Ambiente
22/7/2024
El negocio millonario de los Residuos Peligrosos en San Juan
Empresarios y funcionarios de los partidos políticos capitalistas involucrados.
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Residuos tóxicos en San Juan.
Las graves noticias sobre la contaminación ambiental por el acopio de cenizas tóxicas en el corazón de San Juan, contaminación que llegó para quedarse de la mano de la megaminería y del PJ sanjuanino, despertó una pelea mediática entre funcionarios pasados y actuales, empresarios megamineros y operadores de residuos peligrosos.
El 20 de mayo en el Diario Huarpe se publicaba “Tras confirmarse que en el Parque Industrial de Chimbas hay grandes volúmenes de cenizas ácidas tóxicas de la minería acumulada a la intemperie, sin ningún tipo de protección ni resguardo ambiental, DIARIO HUARPE dialogó con el secretario de Ambiente, Federico Ríos, quien aseguró que el Gobierno de San Juan se ocupará del problema hasta encontrar la solución definitiva”.
Este escándalo exhibe la barbarie del sistema productivo capitalista, quedando en evidencia la corrupción inherente a él y el desprecio por la vida, interesado solo en que las empresas produzcan ganancias para capitalistas y funcionarios cómplices.
Solo se trata de negocios
La gestión de los residuos en el mundo es un buen negocio. En Argentina, el marco normativo es la Ley N°24.064, existiendo además normas internacionales. La provincia de San Juan sancionó la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental N°504-L, su Decreto Reglamentario y Ley 522-L, que rigen para transporte, operación y generación de residuos peligrosos, temática especialmente importante en una zona sísmica.
En un principio solo eran residuos peligrosos de las Industrias del Gran San Juan. No eran grandes cantidades y, como en la provincia no hay tratamiento final, las cenizas producidas se acondicionaban para su destino final en tambores etiquetados con un código. A posteriori, se las enviaba al Reservorio de Río IV en Córdoba, conocido por el desastre ambiental que se produjo al inundarse y quedar grandes cantidades de cenizas diseminadas en el ambiente.
Pasado el tiempo, el negocio de los residuos dejó de dar ganancias por los costos del tipo de reservorio a construir y, si no se contaba con ellos, por las distancias a recorrer para su deposición final (Neuquén, Río Negro y/o La Pampa). En aras de la rentabilidad, el gobierno de San Juan lo “resolvió” de la peor manera, sin construir los reservorios ni exigir su construcción a las operadoras.
De complicidades entre empresas y gobierno
Toda la normativa internacional, nacional y provincial referente a los residuos peligrosos prohíben su acumulación a la intemperie, como es lo que ocurre actualmente y hace años en el Parque Industrial de Chimbas, situado a tan solo 7 kilómetros del Km 0 de la Ciudad de San Juan. Este parque industrial se encuentra en el departamento del mismo nombre, rodeado de barrios populares y en una zona cercana a la recarga del acuífero del río San Juan.
Es decir, el lugar donde están acopiando las cenizas es totalmente inapropiado. Quien se encarga de aprobar la “factibilidad de uso de suelo” es el gobierno a través de la Dirección de Planeamiento y Desarrollo Urbano (DPyDU), la que debería haber emitido la “no factibilidad” en ese sitio para el acopio de los residuos peligrosos. No es una actividad para estar en un parque industrial, las normativas internacionales dicen que debe estar en un lugar alejado de la población, en un suelo asentado, impermeable y con ingeniería que resista sismos.
Las empresas inscriptas como generadoras, transportadoras y operadoras de residuos peligrosos, cenizas tóxicas provenientes de la actividad minera en la cordillera y otras actividades industriales en la Capital de San Juan son Bio Cordillerana, Tecma y Eco San Juan. Las tres empresas tramitan hace años, sin resolución, sus expedientes de Declaratoria de Impacto Ambiental (D.I.A) para poder operar como tales en la Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SEAyDS) de San Juan.
Este trámite se explica porque si una empresa se transforma en operadora mediante habilitación de la SEAyDS se debe encargar del transporte, operación y mantención de las cenizas hasta su destino final. El mal manejo y/o el depósito a la intemperie y/o el mal acopio, es, en principio, responsabilidad de la empresa. Además, hay un contrato que se firma entre las operadoras y las generadoras de las cenizas, en este caso las mineras, para las cuales nunca cesa la responsabilidad, por lo que se les pone un código a los tambores donde se acopian las cenizas que van al depósito final.
Lo grave es que esta secretaría, comandada durante 20 años por los Gioja y Uñac del PJ y en la actualidad por Orrego de Juntos por el Cambio, nunca dio la aprobación de la Declaratoria de Impacto Ambiental (DIA) a las citadas empresas, permitiendo que continúen operando con permisos provisorios y sin control ambiental. Es decir, estas empresas están operando ilegalmente, por fuera de la Ley Provincial 504-L de Evaluación de Impacto Ambiental y las Leyes de Residuos Peligrosos, Ley Nacional N° 24.051 y la Ley Provincial 522-L.
