Ambiente
9/1/2026
¿Cómo abandonar la megaminería contaminante?
Sobre el debate abierto a partir del proyecto del Partido Obrero de Santa Cruz para gravar a las mineras.
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Una reorganización productiva requiere expropiar al capital.
Un debate importante se abrió a partir de la presentación en la Legislatura de Santa Cruz de un proyecto del Partido Obrero en el que se plantea fijar un impuesto extraordinario a las mineras que embolsan superganancias en una provincia que atraviesa una fuerte crisis social. La iniciativa derivó en acusaciones de otras fuerzas del Frente de Izquierda de “haberse sumado al consenso extractivista”, lo cual no es posible conciliar con la presencia de nuestra organización en todas las luchas contra la megaminería y socioambientales. ¿Cómo se explica?
Los compañeros del Partido Obrero santacruceño presentaron un proyecto que plantea elevar las regalías del 3% al 15% porque consideraron que permitía desnudar ante la opinión pública el saqueo de las multinacionales mineras, que se llevan ganancias extraordinarias gracias a la suba de los precios del oro y la plata mientras el pueblo padece hambre y desocupación. Lo hicieron en el marco de la pelea salarial que libra la docencia y otros sectores de trabajadores, con el fin de refutar el argumento del gobernador Claudio Vidal de que “no hay plata”.
En un artículo de Prensa Obrera el dirigente nacional del PO Juan García cuestionó la iniciativa como una orientación errónea para el movimiento de lucha, ya que condiciona las conquistas a la disponibilidad de recursos extra en detrimento de apuntar a la derrota del ajuste de Vidal y la motosierra de Milei en los giros a las provincias; y por no incorporar la destrucción ambiental de la actividad minera ni fijar un programa para terminar con este régimen de saqueo. Compartimos estas observaciones. De estos dos puntos en discusión, nos vamos a concentrar en el segundo.
Los compañeros de Santa Cruz, que defienden su presentación, admitieron como un error que el proyecto carezca de toda denuncia sobre las consecuencias de la megaminería y la necesidad de defender los glaciares. Especialmente porque en la provincia el PO cuenta con toda una tradición de lucha contra la depredación ambiental. Para subsanarlo, incorporaron la elaboración de un programa contra el saqueo extractivista: rechazar la instalación de nuevos emprendimientos megamineros; control con poder de veto de los trabajadores mineros y las organizaciones ambientales acerca del consumo de agua, explosivos y cianuro, entre otros insumos; un impuesto de emergencia a las mineras cuya recaudación asegure planes de remediación ambiental y con ello la continuidad de los puestos de trabajo ante los cierre de minas por razones ambientales o por agotamiento; acompañar la lucha en todo el país en defensa de la Ley de Glaciares. Son puntos correctos, pero su programa transicional se frena justo antes de plantear una nacionalización bajo control obrero que posibilite un plan integral para el abandono progresivo de la megaminería en todo el país, en el marco de una reconversión productiva dirigida por el pueblo trabajador.
Regalías, renta y saqueo
Aún así, considerando como un error político la presentación del proyecto, los señalamientos de los otros partidos del FIT-U revelaron concesiones estratégicas y orientaciones inconducentes que merecen una clarificación.
Para el MST y el PTS, la presentación de este proyecto implica que el Partido Obrero se posiciona en el mismo campo que Milei, los gobernadores y todo el lobby de la megaminería. La acusación no solo choca con la participación del PO y de Tribuna Ambiental en las movilizaciones de Mendoza y Chubut, en las asambleas de San Juan y Catamarca, sus denuncias sobre los yacimientos de litio en Jujuy, Salta y La Rioja, la presencia en las acciones de la coordinadora Basta de Falsas Soluciones en CABA y las campañas contra la modificación de la Ley de Glaciares; también es falsa en lo que hace a Santa Cruz, donde nuestra organización se destacó políticamente con su denuncia de los daños ambientales de la minería promovida en su momento por la gobernación de Kirchner, actualmente es parte de la pelea contra la pretensión de explotar el uranio en las cercanías de Las Heras, e incluso se valió de la presentación del propio proyecto en cuestión para evidenciar el robo de las mineras ante la población.
El punto es que para el MST “discutir regalías implica aceptar, como punto de partida, la continuidad del modelo minero”. Un verso. También los reclamos salariales aceptan como punto de partida la continuidad de la explotación laboral en el sistema asalariado, sin por ello dejar de ser una lucha contra el capital. En este caso, denunciar que las mineras no pagan impuestos importa mucho. Es un argumento central para combatir la propaganda prominera allí donde la actividad cuenta con aceptación y es parte troncal de la economía.
Es una denuncia al gobierno de Milei, que redujo las retenciones a las exportaciones de minerales y sancionó el RIGI para eximir de impuestos al gran capital. Finalmente, las regalías irrisorias son parte del esquema de saqueo que rige desde los ‘90 para blindar a las multinacionales de las administraciones provinciales, que se supone son las dueñas del subsuelo como fija la Constitución. Poner este punto en discusión revela entonces todo el dominio colonial sobre las riquezas de Argentina. Es una denuncia que va de la mano con la crítica a la depredación ambiental.
