El avance de los incendios en Corrientes aparece incontenible. La cantidad de hectáreas quemadas supera ampliamente las 500.000, aumentando unas 20.000 hectáreas diarias. Las pérdidas de ganado llegan a las 70.000 cabezas, según Coninagro. Hay 4 focos totalmente fuera de control, afectando especialmente a los Esteros del Iberá. La fauna de los esteros está seriamente amenazada. En diferentes zonas de la provincia la población fue evacuada, por el avance del fuego.

Las causas de los incendios están a la vista. Por un lado, la sequía histórica que asola a la provincia como a toda la región del noreste. La sequía comenzó en noviembre y los incendios en diciembre. La media de lluvias en esta época es de 200 milímetros, pero este año no alcanzan ni a 20 mm. Las altísimas temperaturas de todo enero alimentaron el avance del fuego. El cambio de régimen hídrico con sequías prolongadas y luego inundaciones es uno de los fenómenos mas claros asociados al calentamiento global.

Por otro lado, los incendios tienen un alto componente intencional. Según el Jefe de operaciones de Defensa Civil de la provincia, entre el 90 y el 98% de los focos son intencionales. Las quemas apuntan a eliminar pastizales, habilitar nuevas áreas de explotación ganadera, a la quema de basura u otros fines. La combinación entre estas quemas intencionales y el cuadro de sequía está provocando la enorme crisis actual.

En tercer lugar, este cuadro de quemas intencionales se produce en una provincia en la cual se ha avanzado fuertemente sobre los humedales y esteros. El cultivo de pino, arrasando con el monte nativo, el avance sobre los humedales mediante el cultivo de arroz, el mismo pino o la ganadería fueron alterando fuertemente el paisaje. La provincia de Corrientes, y especialmente sus grandes productores rurales se opusieron fuertemente a la sanción de la Ley de Humedales.

Estos intereses sociales son los que están detrás de las quemas, por un lado, y del avance sobre los humedales, por el otro. Pero son ellos mismos los primeros en ser reconocidos por el estado como damnificados, reclamando líneas de crédito e indemnizaciones por las pérdidas de la producción.

Por último, tenemos que poner en la balanza la inacción del gobierno nacional y provincial. Es que en un cuadro de sequía que se arrastra hace tres meses y de incendios que fueron creciendo, la respuesta fue tardía e insuficiente. El abandono del Estado a poblaciones enteras, la falta de recursos para enfrentar el fuego, la precariedad de los bomberos y brigadistas, son, como siempre, la norma. El despliegue actual, de varias provincias enviando ayuda, se produce cuando el fuego está fuera de control.

Es preciso tomar medidas de emergencia y volcar todos los recursos del estado nacional a contribuir a controlar el fuego para mitigar el desastre. El resarcimiento debe concentrarse en primer lugar en las familias que han perdido su vivienda única. Pero además, la emergencia actual debe alertar sobre la necesidad de un cambio de rumbo. El cese de las quemas intencionales y la protección y reparación de los esteros, lagunas y humedales no puede esperar. La sanción de la Ley de Humedales es un paso en esa dirección.

Pero, de fondo, esta transformación es incompatible con un régimen de propiedad concentrada capitalista de la tierra como el que mantiene la provincia de Corrientes. La tierra debe ser puesta bajo control social (de campesinos y trabajadores) para poder garantizar su recuperación y terminar con la depredación capitalista del ambiente.

 

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