Según algunas versiones periodísticas, el gobierno cerrará en septiembre la firma del memorándum para la instalación de granjas industriales de cerdos de capitales chinos en Argentina. El acuerdo, que coloca al país como una factoría porcina de China, fue ampliamente repudiado al conocerse sus tratativas por los desastrosos efectos sanitarios y ambientales que acarrea esta modalidad de producción, con jornadas de movilización que tuvieron repercusión a lo largo y ancho de todo el país.

El propio embajador argentino en Beijín, Sabino Vaca Narvaja, aseguró semanas atrás que la “gran oportunidad” que se presentaría para exportar carne de cerdo obedece a una insatisfacción de la demanda de China y todo el este asiático, originada luego de que la propagación de la peste porcina africana obligara a sacrificar allí casi la mitad de los 440 millones de animales que tenía a principios de 2019 (Infocampo, 24/6). Ello fue agravado más tarde con la expansión de la enfermedad en granjas de España y Alemania, que son sus principales proveedores. La modalidad productiva de hacinar miles de cerdos, concentrando deshechos, alimentando con prensados industriales, utilizando ingentes cantidades de antibióticos y fármacos, es ciertamente un caldo de cultivo de infecciones.

Es por eso que emergen regularmente enfermedades originadas en estas granjas industriales de cría de animales, y especialmente en el caso de los cerdos. Esto, además de ser altamente contaminante, pone en riesgo a la propia población. La pandemia del virus H1N1, conocida como gripe porcina, llegó a infectar al 15% de la población en 2009-2010. Cuando el Covid-19 sigue haciendo estragos en el mundo y Argentina en particular, es una política criminal que implica cargar con los costos ambientales y sanitarios de una modalidad productiva afectada por doquier por los desastres que genera.

La puesta en marcha de este acuerdo acarrearía a su vez otros efectos dañinos para el ambiente, como las emisiones de gases de efecto invernadero que genera la cría industrial de animales, o la deforestación para la instalación de las granjas y su abastecimiento con maíz y soja. Todo esto fue denunciando en reiteradas manifestaciones el año pasado, que de hecho hicieron recular al gobierno y postergarlo, reconociendo incluso por boca del canciller Felipe Solá que no estaba contemplada ninguna supervisión sobre su impacto ambiental. Estas convocatorias, que aglutinaron a numerosas agrupaciones y asambleas en defensa del ambiente en una lucha común, dieron origen a la coordinadora Basta de Falsas Soluciones que hoy nuclea un significativo espectro de organizaciones que salen a la calle en forma conjunta ante cada atropello.

En principio, el memorándum que se firmaría con el gobierno de Xi Jinping establecería el desembarco de empresas chinas para la instalación de 25 granjas con un piso de 12.500 madres cada una, con el objetivo de duplicar el número de madres desde las 380.000 actuales e incrementar en lo inmediato la producción de carne porcina hasta unas 900.000 toneladas anuales (El Cronista, 12/7). Esto es presentado como una gran noticia por los funcionarios de Alberto Fernández, asegurando que se priorizará a los proveedores nacionales y se respetarán normas fitosanitarias. Pero lo cierto es que es un acuerdo colonial que promete redundar en una concentración de todo el rubro en manos de un puñado de pulpos chinos.

En la actualidad el sector porcino se encuentra en crecimiento en Argentina, especialmente desplazando el consumo local de carne vacuna (que cayó a mínimos históricos), ya que solo se exporta el 5% -y eso se prácticamente se compensa con importaciones del mismo rubro. De esta manea las empresas chinas pasarían a acaparar en exclusiva todo el potencial exportador, porque actualmente las patronales acusan que escasean las plantas de faena, desposte y frío para orientarse al mercado externo. El mucho mayor volumen de los capitales que invertirían en las nuevas granjas y su copamiento de la demanda de exportación redundará fácilmente en un fuerte concentración, arruinando en primer lugar a los pequeños productores.

Esto se ve reforzado por el hecho de que serían “granjas integradas”, desde el procesamiento de granos para alimentación de los animales, la cría, la faena y el envasado para la exportación. Todo ello quedará bajo la operatoria de los capitales chinos, lo cual refuta el verso oficial acerca de un desarrollo productivo y del valor agregado de la economía nacional. Es una dirección opuesta a la tan patrocinada soberanía alimentaria, porque cada vez más la producción de alimentos queda en manos de pulpos extranjeros que concentran las exportaciones y fugan sus ganancias. La dependencia que esto genera de la demanda asiática también promete crisis: recientemente el cierre de las importaciones chinas por el menor consumo estacional derrumbó los precios internacionales hasta en un 40% (borrando las subas de los últimos meses).

Sería una repetición de los ruinosos resultados que generó en el caso de la carne vacuna la concentración en manos de dos frigoríficos brasileños (y un puñados de empresarios nacionales), con cierres de plantas, desinversión y suba de precios, que ahora se expresa en los tironeos con el gobierno por los cupos de exportación. Por parte de China, forma parte de una política dirigida a penetrar con capitales propios en América Latina explotando su rol de compradora de las exportaciones agropecuarias. De hecho, el gobierno uruguayo viene de poner en jaque la cumbre del Mercosur para satisfacer la presión del país asiático por una mayor apertura comercial y reducciones arancelarias.

Estamos ante un acuerdo entreguista, que deja en evidencia la completa impostura que protagonizó el ministro Martín Guzmán en la reunión del G20, en la que aseguró que debería contemplarse una renegociación más benevolente de la deuda externa porque el país sería un “acreedor ambiental”. El fraude no podría ser mayor, porque finalmente los subsidios al fracking, el avance de la frontera agrícola, los agrotóxicos y los transgénicos, el fomento a la megaminería altamente contaminante, expresan un rumbo dirigido a garantizar al FMI que estarán las divisas para el repago de una hipoteca fraudulenta. Agreguemos que si Guzmán pidió nuevos créditos para financiar una “transición productiva sustentable”, lo cierto es que estos apenas tienen el objetivo de cumplir con los compromisos financieros.

Profundicemos la lucha para derrotar este nuevo intento de poner en marcha un memorándum de saqueo y depredación ambiental.

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