Ambiente
1/7/2026
El proyecto Vicuña y la lucha del extractivismo capitalista en San Juan
El caso emblemático de la minera multinacional canadiense-australiana.
Seguir
La provincia de San Juan es un claro escenario de las disputas intercapitalistas, que se multiplicaron con la aprobación de la modificación de la ley Nacional N° 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y el Ambiente Periglaciar.
Esta ley se suma al Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), a la vieja Ley de Inversiones Mineras N°24.196, la actualización del Código de Minería, la ley valor en boca de mina, y otras.
En este marco se observa la disputa entre los gobiernos provinciales de San Juan y La Rioja por los límites geográficos, lo que cambiaría la ubicación de los proyectos mineros, en especial Vicuña, y en consecuencia el destino de las migajas que dejarían los megaproyectos mineros en concepto de regalías.
Otro punto de interés es la disputa por la línea minera de 500Kv que el Ente Nacional Regulador del Gas y Electricidad (ENRGE) entregó al proyecto minero Vicuña de la australiana BHP asociada a la canadiense Lundin Mining.
A cambio de aumentar la capacidad de transporte y poner en operación la línea de 500Kv, una infraestructura que hoy funciona en 132Kv, el proyecto minero Vicuña se asegura la prioridad para disponer del 90% de la nueva capacidad incremental de transporte eléctrico. Vicuña ya obtuvo la adhesión al Rigi y cuenta con el aval de Transener (Compañía de Transporte de Energía Eléctrica de Alta Tensión), Cammesa (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico) y el ENRGE.
Las otras compañías mineras enfrentan esta habilitación porque temen quedarse sin energía para sus actuales y nuevos proyectos. Es interesante aclarar que la tan mentada línea minera, objeto de las disputas de las multinacionales megamineras, comenzó a financiarse en 2015 con aportes de Nación y de todos los sanjuaninos mediante el cobro de un Fondo para la Línea de Interconexión en 500Kv en la factura de luz domiciliaria.
Actualmente los sanjuaninos siguen pagando compulsivamente la llamada línea minera cuyo objetivo era, según el exgobernador pejotista Sergio Uñac, lograr un abastecimiento seguro y confiable para la provincia, objetivo que no se condice con los cortes de luz y la calidad del servicio.
Este es un dato menor a la luz del Rigi, ley aprobada durante el gobierno de Milei que da la prioridad de uso de insumos escasos (agua, luz) a los proyectos adheridos en detrimento de los usuarios.
La pelea por el aprovechamiento de la línea de alto voltaje evidencia las contradicciones intercapitalistas, siendo los trabajadores los convidados de piedra.
Referido a infraestructura minera y amparándose en el Rigi, el consorcio liderado por Power China junto a Beijing Chengdong se hará cargo de la construcción del complejo habitacional Batidero para el mismo proyecto Vicuña, tirando por tierra la esperanza de los trabajadores de la Uocra de encontrar empleo en la etapa de construcción de la mina, etapa en la que se toma mayor cantidad de mano de obra. Los oferentes nacionales "no presentan capacidades competitivas para esta actividad" argumentan los CEOs de Vicuña acogiéndose al Rigi. De esta forma Vicuña se ahorra 0,01% de la inversión total proyectada de 18.000 millones de dólares, con lo que no creará ninguna matriz productiva en la provincia.
Informan además desde Vicuña, como un objetivo alcanzado, que cuentan con 140 trabajadores directos que residen en los departamentos cercanos a la futura mina de cobre (58 de Iglesia, 44 de La Rioja 44 y 38 de Jáchal), de un total de 522 personas y 2.150 trabajadores a través de contratistas, empleos que ya existían.
El millón de empleos prometidos en la megaminería por el presidente Milei está muy lejos de ser una realidad. Entre tanto, los trabajadores mineros desocupados cortan la Ruta Nacional N° 40 en Niquivil, Jáchal y se presentaron en el predio donde se realizó la Expo San Juan Minera 2026 en el mes de Mayo reclamando trabajo en los proyecto actuales: Vicuña, Los Azules, Hualilán, Gualcamayo, El Pachón, Veladero.
Por su parte y con total impunidad las empresas declaran en sus proyectos de impacto ambiental que el open pit de la mina el Pachón se encuentra sobre un glaciar de escombro y que el proyecto Los Azules, también situado al igual que el anterior en las nacientes del río San Juan, ya intervino en vegas y glaciares con sus caminos y campamento.
Josemaría, rebautizada como Vicuña al sumarse a la mina Filo del Sol, se proyecta sobre el glaciar G110 y extraería 1.200 lt/segundo de agua de una batería de seis pozos de manera alternativa.