El MST no puede negar que en ocasiones la disputa por la renta de las actividades extractivas fue el centro de grandes crisis políticas, golpes de Estado e incluso revoluciones, en la medida en que adquiere un peso económico decisivo. Tanto es así que en 2008 se plegó a los cortes de ruta del capital agrario contra la resolución 125 del entonces gobierno de Cristina Kirchner, que buscaba gravar a los sojeros favorecidos por el boom de los precios internacionales, en una postura solidaria con las patronales del agronegocio contaminante que nunca se cuestionaron públicamente. Hoy que Milei reduce impuestos a los exportadores, generando mayor presión sobre los precios de los alimentos y cubriendo el costo fiscal con más ajuste, ¿no importa denunciar esta concesión a las cerealeras y aceiteras que paga el pueblo?
Prohibición versus nacionalización
Lo que el MST reclama es que exijamos la prohibición inmediata de la megaminería allí donde se practica, y oponen esa prohibición a la consigna de nacionalización bajo control obrero. Esta es la esencia de todo el asunto. Detrás de una postura ambientalista lo que esconden es una oposición a una salida liderada por la clase obrera. Por eso en su artículo, en que se proponen desarrollar una crítica estratégica y formular un programa de reconversión de toda la matriz productiva del país, se niegan a plantear la necesidad de luchar por un gobierno de trabajadores como única posibilidad de semejante reorganización económica. Toda una definición política.
La posición del Partido Obrero es clara. La explicita Juan García en el mencionado artículo: “hemos planteado reiteradamente la nacionalización del conjunto de las explotaciones, la expulsión de los pulpos mineros, el no a la megaminería, y la continuidad de los puestos de trabajo en tareas de remediación, así como el planteo a las empresas de resarcir el daño ambiental con las enormes ganancias generadas en la actividad, que incluyen por supuesto el saqueo al fisco”. Esto urge más en Santa Cruz que en cualquier otro lado, donde la vida útil de las minas está llegando a su fin, lo cual amenaza con dejar sin empleo a pueblos enteros a la vez que alerta sobre los pasivos ambientales que quedarán. Pero ese “no a la megaminería” requiere una transición que solamente puede ser ejecutada mediante una planificación dirigida y controlada por la clase trabajadora.
El programa del MST es deliberadamente ambiguo en cuanto al sujeto social que puede llevarlo adelante: “La alternativa es una transición productiva y laboral planificada, con continuidad salarial y trabajo garantizado en sectores intensivos en mano de obra y socialmente necesarios: obra pública (viviendas, escuelas, hospitales), infraestructura hídrica, remediación ambiental, energía renovable bajo control público, ciencia y técnica al servicio de las mayorías”. En todo su texto nunca dicen en quiénes debe reposar esa planificación. Rechazan la nacionalización bajo control obrero mientras dejan la transición productiva en manos del Estado burgués: “las transiciones no empiezan después de la revolución: empiezan cuando se trazan horizontes claros y se adoptan medidas que no refuercen el modelo que se dice combatir”.
Es un rechazo a la revolución socialista desde posiciones pequeñoburguesas, para lo cual el ecosocialismo es un recurso de ocasión. Que este es todo el sentido de la crítica se evidencia en que concluyen su texto insistiendo en su reclamo de abrir el Frente de izquierda a partidos reformistas de centroizquierda, lo cual disolvería su carácter como polo de independencia de clase.
Además de antirrevolucionaria, la postura es inconducente. Una enorme transformación productiva como la que requiere el abandono de la megaminería solo puede llevarse a cabo con una amplísima movilización económica, incluída la utilización de minerales en amplia escala. La energía eólica y solar que tanto reivindican consiste en la instalación de turbinas y paneles, de sistemas de transporte y almacenamiento eléctrico, entre tantos otros eslabones que por el momento requieren acero, cobre, litio, energía, y un largo etcétera. Es una contradicción superable en el tiempo con una planificación económica e investigación científica en la que el objetivo de la producción no sea la ganancia sino la satisfacción de necesidades sociales. Pero no tiene solución en los marcos del Estado capitalista. Decidir qué, cómo y para qué se produce plantea como condición previa la expropiación al capital.
El punto es que para ejecutar una transición real -que sea practicable económica y materialmente- hay que empezar por tomar las palancas productivas y reorganizar las relaciones sociales, conclusión a la que pretende abonar la consigna de nacionalización bajo control obrero. Es un planteo para dirigir la lucha de los explotados hacia la lucha por su propio poder, para la reconstrucción revolucionaria de la sociedad. El rechazo a esta consigna es simplemente una expresión del rechazo a la lucha por gobiernos de trabajadores. En eso consiste el contenido pequeñoburgués de su ecosocialismo.
