En la mañana de este jueves se realizó la presentación de 16.000 firmas adherentes al proyecto de ley de Soledad Díaz García en la Legislatura de la provincia de Córdoba para la prohibición del cambio de uso de suelo de las zonas incendiadas, que exige el poder de veto y decisión de las asambleas ambientalistas, populares y de pueblos originarios.

En la presentación estuvieron presentes diferentes activistas de luchas ambientales de la provincia, entre ellos, Milena Paponi, profesora de biología y miembro de Tribuna Ambiental; y Cintia Frencia, concejala electa de Córdoba por el FIT. Además, participaron Noelia Agüero (legisladora electa IS-FIT), Noelia Argarañaz (legisladora electa PTS-FIT) y otros referentes del Frente de Izquierda.

El proyecto también cuenta con el aval de vecinas y vecinos cordobeses conmovidos por la pérdida de más de 190.000 hectáreas en lo que va del año por culpa de los incendios intencionales. Las quemas se realizan para desmontar y justificar posteriormente el cambio del uso del suelo y avanzar en emprendimientos inmobiliarios y la expansión de la frontera agro-ganadera. Es por eso que el proyecto del PO-FIT apunta a prohibir el cambio de uso del suelo en las zonas incendiadas.

También 30 investigadores del Conicet sumaron su firma y más de 50 miembros de distintas universidades.

Este acompañamiento demuestra la conciencia de la población por ir a una solución de fondo, y frenar los negociados sobre el suelo incendiado, como hemos podido ver en estos últimos días con los loteos de terrenos quemados en Carlos Paz.

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La iniciativa parlamentaria refuerza lo ya establecido en cuanto a no modificar el uso del suelo quemado, y agrega algo esencial para que esto pueda cumplirse: el poder de control a las asambleas ambientales, populares y de pueblos originarios, así como el poder de veto y resolución sobre el manejo de los suelos.

El proyecto apunta a un elemento central: ¿Quién controla el uso del suelo? Se trata de un planteo esencial para hacer frente a la crisis ambiental y darle una salida en función de los intereses populares. El proyecto es una herramienta para reforzar la lucha contra el gobierno de Juan Schiaretti, que viola las leyes para favorecer los negociados inmobiliarios y agrícolas ganaderos.

Son años de destrucción del ambiente, un verdadero ecocidio, que debe arrojar la conclusión de que deben ser las propias poblaciones afectadas las que tengan poder de veto para resguardar el ambiente, y capacidad de velar por la protección de lo que está quedando de bosque nativo.

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