Ambiente

23/10/2020

La promoción de los biocombustibles en la Córdoba humeante

Mientras los incendios arrasan las sierras de la provincia, el gobernador cordobés pretende redoblar una política de incentivos a los biocombustibles, Legislatura mediante. Es una orientación extractivista que dista del mote de sustentable con que la promueve.

Durante una reunión de trabajo con los representantes cordobeses en la Cámara de Industrializadores de Granos y Productores de Biocombustible en Origen (CIGBO) y de la Cámara Empresaria de Bioetanol de Maíz (Bio Maíz), el Juan Schiaretti anunció que antes de fin de año impulsará la sanción de una ley provincial de biocombustibles, el uso de éstos en los transportes de carga y de pasajeros, y en la flota oficial de vehículos, propiciando y facilitando la instalación en Córdoba de nuevas plantas que transformen biomasa en bioenergía.

A pedido del gobernador, el ministro de Industria, Comercio y Minería, Eduardo Accastello, junto al embajador de Argentina en Brasil, Daniel Scioli, llevan adelante tratativas para exportar 50.000 metros cúbicos de bioetanol de maíz al país vecino. ¿En qué puede redundar esto? Acabio, la etanolera más grande del país, radicada en Villa María, exportó en diciembre y enero últimos unos 8.000 metros cúbicos a Brasil y Chile, y recientemente concretó la primera exportación de bioetanol base maíz hacia el viejo continente, pero su planta sufrió un incendio importante en sus instalaciones a principio de mes. Es más que un presagio.

Los vecinos del barrio San Antonio de la capital cordobesa vienen librando una larga pulseada judicial por la contaminación generada por la destilería Porta Hermanos. La planta se puso en funcionamiento incumpliendo las leyes de ambiente y las reglamentaciones de uso del suelo, según denuncian los vecinos organizados en Vudas. Alertan que este tipo de fábricas son potenciales amenazas de estallidos el estilo Beirut.

La intencionalidad de los incendios del monte cordobés, como práctica de deforestación, hay que comprenderla como un eslabón más en la cadena de puesta en valor de granos y cereales. La expansión de la frontera agrícola a partir del cambio de uso de suelo pretende ser ocultada demorando los relevamientos y mapeos del ordenamiento territorial. La meta de productividad trazada por el sector y el gobierno implica aumentar las zonas de cultivo para el abastecimiento de materia prima necesaria.

Denunciamos el entramado de concesiones que aceleran esta producción extractivista. Aquí radica una de las fuentes de ingreso de dólares que requiere Schiaretti para pagar la descomunal deuda provincial, mayoritariamente adquirida en moneda extranjera.

El guiño del gobierno nacional no se hizo esperar. Hace unos días se cerró un acuerdo de aumento del 10% en el precio de los biocombustibles, de corte obligatorio. El secretario de energía de la nación Darío Martínez, expresó que “la actualización del precio marca el rumbo que queremos dar”. Esto repercutió luego en el precio del surtidor, ya que el gobierno viene aplicando naftazos todos los meses. De todas maneras, las cámaras del sector presionan al menos por otra suba de la misma magnitud.

Al mismo tiempo, la Liga de biocombustibles se encuentra desplegando un fuerte lobby en función de que se incremente el porcentaje de corte de los combustibles, que hoy son del 10% en naftas y 12% en gas oil. Los pulpos petroleros, sin embargo, presionan en la dirección contraria.

No es sustentable el saqueo de recursos estratégicos y el confinamiento a los habitantes a zonas de sacrificio. Urge un programa transicional de producción de materia y energía, partiendo del poder de veto y control de las asambleas populares, ambientales y comunidades de pueblos originarios.

Es necesario que unifiquemos las luchas ambientales atomizadas y opongamos un programa de salida. Toda la legislación proteccionista vigente no ha garantizado el control del uso y destino del suelo, porque deja su efectivización en manos del mismo Estado que promueve los agronegocios y la especulación inmobiliaria. El camino es la organización independiente de la población trabajadora.