mediante manejos espurios.

En su campaña para diputados se hacía el ecologista diciendo “solo podemos dominar la naturaleza si la obedecemos. Plantar, reforestar, es un compromiso que estamos haciendo realidad”, mientras vota a dos manos junto al otro diputado del PJ, Juan Carlos Ayala, una ley para profundizar el ataque a los bosques nativos.

Este nuevo ordenamiento territorial, que repite las recetas de Capitanich y se alinea con el plan devastador de Milei, tiene que ser combatido con la movilización popular. Debemos poner en pie un congreso de las comunidades originarias a las que le niegan reiteradamente su participación, con los especialistas y profesionales que nunca tienen en cuenta y con las organizaciones ambientalistas que discuta un plan de lucha para enfrentar el desmonte. El mismo debe tener un carácter independiente de los gobiernos, que nos han conducido a una catástrofe ambiental. 

Es necesario impulsar un plan de acción contra este nuevo embate contra el bosque por parte de los agronegocios y sus representantes políticos. Hay que organizar un proceso de actualización territorial que garantice verdaderamente la participación de la sociedad en los tiempos y forma que correspondan. Esta actualización, de ninguna manera puede realizarse al mismo tiempo que se propicia la deforestación; por el contrario, debe tener como eje el fin de los desmontes, el manejo sustentable y la restauración de los bosques nativos.

Reclamamos que se penalicen las actividades de tala del bosque nativo, rechazamos las numerosas recategorizaciones prediales (algo no permitido por la Ley Nacional de Bosques), mediante las cuales radicales y peronistas autorizaron desmontes en zonas protegidas (Categoría II-amarillo). Exigimos que las áreas ilegalmente deforestadas mediante estos artilugios que vienen llevando adelante los sucesivos gobiernos sean restauradas.

No está dicha la última palabra, luchemos para derrotar la reforma esclavista de la Ley Bases

Impulsemos una gran campaña por un paro activo frente al tratamiento en el Senado. –

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