Ambiente
6/9/2025
El gobierno avanza con la privatización de AySA, pero nos organizamos para impedirla
Desde Tribuna Ambiental nos sumamos a impulsar la “Campaña contra la privatización de AySA“.
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Concentración en el Palacio del Agua, CABA.
El gobierno nacional avanza hacia la reprivatización de Agua y Saneamientos Argentinos S. A. (AySA), empresa que provee el servicio a la Ciudad de Buenos Aires y 26 partidos aledaños. Hace 30 años se privatizó argumentando la necesidad de reducir el déficit y siguiendo las indicaciones del FMI, y ahora se reitera con el mismo objetivo.
Desde la “Campaña contra la privatización de AySA“ nos estamos organizando contra eso. Ya hemos realizado un acto de protesta en la puerta del Palacio de Aguas en la calle Córdoba de CABA y redactado una declaración explicativa y de repudio que está a disposición en redes, para que sumen sus firmas los diversos actores sociales comprometidos con la defensa del derecho al agua y el salud.
Algo de historia de las gestiones de la empresa
Durante 100 años Obras Sanitarias de la Nación (OSN) brindó el servicio a las principales ciudades del país hasta que en 1980 la dictadura transfirió la actividad a las provincias. Así las cosas, la empresa continuó con la cobertura solamente en la Región Metropolitana de Buenos Aires (RMBA).
Durante el menemato la empresa se privatizó y cambió su nombre por Aguas Argentinas S.A. (consorcio liderado, en ese momento, por Suez Lyonnaise des Eaux-Dumez de Francia y el grupo local Soldati). Por su parte, la burocracia sindical facilitó el despido de la mitad del personal a cambio del 10% de las acciones. La empresa aplicó tarifazos, cortes de servicio y desinversión, tanto en el tratamiento como en la conducción de agua potable y depuración de efluentes cloacales.
Como consecuencia de la rebelión popular que inició en 2001 se sucedieron numerosos reclamos de los usuarios y luchas comunitarias que obligaron al gobierno de Néstor Kirchner a recuperar el 90 por ciento de la empresa por medio del decreto 304/2006. Sin embargo, constituyó a la empresa como sociedad anónima, dejando la puerta abierta a una posterior privatización.
A pesar de los incumplimientos y de haber adquirido una renta extraordinaria, la empresa Suez inició un juicio en el Ciadi, el tribunal arbitral dependiente del Banco Mundial, que falló a su favor. Un informe elaborado por Flacso calculó que los accionistas de Aguas Argentinas percibieron una rentabilidad del 19,1% sobre el patrimonio neto entre 1994 y el 2000. No obstante, el gobierno de los Kirchner pagó a estos vaciadores de Suez 400 millones de dólares.
Durante la gestión estatal y gracias a la lucha de los movimientos territoriales se logró ampliar la cobertura, pero según el último Censo el 24,8% de los hogares del conurbano bonaerense carece de agua para beber y cocinar por red pública, y el 42,2% no posee desagüe de aguas grises a la red cloacal.
Esto se agravó por el ajuste de los distintos gobiernos, ya antes de la asunción de Milei. Según los datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso, en todo el 2022 la inversión pública en agua potable y alcantarillado cayó 54,7% real en términos interanuales. Las transferencias de capital destinadas a Aysa, a cargo de Malena Galmarini, cayeron en $118.032 millones entre 2021 y 2022. La presidenta cambió la cartera de proveedores de los insumos básicos para favorecer a empresarios afines al massismo.
Cabe aclarar que como las aguas de Río de la Plata están cada vez más contaminadas se requieren más reactivos para su potabilización y estos productos químicos forman parte de los principales gastos corrientes. Estas compras fueron objeto de una presentación judicial que involucraba al directorio y a la empresa Transclor por parte de la Coalición Cívica. A su vez la empresa interrumpió monitoreos de agua de los afluentes al Río de la Plata, su fuente principal de provisión, cabe aclarar que estos instrumentos permitían detectar vuelcos clandestinos o fuera de norma.
Ingreso de Mekorot de la mano de Wado de Pedro y la gestión massista de Galmarini
Wado de Pedro e Ignacio Lamothe (titular del CFI) fueron impulsores de la firma de acuerdos coloniales y secretos entre las provincias y Mekorot (empresa estatal de aguas de Israel) entre 2022 y 2023. Esta empresa ha absorbido la información y tecnología que los institutos especializados y las direcciones provinciales de recursos hídricos han acopiado durante décadas para realizar planes de gestión del agua. De esta forma los planes quedan orientados definitivamente a satisfacer las necesidades del extractivismo (minería, petróleo, agroganadería y urbanismo de elite) en perjuicio de los habitantes y pequeños productores, especialmente en zonas de estrés hídrico.
