El gobierno dio por tierra la última chance para tratar la Ley de Humedales, dejándola fuera también de las sesiones extraordinarias de febrero del Congreso. Desde el Frente de Izquierda y organizaciones ambientalistas denunciamos que la ley perdía estado parlamentario desde el mes de noviembre, con la finalización de las sesiones ordinarias y que seguía cajoneada por los bloques mayoritarios. Por esa fecha, la Multisectorial Humedales envió una carta a Alberto Fernández para que el tema sea incluido en las extraordinarias de diciembre, pero no hubo caso. Sí fue incorporada en cambio la ley de fomento a la agroindustria gestada con las cámaras empresariales del agro para incentivar las exportaciones; es decir beneficios precisamente para quienes avanza sobre los humedades. El gobierno profundiza su orientación extractivista para pagar la deuda al FMI.

Cuidar el planeta duró un spot electoral

Durante las elecciones fuimos testigos de “la campaña del sí” del Frente de Todos, con un spot que planteaba la “urgencia” de la ley de humedales. Sin embargo el proyecto quedó durmiendo en los cajones de la Comisión de Agricultura, gracias al lobby corporativo y la complicidad del gobierno.

Mientras tanto, en 2022 siguen activos los incendios en distintos puntos del país, como en el Delta del Paraná, importantísimo corredor biogeográfico con presencia de humedales que cumplen funciones ecológicas elementales y donde conviven especies de todo tipo.

No es solo el sector del agronegocio o el de la ganadería intensiva quienes la bloquean. También lo hacen capitales locales y extranjeros de la minería a cielo abierto, que avanza en las provincias del noroeste argentino con la explotación del litio y desarrolladores inmobiliarios con megaproyectos urbanísticos.

En nuestro país los humedales representan alrededor del 21% de su superficie y son claves para la vida y la regulación del clima, siendo el agua el elemento más importante, y aportando un conjunto de bienes y servicios ecosistémicos. Absorben dióxido de carbono mitigando las consecuencias del cambio climático, filtran contaminantes, retienen excedentes hídricos (funcionando como verdaderas esponjas, evitando inundaciones y atenuando épocas de sequía) y alimentan acuíferos. Además, albergan una biodiversidad muy amplia y son territorios de gran oferta productiva donde pueden realizarse actividades económicas y recreativas, y no por eso atentar contra su funcionamiento y reproducción.

Si bien actualmente son considerados de importancia internacional en el marco de la Convención de Humedales, constituyéndose como “sitios Ramsar”, históricamente fueron concebidos como lugares marginales y de baja productividad. Esto ha dado lugar a que, por ejemplo, el capital inmobiliario obtenga suelos en humedales a precios muy bajos, los transforme mediante sofisticadas obras de desecamiento, relleno, polderizaciones, canalizaciones -destruyendo sus características principales- y los venda luego como una oferta natural y paisajística exclusiva con lagunas artificiales para los sectores más ricos a precios carísimos. Este es el caso de las urbanizaciones como Nordelta o muchos emprendimientos que se extienden desde hace años en la cuenca del Río Luján y el resto de Buenos Aires sin ningún control, impidiendo luego el normal escurrimiento de las aguas, agravando las inundaciones.

Ese es un patrón que sigue repitiéndose en distintos puntos del país, pese al tratado al que suscribe Argentina que la compromete a conservar y hacer un uso racional de los humedales. Sin ir más lejos, el año pasado la laguna de Mar Chiquita, única en su tipo y declarada reserva de biosfera por la Unesco, tomó relevancia debido a que el Concejo Deliberante local aprobó una ordenanza enviada por el intendente Jorge Paredi (del Frente de Todos) rezonificando el área para habilitar la construcción del country “Lagos del Mar”. Desde hace años lxs vecinxs vienen movilizándose, pidiendo respuestas al gobierno de Kicillof y presentando recursos en la justicia para impedir el avance de este emprendimiento (como denuncia la cuenta de Facebook “S.O.S. Marchiquita”, 17/12/21).

Otro ejemplo reciente es el de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene un largo historial de remate de tierras públicas y guiños al capital inmobiliario. Mientras miles de personas carecen de acceso a los servicios más básicos, incluida la vivienda, se negocian torres de lujo en el único humedal que hay en el distrito, de la empresa IRSA de Eduardo Elsztain. Pese a que a fines del 2021 en una audiencia pública centeneras de porteñxs se expresaron en contra, el gobierno de Larreta junto con aliados de la oposición aprobó en la Legislatura la modificación de normas urbanísticas que buscan transformar la ex Ciudad deportiva de Boca Juniors en un espacio de lujo denominado “Costa Urbana”. El proyecto en las tierras que se ubican al sur de la reserva ecológica y lindantes a la villa Rodrigo Bueno contempla la construcción de torres, hoteles, oficinas, centros comerciales y canales de agua, entre otras cosas. Además de generar un gran impacto ambiental, el emprendimiento elevaría el valor de la vivienda en la ciudad, profundizando la crisis habitacional y los procesos de gentrificación.

