El rechazo de la población chubutense a la megaminería contaminante se sigue abriendo paso contra el potente lobby que intenta avanzar con los proyectos Suyai y Navidad, entre otros.

Durante este primer mes, desde el lanzamiento de la Iniciativa Popular 2020 para impedir por ley la fijación de “zonas de sacrificio” para la explotación minera, se llevaron adelante actividades para juntar firmas a lo largo y ancho de la provincia, desde mesas callejeras hasta la difusión de un disco musical. Incluso, cientos de locales de comercios se pusieron a disposición.

Como relatan desde la Unión de Asambleas de Comunidades del Chubut (Uacch), esta campaña ha recogido en un mes más firmas que la IP del 2014, mostrando la experiencia recogida por un movimiento de lucha que conoce que la Legislatura provincial está digitada por los intereses patronales y que solo con la movilización popular se podrá torcer el brazo a los agentes de la minería.

En un cuadro de bancarrota provincial, el gobierno de Mariano Arcioni ofrece como garantía en la reestructuración de la deuda -para postergar los vencimientos de octubre hacia el 2023- una mayor entrega de los recursos de la provincia, desde la coparticipación nacional y el congelamiento salarial hasta la habilitación de la megaminería y el fracking.

La presión popular ha llevado a que concejales y diputados de distintas fuerzas políticas firmen la Iniciativa Popular. Sin embargo, solo el Frente de Izquierda – Unidad ha planteado de forma homogénea a nivel provincial y nacional su respaldo a la campaña. Incluso presentó un proyecto de resolución en el Congreso en ese sentido.

La burocracia sindical se encuentra divida en este punto. Jorge “Loma” Ávila, del sindicato del petróleo y Guillermo Quiroga, de ATE, quienes se han integrado al gobierno, son favorables al lobby minero. Por su parte, la Mesa de Unidad Sindical recoge la consigna “No es No” pero evita organizar al movimiento obrero provincial para dar esta pelea y las acciones que convocó, aisladas, fueron arrancadas por las bases de los gremios.

El gobierno nacional, en tanto, tiene a su propio portavoz del lobby minero en el secretario Alberto Hensel, pero tuvo su primer traspié con la rebelión en Mendoza que a principios de año derrotó el intento de barrer con la ley 7722.

Es fundamental llevar a fondo esta campaña y que los sindicatos tomen en sus manos la conquista de esta ley. Apoyemos la Iniciativa Popular. El “No es No” lo conquistamos en las calles. ¡No al pago de la deuda!

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