Socialismo, ambiente y clase obrera
Si la izquierda adoptara enteramente la posición del MST y postulara que la única alternativa es la prohibición de la megaminería, la extracción petrolera y los agronegocios se condenaría a la marginalidad política. Por tomar un caso actual, ¿qué podríamos plantearle al pueblo de Venezuela que sufre el asedio de Trump para apropiarse del petróleo de la Cuenca del Orinoco? La crítica de clase al régimen chavista por no haber superado su carácter rentista, un nacionalismo burgués que no se valió de los ingresos de las exportaciones petroleras para una transformación social, debe ir acompañada de un programa de salida para las masas venezolanas que parta del control obrero de PDVSA, como impulso a la lucha contra la ofensiva imperialista. Agitar en Venezuela la prohibición de la actividad hidrocarburífera dejaría a los trabajadores desarmados ante el imperialismo. Una vez más, para abandonar la depredación ambiental hay que empezar por apropiarse de las columnas sobre las que reposa la producción social.
Por último, allí donde no existe ya un fuerte movimiento de lucha contra la megaminería y los emprendimientos contaminantes, la del MST es contraproducente como orientación para el movimiento ambiental. Sin un planteo transicional que posibilite realmente una transformación productiva, hablar de la prohibición de actividades que hoy aparecen como cruciales para el empleo y la economía de ciertas regiones solo contribuye a establecer una separación irreconciliable con el movimiento obrero. Es justamente a lo que apuesta toda la falsa propaganda prominera, especialmente cuando la población trabajadora sufre ante los despidos y cierres de empresas. Sería una regresión, en un país donde amplios sectores de trabajadores participan de las rebeliones provinciales contra la ofensiva minera, e incluso cuando las coordinadoras socioambientales vienen de movilizar el 18 de diciembre en el marco de la jornada de lucha contra la reforma laboral esclavista y preparan nuevas acciones para febrero, ya que la Ley de Glaciares forma parte del mismo paquete antiobrero.
El PTS también intervino en el debate, acusando al Partido Obrero de sumarse al “consenso extractivista” con una “orientación reformista”. Agregan a la crítica el hecho de haber presentado el proyecto “en una legislatura donde no hay representación de la izquierda (...) ¿Qué fuerzas sociales impulsarán una fuerte movilización en las calles para imponer esta agenda y controlar de forma directa que se lleve adelante esta propuesta? Ya que es claro para los socialistas revolucionarios que las conquistas en el Congreso nacional o en las legislaturas provinciales vienen de la mano de la lucha extraparlamentaria de la clase trabajadora, las mujeres y la juventud. En el planteo reformista del PO queda afuera la propia clase obrera como sujeto de la medida y la lucha”. Una confesión asombrosa. La fuerza social de la movilización popular serían… los diputados de izquierda. Como si nunca se le hubiera arrancado nada a un parlamento reaccionario.
Es un embellecimiento de la democracia burguesa, que cambiaría de carácter por la simple representación parlamentaria de la izquierda. Para el caso de Santa Cruz querría decir que una parlamentarización de la pelea salarial estaría justificada si hubiera un legislador del FITU, lo cual no compartimos. Los diputados de la izquierda pueden ser tribunos políticos socialistas de las luchas de los trabajadores y el pueblo, pero para el PTS reemplazan a la clase misma. Es coincidente con su electoralismo cotidiano.
Además, en su pretensión salvar “falencias teóricas”, llegan a la siguiente conclusión: “Poniendo por delante los valores de uso de los minerales en vez de los valores de cambio, las necesidades sociales mismas se transforman”. Pero si existe un valor de cambio es por la sencilla razón de que quienes producen no lo hacen para su propio consumo sino para el de otros, cuyos productos se necesitan y por los cuales se intercambian. A menos que sostengan un autoabastecimiento de minerales por cada comunidad (lo cual, desde ya, sería desastroso), la afirmación es un error conceptual.
La planificación socialista de la clase obrera tiende a eliminar la producción de mercancías y la división en clases sociales no por una simple operación intelectual, por una diferente valoración subjetiva de la riqueza, sino porque corre el velo del valor poniendo al descubierto que solo es una forma de apropiación del trabajo social, y el trabajo es justamente el metabolismo de la sociedad con la naturaleza. Precisamente por eso el marxismo considera a la clase obrera, que participa como sujeto colectivo en la producción social, como el agente histórico de la reorganización de la sociedad para terminar con la explotación.
La armonización del intercambio de materia de la humanidad con su medio natural será parte integral de la liberación del trabajo. Cuando el motivo de las actividades productivas deje de ser la búsqueda de rentabilidad, la investigación científica indagará las posibilidades de reducir al mínimo la alteración del ambiente, el reciclado de minerales será la norma, las materias primas no serán destinadas a producir armamento ni artículos de lujo. El oro va a dejar de extraerse y acumularse como activo y reserva de valor universal cuando el objetivo de la producción social deje de ser la explotación de la fuerza de trabajo como una mercancía. Entonces sí serán las necesidades sociales reales las que guíen qué y cómo se produce, y el desarrollo de las fuerzas productivas servirá para reducir la jornada laboral y equilibrar el metabolismo social con la naturaleza.