El Rigi no hace más que profundizar la entrega de los bienes comunes y la extranjerización de los territorios fronterizos. En el límite cordillerano entre Argentina y Chile las transnacionales mineras se rigen por leyes ajenas a nuestro país, aplicando la normativa sobre el Tratado de Integración y Complementación Minera para explotar la cordillera, que dio el marco legal para el proyecto Pascua Lama firmado en 1997 por el presidente Carlos Menen y el presidente de Chile Frei, y promulgado en el 2000.
El Tratado sigue vigente y ambos países acordaron reactivar la comisión administradora, cuyo objeto es tutelar las reglas especiales para la zona fronteriza, facilitando la inversión de las transnacionales y haciendo respetar los protocolos simplificados para el tránsito de trabajadores, equipos y materiales a través de la frontera entre ambos países.
Dos artículos del tratado preocupan particularmente a los científicos y pueblos cordilleranos: el Artículo 3° del Protocolo Complementario dice que “se entenderá que las partes permitirán a los inversionistas de una y otra, el uso de toda clase de recursos naturales necesarios para el desarrollo del negocio minero, comprendiéndose en este concepto los recursos hídricos existentes en sus respectivos territorios, aunque no tengan la calidad de recursos hídricos compartidos, cuyo acceso se concederá dando pleno cumplimiento a la legislación interna del país”. Y en el Artículo 4° se indica que se pueden ubicar depósitos de escombros y diques de cola en ambos países, independientemente de donde se encuentre la explotación.
Además, el Artículo 6° habla específicamente que la comisión coordinadora adecuará los protocolos especiales al vetado proyecto Pascua Lama y al Pachón una vez que entren en vigencia. Y en el Artículo 7° se habla de que la comisión coordinadora podrá consultar a una comisión asesora empresarial formada por los distintos sectores de la actividad minera.
Al respecto del tratado Barinia Montoya indica en la publicación Mongbay del 2 de junio que este “borra los límites fronterizos tradicionales a través de los Protocolos Adicionales Específicos como si ambos países fueran uno solo”.
Además expresa que las vetas de minerales a explotar se encuentran a lo largo de la Cordillera de Los Andes en un polígono de operación industrial en ambos países, el que se establece un Área de Operación.
Estamos ante la entrega de los minerales, glaciares, vegas, nacientes de ríos y biodiversidad, situados en un polígono llamado Área de Operación y gobernado por una comisión coordinadora del tratado de ambos países, en la que rigen leyes especiales para las trasnacionales mineras. El Tratado de Integración y Complementación Minera acuerda el saqueo de los países involucrados y delinea en el polígono de área de operaciones la próxima zona de sacrificio en la cual nos hermanamos el pueblo trabajador chileno y argentino
No solo la corporación minera importa una ciudad desde China para instalar en nuestra frontera en la llamada Área de Operación, sino que el gobierno le cede su manejo y control a través de una comisión coordinadora. En todo este entretejido megaminero no hay lugar para el trabajo ni el desarrollo de los territorios.
En San Juan, según datos del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial (OEDE) dependiente del Ministerio de Capital Humano de la Nación, en 2024 existían 81.812 puestos del sector privado. Del total la minería metalífera representaba 2.894 trabajadores, con una variación absoluta interanual a septiembre del 2024 de -233 puestos de trabajo.
Según fuentes oficiales, este número en 2026 habría aumentado a 5.369 trabajadores directos pertenecientes a las nóminas oficiales de las operadoras mineras, los que representan no más del 20% del trabajo formal en los departamentos de Jáchal, Iglesia y Calingasta. Esta cantidad de trabajadores surge de la minería metalífera (oro, cobre, plata) y no metalífera (rocas de aplicación, cal, minería artesanal). Un número ínfimo de empleo frente a un 57,2% de trabajo informal en el Gran San Juan, y en un sector que genera divisas pero con baja absorción laboral directa.
Con el fino hilado de leyes, desde Menem hasta Milei, el entramado capitalista de la megaminería busca lograr la máxima tasa de ganancia a costa del trabajador asalariado sea de la región o país que sea.
El Rigi corona la explotación a modo de timador, prometiendo 20% de empleo local siempre y cuando sea competitivo, lo que se logra con la superexplotación de la clase trabajadora y los bienes comunes, el agua, la energía, el territorio.
A la contienda entre los intereses económicos y políticos de los capitalistas la contrarrestamos con la unidad internacionalista de los trabajadores en una economía planificada y controlada por trabajadores.
Los trabajadores defenderemos un programa de transición socialista poniendo el eje en la atención de las necesidades productivas y sociales y protegiendo el ambiente para nuestros pueblos y las futuras generaciones.
