Ambiente

21/8/2025

CÓRDOBA

Cruz del Eje: Llaryora promueve un basurero regional

Mientras el oficialismo radical lo apoya firmemente, los vecinos lo rechazan porque representa un riesgo contaminante inminente para los pobladores.

Vecinos de Cruz del Eje rechazan el basurero.

En la localidad de Cruz del Eje, departamento del noroeste cordobés, se levanta una fuerte polémica por el proyecto del gobierno provincial de Martin Llaryora, que intenta por tercera vez convertir a la ciudad en basurero regional.

La iniciativa cuenta con todo el apoyo del intendente de Cruz del Eje, Renato Raschetti, de Juntos por el Cambio. Esto quedó claro a principios de agosto, cuando el oficialismo de la ciudad presentó un proyecto de ordenanza denominado “Acuerdo de cesión de uso y administración del vertedero de residuos sólidos urbanos Pozo Cavado”, fuertemente cuestionado por incumplir la Carta Orgánica Municipal y por ignorar un dictamen del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (mayo 2025), que establece normas ambientales y de contratación de empresas.

Los vecinos de la ciudad y alrededores, que vienen organizándose desde el 2020, se manifestaron públicamente para impedirlo, participando en las sesiones del Concejo Deliberante, a través de las redes sociales, en diferentes reuniones; y solicitando informes a la Municipalidad de la ciudad, entre ellos sobre la empresa Imacor, actual concesionaria de la gestión de residuos. También denuncian que camiones provenientes de El Brete depositan desechos en el viejo basural de la Panamericana, clausurado desde la habilitación del vertedero municipal. Sumado a que en Villa de Soto se está enterrando basura y que al menos otros dos municipios trasladan sus residuos a Cruz del Eje de manera formal o informal.

El proyecto de Llaryora consiste en traer la basura de otras localidades, a través de un acuerdo con la Comunidad Regional conformada por diferentes miembros de otras localidades, pero ninguno representando a Cruz del Eje. En el convenio firmado el gobierno le cede el poder y la administración del vertedero de Pozo Cavado que se encuentra a 5 kilómetros de diferentes barrios de Cruz del Eje (B° La Rinconada, B° La Curva y B° San Antonio), lo que representa un riesgo contaminante inminente para los habitantes de Cruz del Eje.

De este modo, el gobierno de la provincia desconoce el art. 41 de la Constitución Nacional y los presupuestos mínimos que rigen la Ley ambiental 25.675, en relación a la consulta de todos los involucrados (art. 1) y considerando el estudio de impacto ambiental para cualquier gestión (art. 8).

Se apresuran en firmar un acuerdo que públicamente promete puestos laborales y un ecoparque, mientras Cruz del Eje no reúne condiciones para el tratamiento de los residuos que se generan en la propia localidad, donde conviven y están naturalizados diferentes basurales a cielo abierto en los barrios más poblados y periféricos.

Sin lugar a dudas, las políticas del PJ y de los sectores radicales alineados a Javier Milei, lejos de ser opositoras, se unen en los negociados que brotan en diferentes lugares de la provincia a costa de sus habitantes. Y en este caso a riesgo de contaminar toda una localidad.

La crisis, que combina intereses políticos, empresariales y ambientales, reaviva la preocupación de que Cruz del Eje sea reconocida no solo como “la ciudad de los presos”, sino también como “la ciudad de la basura”. Los vecinos demandan un ordenamiento territorial, con estudios de impacto ambiental actualizados, audiencias públicas y consulta popular. Se trata de un reclamo que avanzará sobre la base de la independencia política de quienes gobiernan y de la movilización popular.

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