Consultado días atrás nuevamente por los medios, el secretario de Ambiente Federico Ríos no quiso exponerse y el que dio una respuesta increíble por su imprecisión y tiempo transcurrido fue su secretario de Prensa, que expresó que “están trabajando en el tema”. Es decir, se siguen acumulando residuos peligrosos derivados de casi 20 años de actividad minera y otras actividades industriales en la Capital, las operadoras siguen trabajando ilegalmente y las generadoras siguen produciendo residuos peligrosos, entre ellas Barrick en Veladero, responsable de derrames de cianuro en el río Jáchal. Mientras, el gobierno no da soluciones respecto al problema de la disposición final de residuos peligrosos en el corazón de la ciudad de San Juan.
¿Quién les podría exigir a generadores, transportistas y operadores que depositen las cenizas mineras en un relleno sanitario seguro cumpliendo con toda la normativa ambiental vigente, si son amparadas y encubiertas por el mismo gobierno?
Sergio Vallejos, de Evolución Liberal, uno de los partidos libertarios que acompaña la representación de Javier Milei en San Juan, es el dueño de Bio Cordillerana y se defiende inculpando a la megaminera Barrick, generadora de los residuos, de ser la responsable de las cenizas ácidas. Lo cierto es que Barrick es responsable como generadora del residuo peligroso, Bio Cordillerana es responsable de su transporte y acopio y el gobierno es responsable de no suspender la actividad de las tres operadoras que se llenan los bolsillos sin siquiera completar como mínimo las habilitaciones legales en la administración pública.
De ninguna manera podría haberse depositado a la intemperie estos residuos peligrosos, y seguir haciéndose actualmente, sin contar con la connivencia de los funcionarios pasados y actuales. De tal manera, empresas megamineras, operadoras y Estado burgués se asocian para sacar tajada. Todos defendiendo los intereses capitalistas y sacrificando y contaminando al pueblo sanjuanino.
Sobre llovido, mojado: Régimen de Incentivo a las grandes Inversiones
Para colmo, de la mano de los mileistas y diputados y senadores amigables (UCR, UxP, Haciendo Coalición Federal, PRO y lo que queda de Juntos por el Cambio) se aprobó la Ley Bases con el famoso Régimen de Incentivos a los Grandes Inversores (RIGI) incluido. El Régimen desregulariza las actividades de los grandes capitalistas nacionales y multinacionales, los exime de impuestos, de liquidar divisas en el país, quita a las provincias autoridad sobre los inversores y permite contratar solamente el 20% de proveedores locales en las provincias que contaminan y saquean.
El RIGI, además, anula las conquistas ambientales ganadas en la lucha callejera. Entre otras cosas, ante la escasez de agua en el marco de la crisis hídrica, da prioridad de uso del agua y la energía a grandes empresas locales y multinacionales por sobre la población; todo agravado por la quita de potestades a las provincias sobre los recursos naturales y en la resolución final de conflictos, como en nuestro caso el daño ambiental producido por las cenizas tóxicas en la ciudad, deciden los Tribunales Internacionales.
Es decir, con las espectaculares concesiones del RIGI, se abren las puertas a cientos de proyectos megamineros extractivitas y contaminantes, socios del gobierno local y nacional.
Devoción de los diputados por los grandes capitales locales e internacionales
Los tres diputados sanjuaninos de cuño del peronismo de Uñac (Walberto Allende, Fabiola Aubone y Jorge Chica), los diputados de Juntos por el Cambio (Picón y Moreno) y el libertario Peluc votaron afirmativamente el RIGI en la Cámara de Diputados de la Nación.
Solo falta la adhesión de la Legislatura provincial al Régimen de Incentivos, decisión que disparó la disputa intercapitalista en la Cámara de Diputados de San Juan, donde al parecer no tiene cabida el bienestar de los sanjuaninos, sino los intereses de diferentes grupos económicos representados por los diputados de los partidos y frentes pro capitalistas.
Desde el Partido Obrero en el FIT-U decimos basta de contaminar y envenenar a los sanjuaninos. Remediación y cierre del relleno sanitario con control de los trabajadores. Suspensión ya de las actividades de los generadores, transportistas y operadores de las cenizas mineras, apertura de los libros y control obrero de sus actividades. Exigimos la investigación, juicio y castigo a los responsables de la contaminación de la ciudad de San Juan con cenizas mineras.
Orrego y el Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable son responsables de la contaminación ambiental. Organicemos la huelga general en contra del plan contaminante, de hambre y motosierra de Milei y los gobernadores, en defensa del trabajo, el salario y los bienes comunes naturales.
