Tras doce días consecutivos de fuego en las Sierras de Córdoba, con tres focos activos que siguen devorando miles de hectáreas, se cobraron ya dos vidas en el año y pusieron en riesgo a cientos de personas de los pueblos y caseríos afectados, se realizó una importante autoconvocatoria el viernes 2 de octubre que ganó las calles para denunciar la quema intencional del bosque nativo.

La acción tuvo epicentro en la capital cordobesa y en distintos puntos del interior, en los que confluimos sectores que venimos desde hace años denunciando a los gobiernos nacional y provincial por la profundización de una política depredatoria del ambiente. Junto a las asambleas con años en la lucha y otras nuevas que se vienen conformando, participaron organizaciones de corte internacional como Savemovement y Fridays for Future, entre otras. Desde la agrupación Tribuna Ambiental también fuimos parte de la iniciativa.

La actividad incluyó intervenciones artísticas, una radio abierta en la que se señaló la responsabilidad estatal y un corte de calle. Se denunció también la alarmante inoperancia y complicidad de quienes son responsables del Plan de Manejo del Fuego, en ese sentido la orden emitida por parte del jefe de bomberos de que ningún civil asista a la zona incandescente, busca liberar de responsabilidad de las dos muertes al propio gobernador Juan Schiaretti.

La emergencia ambiental de hoy es de larga data y claramente liga responsabilidades en todos los poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Los amparos, recursos judiciales y artilugios legales presentados por muchos sectores del activismo ambiental son cajoneados mientras el extractivismo, la especulación inmobiliaria y los negocios avanzan con voracidad. Esto devela una política depredatoria deliberada y sistemática del Estado.

Por ello, el proyecto presentado por el Frente de Izquierda introduce un elemento distintivo y central: el poder de veto y resolución de las asambleas ambientales, de las comunidades originarias, el control a manos de los verdaderos guardianes del ambiente. La lavada de cara que pretenden establecer los sectores afines al gobierno, ahora impulsando un proyecto de ley para prohibir el cambio de uso de suelo por 60 años, no tiene otra pretensión que correr el eje central de la discusión sobre quién controla sobre el uso de suelo. Esa función debe recaer en las asambleas, como lo planteamos en el proyecto presentado desde la banca del FIT de Soledad Díaz.

De forma anónima, se planteó que no se levantaran “banderas partidarias”, pretendiendo disimular las diferencias entre las organizaciones que denunciamos la responsabilidad estatal y aquellas leales al gobierno pejotista, que entran en contradicción con quienes trazaron una alianza electoral durante el 2019 y ahora gobiernan para los los intereses empresariales del lucro inmobiliario, minero y agropecuario tras los incendios intencionales.

La depredación capitalista ya no se tolera. Exige poner en pie un frente único de los que luchan, en todos los órdenes: municipales, provincial, nacional e internacional. Rechacemos cualquier maniobra que pretenda una modificación regresiva de la Ley de Bosques, vamos por el control asambleario del uso del suelo. La suspendida convocatoria nacional en defensa del agua dejó abierto un capítulo necesario de unión. En ese sentido, convocamos a adherir a la acción plurinacional por la vida y los territorios el día 11 de octubre.