Con la aprobación del Presupuesto 2023 en la Legislatura de Córdoba, Hacemos por Córdoba y Juntos por el Cambio impusieron un nuevo ajuste al ya exiguo presupuesto que destina la provincia en materia ambiental. El ajuste también se aplica a otras áreas sensibles como la de educación. En ese sentido hay una disminución del 13% en los programas de educación primaria en comparación con el presente año.

Según un informe elaborado por Investigadores del Observatorio de Trabajo, Economía y Sociedad (Otes) la ley de leyes prevé para el año próximo $2.538 millones destinados a “Saneamiento Ambiental”. Esto supone una reducción real del 3% respecto al corriente año, pasando de representar el 0,67% del presupuesto en 2022 a un 0,15% en 2023. Se consolidar así una tendencia decreciente que se arrastra a lo largo de la última década. Comparado a 2010 la reducción presupuestaria es del 66%.

El ajuste se concentra en uno de los puntos más críticos y sensibles de la provincia. En línea con lo antes señalado, en 2022 el Plan Provincial de Manejo del Fuego recibió un incremento del 50% respecto al año anterior, contra una inflación anual que escala al 100%. Las consecuencias están a la vista. Durante el pasado mes de noviembre el fuego arrasó con 12 mil hectáreas en el noroeste cordobés.

Sin datos oficiales, se estima que arriba de 40 mil hectáreas fueron afectadas por el fuego en lo que va del año, arrasando con bosques nativos, pastizales, incluso afectando parcialmente algunas zonas agroproductivas.

Los incendios se combinan con una sequía extrema lo que agravó la crisis hídrica en varios puntos de la provincia, afectando particularmente al valle de Punilla y Sierras Chicas. Con temperaturas máximas superiores a la media, localidades enteras se encuentran sin agua. Es el caso de Salsipuedes, donde los vecinos deben ser abastecidos con camiones hidrantes y bidones de agua.

Resulta evidente que el exiguo presupuesto destinado a “Saneamiento Ambiental” lejos está de poder reparar algo de las más de 400 mil hectáreas arrasadas por el fuego en los últimos tres años, y sus consecuencias. Muchos menos alcanzan para implementar un plan de saneamiento real en zonas urbanas afectadas por la contaminación industrial o basurales, donde hoy proliferan asentamientos precarios y barrios populares. Más atento a que se trata de recursos compartidos con la gestión de residuos sólidos urbanos, uno de los grandes problemas de contaminación que enfrenta la provincia.

Organizar la lucha

El ajuste presupuestario en materia ambiental es la expresión más cabal de una política que ha subordinado los recursos naturales de la provincia a los intereses del agro, los especuladores inmobiliarios y las empresas de biocombustible. En esta línea es que debe leerse la falta de recursos para prevenir y combatir los incendios forestales, la ausencia de políticas para revertir la crisis hídrica, como así también los millones que se destinan en la construcción de las autovías de montaña, fuertemente cuestionadas por vecinos y organizaciones ambientales.

Se trata de una orientación nacional que echa mano a los recursos naturales para pagar la deuda usuraria al FMI, hipotecando nuestro presente y futuro.

Es necesario que las organizaciones sociales, de vecinos y ambientales, que vienen resistiendo en los diferentes territorios contra el avance de estas políticas extractivistas, de saqueo ambiental y contaminación, organicen una respuesta unificada contra el gobierno provincial, que ya ha fijado una hoja de ruta clara para 2023.