Este miércoles 18 de noviembre con el consenso de los bloques de Hacemos por Córdoba (PJ), Cambiemos (UCR y PRO), Encuentro Vecinal Córdoba y la Coalición Cívica ARI se aprobó en la Legislatura de Córdoba la Ley que “Declara de interés Provincial la Promoción y Desarrollo para la Producción y Consumo de Biocombustibles y Bioenergía.”

El proyecto desde hace tiempo era anunciado por el gobierno de Juan Schiaretti y fue el resultado de reiteradas reuniones con representantes de la Cámara de Industrializadores de Granos y Productores de Biocombustible en Origen (CIGBO) y de la Cámara Empresaria de Bioetanol de Maíz (Bio Maíz). Cumpliendo con el compromiso de presentar la ley antes de fin de año, hace solo dos semanas el proyecto fue enviado por el ejecutivo a la Legislatura provincial y en un tratamiento exprés en las comisiones de Ambiente, Industria y Legislación General, que se reunieron de manera conjunta, obtuvo despacho de mayoría para su aprobación este miércoles.

Desfilaron como expositores a favor del proyecto el Ministro de Industria, Comercio y Minería, Eduardo Acastello; de Servicios Públicos, Fabián López; de Agricultura y Ganadería, Sergio Busso; y de Ciencia y Tecnología, Pablo Javier de Chiara. También representantes del arco agroindustrial de la provincia, entre ellos José Porta Hnos; Germán Di Bella de BIO4; Benjamín Buteler de CAPEC y Juan Carlos Martínez de ACA. A su vez buscaron darle respaldo académico y científico con la participación del Decano de la Facultad de Agronomía, Marcelo Cornero y Pablo Recabarren de la Facultad de Ciencias Exactas. Todas las intervenciones pretendieron teñir de verde la iniciativa señalando que se trata de una “Ley marco” para comenzar un proceso de reconversión en materia de combustibles a partir de una alternativa ecológica.

Bajo la fachada de una alternativa ecológica, otro negocio a costa del ambiente

Como ocurrió en el pasado con la Ley de Buenas Prácticas Agropecuarias, la Ley Agroforestal y las emergencias agropecuarias, bajo el ropaje de iniciativas ambientales se encubren grandes beneficios al sector agroindustrial de la provincia. Muy lejos de ser una alternativa ecológica, esta nueva ley configura el marco legal para colocar todos los recursos del Estado al servicio de garantizar un negocio para pocos.

El articulado de la ley es un compendio de beneficios, exenciones impositivas y subsidios a la producción de biocombustibles. Pero como si hiciera falta, para no dejar lugar a dudas de la sumisión de todo el arco político patronal al lobby sojero y maicero de la provincia, también dejó establecido una partida presupuestaria especial con objeto de respaldar económicamente la ejecución de acciones y programas que favorezcan la producción. Además, el proyecto insta a fortalecer la investigación científica, la innovación  tecnológica y social, y las acciones de transferencia  de conocimiento y tecnología a los sectores privados; destinando incluso líneas prioritarias de financiamiento. Es decir que no solo se trata de colocar el presupuesto al servicio de los negocios de privados, sino también la educación, la ciencia y el desarrollo tecnológico.

Pero yendo al carácter ambiental que todos los representantes de los bloques patronales prendieron imprimirle a la iniciativa, paradójicamente la ley carece de todo planteo de preservación del ambiente. En efecto, no determina los estándares ambientales que se requerirán para la producción, tampoco establece una sola medida de control de impacto ambiental, mucho menos requerimiento alguno de licencia social ni de audiencias públicas previas y vinculantes, omitiendo los riesgos de accidentes y explosiones que incluso han provocado muertes de trabajadores en destilerías ubicadas en otros puntos del país como recientemente en Santiago del Estero, asimismo en la planta de Acabio en Villa María. Es de señalar que en la ciudad de Córdoba radica la principal etanolera del país, Porta Hnos. sobre la que pesan numerosas denuncias judiciales de vecinos por la contaminación generada sin que la justicia adicta al gobierno le haya tocado jamás un pelo.

Lo cierto es que la producción de biocombustibles fomentará los desmontes y  la expansión de la frontera agraria, colocando cada vez en menos manos grandes proporciones de tierra destinadas a la producción de los insumos que demande la producción. Es una política criminal en una provincia donde solo en los últimos meses se quemaron más de 350 mil hectáreas a causa de incendios intencionales precisamente ligados a la especulación inmobiliaria y el agronegocio.

Además, los principales insumos de esta producción, el maíz y la soja, forman parte de los paquetes tecnológicos transgénicos contaminantes del ambiente. Un reciente estudio de agua potable en Marcos Juárez, localidad destacada por tener los mayores rindes de producción de maíz y soja, comprobó la presencia de siete tipos de agrotóxicos en agua. Todo sin contar que Córdoba es una provincia en emergencia hídrica y se estima que se destinarán más de 2.500 de litros de agua por cada metro cúbico de biocombustible producido.

Entre las consecuencias socioeconómicas destacamos que el monocultivo y el acaparamiento de la tierra siempre tienen como resultado el encarecimiento de los alimentos lo cual redundara en un nuevo ataque a los trabajadores que en promedio perciben ingresos por debajo de la línea de la pobreza. Por último, es falso que se generen puestos de trabajo genuino, toda vez que el acaparamiento de la tierra ha llevado sistemáticamente a la expulsión de poblaciones originarias, y la experiencia de la reconversión en la provincia de Tucumán ha dejado al desnudo su total fracaso, la flexibilización de los convenios colectivos de trabajo, la tercerización y despidos en los ingenios.

Un negocio no tan redondo

El entusiasmo con que la burguesía local sin grieta alguna da rienda suelta a los incentivos para fomentar una veta de ganancia capitalista, incluso garantizando un mercado interno a partir de la flota de transporte público de pasajeros, choca de lleno con la crisis capitalista y el proceso de recesión mundial en curso. Esto es así porque el centro del negocio está ligado a las exportaciones y de hecho por estas horas se llevan adelante tratativas para la exportación de 50.000 metros cúbicos de biocombustibles a Brasil.

El gobierno de Schiaretti se inscribe en la misma línea de primarización de la economía que lleva adelante Alberto Fernández con el acuerdo porcino con China, el trigo transgénico y las mineras. Por eso cuenta con el guiño del gobierno nacional que como señal de aprobación aumentó un 10% el precio del corte de biocombustible, se trata de capturar dólares para el pago de la deuda externa fraudulenta. La disputa en relación al corte, sin duda dejará a los trabajadores a merced de las presiones del lobby petrolero y los sectores agroindustriales en escenarios de naftazos constantes.

Luchemos contra este régimen de depredadores del ambiente

Desde la banca del Frente de Izquierda votamos contra esta ley que pretende transformar a la provincia en una zona de sacrificio ambiental tras un maquillaje ambientalista. Se trata de un proyecto meramente extractivista para beneficio del lobby maicero y etanolero, y la profundización del agronegocio. Junto a Tribuna Ambiental nos reunimos con activistas, académicos, científicos y asambleas ambientales de la provincia para darle un curso de acción a la lucha, emitimos un documento político y estamos juntando cientos de firmas y pronunciamientos de rechazo. Una vez más tiene vigencia la lucha por el control del uso y el destino de los suelos, para colocarlos al servicio de las mayorías trabajadoras y no de los negocios capitalistas. Llamamos a ganar las calles y organizarnos en un frente único de lucha contra este régimen de depredadores del ambiente.

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