Desde 2009, el 22 de julio se considera el día mundial contra la minería a cielo abierto. La fecha proviene de la lucha contra la explotación de la minera canadiense San Xavier en el Cerro de San Pedro, en San Luis de Potosí, México.

En las últimas décadas la lucha contra la megaminería en nuestro país y en Latinoamérica fue creciendo de manera proporcional al intento de los gobiernos de promoverla. En Argentina la experiencia acumulada en la provincia de San Juan con la Barrick Gold o en Catamarca con La Alumbrera demuestran la falsedad de las promesas de las mineras acerca de que generarían un desarrollo local que mejoraría la situación de los pueblos. Las provincias mineras siguen siendo igual de pobres, pero con enormes pasivos ambientales que afectan la calidad de vida de la población y perjudican otra ramas productivas como la agricultura.

Alberto Fernández ya había elogiado el “modelo sanjuanino” en su campaña electoral y luego puso a un agente de la Barrick en la Secretaría de Minería, desde donde desenvuelve un papel de lobbista de las compañías multinacionales. En su participación en la Cumbre de Líderes por el Cambio Climático, el presidente buscó tentar a empresas para la explotación del litio en el norte del país con el discurso de favorecer la transición a energías limpias, pero lo cierto es que la renta se la llevan capitales chinos o de las grandes automotrices como (Toyota en Jujuy o BMW en Salta y Catamarca) que extraen la materia prima dejando costos ambientales. El diputado salteño del Partido Obrero, Claudio Del Plá, denunció esto en la Legislatura al cuestionar que “Argentina se integra a la producción de litio como país bananero”.

Al igual que lo fue durante los años ‘90 con el complejo sojero, la megaminería se asienta sobre una estructura de promoción estatal creada para tal fin. Eso explica la injerencia de estas multinacionales en ciertos espacios locales y regionales para conseguir así el visto bueno de la sociedad para desarrollar sus negocios. El financiamiento de La Alumbrera a las universidades, o la construcción de escuelas y clubes en los pueblos, solo son algunos ejemplos. Esto alimenta los lobbies entre las empresas mineras y los funcionarios municipales, provinciales y nacionales. Es un vuelto, a juzgar por las penosas regalías del 3% fijadas desde el menemismo y la rebaja de las retenciones a la exportación que dictó el gobierno el año pasado.

Estos “aportes” se complementan con el aparato represivo allí donde la población resiste el desembarco de la minería contaminante. Las patotas parapoliciales de las empresas ejercen aprietes para amedrentar a las asambleas y activistas, y cuando se desarrollan procesos de movilización popular como en Chubut y Catamarca el Estado, a través de la Justicia y la policía, persigue y detiene arbitrariamente a los luchadores.

Sin embargo, las luchas del último tiempo dejan en claro que no existe la aprobación social para desarrollar la megaminería a cielo abierto. A la rebelión mendocina que a principios de 2020 obligó al gobernador Rodolfo Suárez y la Legislatura a dar marcha atrás en la “ley cianuro”, le siguieron las masivas movilizaciones en Chubut contra la zonificación promovida por Mariano Arcioni con respaldo presidencial, luego el pueblo catamarqueño de Andalgalá copó las calles contra la actividad de la Yamana Gold, mientras en Jáchal sigue la lucha de los sanjuaninos contra los derrames de la Barrick en Veladero .

Ese es el camino que hay que reforzar para tirar abajo el régimen de depredación ambiental de todos los que hundieron al país en la miseria durante las últimas décadas. ¡No a la megaminería contaminante!

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