En la zona de cobertura de AySA se le da pronta habilitación a los barrios realizados por los grandes inversores inmobiliarios, ejemplo de esto fue el desarrollo residencial y comercial llamado Ramblas del Plata, impulsado por la empresa IRSA (de Elsztain) en la ex Ciudad Deportiva de Boca, ubicada en el barrio porteño de La Boca.
A su vez, tras el anuncio de la privatización se develó que AySA tiene un contrato de asesoría desde noviembre de 2024 con Mekorot, denunciada internacionalmente desde hace años por robarle el agua al pueblo palestino, por apartheid, y por convertir el agua en un arma de exterminio.
Directivos de Mekorot aseguran que no tienen inconveniente en continuar asesorando luego de la privatización. De esta manera, el AMBA se suma a las 10 provincias que desde 2022 tienen acuerdos con esta empresa cómplice del genocidio en Palestina.
Gestión actual
Las gestiones del gobierno para privatizar el servicio público de agua son posibles gracias al favor de la oposición política patronal, incluido el peronismo, que garantizaron los votos en el Congreso de la Nación para la sanción de la Ley Bases, allanando el camino para la venta total o parcial de Aysa, Enarsa, Intercargo, Belgrano Cargas, Trenes Argentinos (Sofse), Corredores Viales, Nucleoeléctrica Argentina (NASA) y Yacimientos Carboníferos Río Turbio.
A partir del DNU 70/23, las obras se paralizaron, cerraron oficinas de atención al público, aumentaron casi 400 % las tarifas, se quitaron subsidios, se redujo el personal, se eliminaron los programas cooperativistas que trabajaron en la expansión de la cobertura en los barrios populares, se disolvió el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENHOSA) a cargo del financiamiento, planeamiento, control y ejecución de las obras, y se dio por terminado el incipiente saneamiento del Riachuelo. El cierre de Enohsa forma parte del enorme plan de ajuste que está llevando adelante el gobierno. Según la consultora Analytica, entre enero y septiembre del 2024 el gasto público se derrumbó un 30%.
Recientemente AySA está llamando a algunas licitaciones para continuar con las obras con financiamiento bancario internacional, con el objeto de acondicionar la empresa para la privatización. Entre los principales resultados, la empresa exhibe un importante crecimiento en sus ingresos por servicios, que pasaron de $519.378 millones de pesos en 2023 a $907.353 millones de pesos en 2024, como consecuencia del aumento tarifario y exigencias de cobrabilidad y regularización de deudas.
El gobierno en julio avanzó con el trámite de privatización, con los decretos 493 y 494/2025, mientras negociaba con el FMI las exigencias del nuevo acuerdo. Uno habilita el llamado a licitación para la concesión del 51% de la empresa y la venta de las acciones restantes, manteniendo el 10% al sindicato. El otro, modifica el marco regulatorio del servicio, reduciendo los requisitos de calidad, expansión y universalización de la cobertura y permitiendo el aumento ilimitado de las tarifas y el corte total del servicio por falta de pago. Además, se dispuso un plazo de 8 meses a partir de agosto para la privatización. Diversas organizaciones ya presentaron demandas y una primera medida cautelar ratifica el agua como derecho humano y suspende el corte del servicio durante 6 meses.
Movilicémonos por el agua
Desde la “Campaña contra la privatización de AySA“, llamamos a unir fuerzas contra la privatización y a favor de la plena vigencia de este bien público y derecho humano. Unamos fuerzas por un AySA destinada a garantizar realmente el acceso del pueblo al agua potable y cloacas. Unámonos a las luchas que en el mundo entero rechazan la mercantilización del agua y su uso como instrumento de especulación y deuda. No permitamos que el agua sea convertida en arma de exterminio. Rechacemos los decretos de privatización y los contratos con Mekorot.
Desde Tribuna Ambiental exigimos la apertura de los libros de AySA al control de sus trabajadores y usuarios, para terminar con los negociados capitalistas y el ajuste, lo cual evidenciará la urgencia de una gestión por parte de los trabajadores, comunidades y usuarios.