Junto con la expansión de las urbanizaciones cerradas, la pérdida de humedales es provocada por la gran presión que ejerce el sector agropecuario para la producción de commodities. Esto es muy visible en el Delta del Paraná, donde se ha extendido la frontera del cultivo de soja y se lleva a cabo la sobreexplotación de ganado en las islas. Con ese objetivo se han multiplicado a niveles alarmantes los incendios intencionales con quema de pastizales, favorecidos además por las altas temperaturas, la escasez de lluvias y la bajante del Paraná. En menos de dos años, el fuego consumió cerca de un millón de hectáreas, número que representa casi un 40% del humedal del Delta (Agencia Tierra Viva, 10/1/22). Las consecuencias no son solo ambientales, el fuego amenaza viviendas locales y las cenizas provocan gran daño en la salud de los habitantes, además de contaminar aguas, perjudicando la pesca de pequeños productores.

Las quemas intencionales para hacer negocios agropecuarios, forestales o inmobiliarios ocurren en todo el país, extendidos también por las altas temperaturas, llegando a fines de diciembre del 2021 con once provincias de focos activos. El fuego no solo arrasa con los humedales sino también con extensas áreas de bosques, como ocurre en la Patagonia ante los ojos de gobiernos locales, provinciales y nacional. La falta de recursos y presupuesto, producto del ajuste que en área ejecuta el ministro de ambiente Juan Cabandié, pintan de cuerpo entero la atención que se deposita en el cuidado del ambiente.

Con el FMI viene más extractivismo y depredación ambiental

La protección de los humedales requiere de poner un freno a los negociados inmobiliarios inmobiliarios, agropecuarios y también mineros que trastocan estos ecosistemas y que hoy en día se expanden por el territorio argentino configurando enormes zonas de sacrificio y perjudicando el ambiente. Pero en los planes del gobierno las exportaciones agrarias y las divisas obtenidas también por la explotación masiva de recursos naturales constituyen unas de las garantías de pago para el FMI. Quienes nos gobiernan actúan en sociedad con lxs que llevan adelante estas actividades, no sorprende, entonces, que nuevamente sepulten la Ley de Humedales.

Por estas horas el gobierno cerró el acuerdo con el Fondo, presentado por el ministro de economía Martín Guzmán y el presidente Alberto Fernández como un pacto de confianza que permitirá el crecimiento… ¿pero para quién? Además de implicar un ajuste enorme para la población y un monitoreo trimestral por parte del organismo, el acuerdo implicará la profundización de las actividades extractivas y la devastación del territorio, siendo la sociedad quien paga los costos ambientales y sociales de la apropiación de los recursos naturales y culturales. Es el esquema que en las últimas semanas, en medio del debate por las petroleras en el mar argentino (defendidas a capa y espada por el gobierno nacional), nos presentan como el único viable para sostener la economía y generar desarrollo pero que desde hace décadas se repite, no solo en Argentina sino en toda América Latina, sometiendo a la población a la miseria y a consecuencias ambientales irreversibles.

Los proyectos presentados en 2020 para la protección de humedales por los distintos bloques políticos resultaron finalmente en uno unificado, y su sanción fue exigida por grandes movilizaciones populares, particularmente en Rosario, en medio de la repercusión que tomaron los incendios que se extendían en todo el país.

El bloqueo que logró imponer una vez más el lobby empresarial, con la complicidad del oficialismo y la oposición, debe llevar a doblegar las acciones y movilizaciones en todo el país, en defensa de los humedales y por el tratamiento y sanción definitiva de la ley. Esta no debe ser solo un mapa o inventario, sino que debe comprender su protección y fundamentalmente la relación de estos ecosistemas con los territorios que los rodean, e incluir la participación de la sociedad en la conservación. En este sentido, el proyecto presentado por el FIT en 2020 contemplaba la prohibición de quemas y cambios en los usos del suelo, además de la creación de consejos autónomos con la participación de la población y especialistas en el tema, con derecho a veto sobre las decisiones que se tomen en torno a los humedales.

Si bien una ley en sí misma no resolverá los problemas a los que asistimos en materia ambiental, ni siquiera todos los que atañen específicamente a los humedales, su conquista sería un avance importante impulsado desde cientos de organizaciones, activistas y vecinxs que luchan por la defensa de estos espacios.

Como el “Chubutazo” y el “Atlanticazo”, enormes movilizaciones y asambleas en defensa del ambiente y contra el saqueo crecen con fuerza en el país. El 2022 nos espera con grandes luchas, contra el pacto social con el FMI, por la protección del ambiente y por el triunfo de las demandas populares.

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