Con gran expectativa celebraron, desde Grobocopatel a los gobiernos nacional y santafesino, la aprobación dictaminada por la Comisión Nacional de Biotecnología de Brasil para la utilización de harina de trigo transgénico HB4 en el país vecino. La habilitación de esta variedad patentada por la firma Bioceres -aunque desarrollada valiéndose de personal de Conicet y la Universidad Nacional del Litoral- logra así un paso fundamental, ya que casi la mitad de las exportaciones del cereal tiene como destino al suelo carioca. Detrás de este avance, cuestionado por un amplio espectro que va desde organizaciones ambientales a grandes molineras, hubo un frenético lobby de funcionarios de Alberto Fernández.

El trigo HB4 es patrocinado como un gran salto en biotecnología, porque se trataría de una variedad genéticamente modificada que lo convierte en resistente a la sequía. Lo cierto es que su punto fuerte es ser tolerante al glufosinato de amonio, un agroquímico considerado quince veces más dañino que el ya cuestionado glifosato empleado en las extensas plantaciones de soja y maíz. De esta manera tenemos el curioso escenario de que, mientras las evidencias científicas y fallos judiciales reafirman que producto de la aspersión con agrotóxicos proliferan enfermedades -empezando por cáncer y nacimientos con problemas de desarrollo- y se contaminan los cursos de agua, el gobierno argentino presentó en la COP 26 de Glasgow a este trigo transgénico como un aporte ante las eventualidades que devendrían producto del cambio climático.

Las reticencias al avance de su plantación y comercialización no proviene solo de investigadores, organizaciones ambientales, partidos de izquierda o pequeños agricultores, sino además de los popes de la industria molinera y la cámara aceitera-cerealera por los perjuicios que podría ocasionar a las exportaciones trigeras y derivados a mercados en que aún no ha sido aprobado o no es considerado apto para consumo humano. Al día de hoy no se comercializa trigo transgénico en ningún lugar del mundo. El de Brasil es un paso clave en esa dirección, porque representa por lejos el primer comprador de trigo argentino.

Es cierto que aún restan peldaños importantes. La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil todavía debe dar el visto bueno a la importación de los granos producidos por Bioceres (un consorcio empresario que integran entre otros Hugo Sigman y Los Grobo), y las molineras y alimenticias brasileñas advirtieron que podrían recurrir a la Justicia para voltear la habilitación -por el mismo temor al impacto que pueda tener sobre su mercado exterior. Sin embargo el avance es notorio, especialmente por la manija que le ha dado el gobierno. El propio Daniel Scioli, embajador en Brasilia, se jactó de haber protagonizado un intenso lobby en función de obtener este aval (LPO, 13/11).

De hecho, en simultáneo con la comunicación oficial de la aprobación del evento transgénico en octubre de 2020 (aunque “condicionada” a la habilitación en Brasil), Alberto Fernández y el gobernador santafesino Omar Perotti se reunieron con la gerencia de Bioceres en Rosario. Con ese envión fue que en un año se multiplicó por ocho la cantidad de hectáreas sembradas con trigo HB4, hasta llegar a las 55.000 hectáreas en 350 plantaciones distintas, lo cual se estima en una cosecha de 200.000 toneladas de cereal. Semejante producción se descuenta que irá a parar el año próximo a la industria alimenticia -facilitado por el hecho de que en Argentina no existe norma alguna que obligue a identificar qué productos contienen transgénicos. Productores y acopiadores han elevado sus quejas al Ministerio de Agricultura porque aseguran que es incontenible una contaminación sobre el resto de la producción.

Julián Domínguez, sin embargo, dio la derecha a Bioceres y demuestra un interés especial en el impulso de los agronegocios, sin contemplaciones de tipo sanitario ni ambiental. Recientemente se reunió con los ejecutivos de Bayer-Monsanto para convencerlos de no interrumpir la venta de sus semillas fiscalizadas de soja en nuestro país, que requieren todo el paquete tecnológico de fertilizantes y herbicidas de la misma multinacional (La Nación, 26/10). Ya el propio presidente había festejado la producción de la china Syngenta, también campeona en insumos para agronegocios con agrotóxicos incluidos.

No extraña entonces que tras el puntapié exterior que significa este respaldo del gobierno carioca, reflejado en una disparada de las acciones de Bioceres en la bolsa tecnológica de Nueva York, su CEO Federico Trucco lo celebrara anunciando que ahora ponen todas sus fichas en obtener un aval de China para la venta de soja HB4 (ON 24, 15/11).

La intención del gobierno es abiertamente estimular las exportaciones del agro para ofrecerlas como garantía ante el FMI de que tendrán los dólares necesarios para hacer frente al repago de la deuda externa. Es el objetivo declarado del proyecto oficial de ley de promoción de la agroindustria, que otorga a los pulpos superconcentrados del complejo cerelero-oleaginoso (un negocio que concentran en un 60% cinco multinacionales) un rosario de beneficios impositivos.

Que con ello logre revertir la huelga de inversiones es otro cantar, porque las patronales lo que reclaman es libertad cambiaria para poder fugar sus divisas al extranjero, pero el gobierno se aferra al cepo para preservar las escasas reservas del Banco Central para afrontar vencimientos de deuda. Esta frazada corta es expresión de las contradicciones de la política económica, subordinada al gran capital. Así las cosas, el superávit comercial del año entrante volverá a depender de los precios internacionales de las commodities (que explican el récord exportador de este año), es decir variables completamente externas.

Lo que seguro avanzará gracias al lobby oficial es el envenenamiento de la población, el empobrecimiento del suelo, y la apropiación de la renta agraria por un puñado de pulpos nacionales y extranjeros mientras el hambre sigue creciendo. Contra toda esta orientación, que incluye la puesta de la ciencia y técnica al servicio de los negocios de los Sigman y Grobocopatel, es necesario luchar con un programa de ruptura con el Fondo Monetario que incluya la nacionalización del comercio exterior y la gran explotación agraria, y volcar los recursos del país a un desarrollo productivo bajo la conducción de la clase obrera que responda a las necesidades sociales.

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