Ambiente
30/12/2025
Catamarca
Repudiamos el pedido de elevación a juicio contra doce vecinos de Andalgalá y nuestra compañera Ailén Saracho Diamante por defender el agua
Sin pruebas, acusan hasta de estrago doloso y hurto calificado a quienes luchan contra la megaminería.
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Movilización en Andalgalá.
Buscan llevar a juicio a vecinos de Andalgalá por movilizarse contra el avance ilegal de la mina Mara Agua Rica en 2021. Es una causa que ha sido manipulada desde sus inicios, y el pedido de elevación a juicio se produce en un contexto en el que se busca reactivar los emprendimientos megamineros en la provincia y el país con la virtual eliminación de la protección de los glaciares y periglaciares.
La persecución judicial es la respuesta represiva a la importante movilización del pueblo de Andalgalá para denunciar los trabajos que la minera realizaba en el cerro y el movimiento de camionetas y maquinarias cuando rige una ordenanza (029/16) que prohíbe la minería en las afluentes del Río Andalgalá, y también una norma de parte del Juzgado de Minas de Catamarca tras las grandes manifestaciones y la represión en 2010.
Los vecinos denunciaron que la empresa avanzó violentando las normas establecidas como forma de provocación. Luego de una movilización en que se terminaron prendiendo fuego las oficinas de Agua Rica, la Justicia actuó a cuenta del operativo represivo promovido por el gobierno: en poco tiempo ordenó 40 allanamientos y 36 detenciones. Finalmente solo quedaron 12 detenidos y luego procesados, mientras los otros cargos fueron desestimados.
La investigación de esta causa estuvo desde un principio en manos de una fiscal puesta para garantizar los negocios mineros: Marta Nieva, quien debió abandonar la fiscalía de Andalgalá envuelta en escándalos por sus vínculos con los intereses megamineros. Es la misma funcionaria que encabezó la represión de 2010, y su accionar fue clave en la causa que hoy procesa a los vecinos. Cuando se separó de la causa avanzó el acomodo de los amigos del poder para que la suplante un empleado del gobernador Raúl Jalil y de las mineras, como lo es Camps.
Es importante destacar que después de allanamientos y detenciones la causa no tiene pruebas contundentes para sostener las imputaciones de quienes hoy intentan juzgar, sosteniéndolas ridículamente en declaraciones contradictorias de empleados y proveedores mineros.
Cabe destacar que el PJ de Andalgalá es el que persigue a los compañeros; los mismos que quieren presentarse como una traba a las políticas derechistas son los que usan los métodos de la derecha más rancia: la persecución y el ataque a los luchadores. Denuncian a activistas que no estuvieron en el lugar sólo por ser una referencia de lucha.
En conclusión, estamos en presencia de una manipulación judicial al servicio de los intereses megamineros y del poder político local, que busca criminalizar la protesta social y amedrentar a quienes defienden sus derechos y el ambiente.
Esta avanzada represiva y persecutoria está alineada con la política que lleva adelante Javier Milei contra quienes luchan en los barrios, como lo demuestra la persecución al Polo Obrero, denunciamos el genocidio perpetrado por el Estado de Israel en Gaza, como Vanina Biasi, y a los vecinos que defienden el agua en Mendoza y Chubut, entre tantos otros. Se trata de una embestida contra quienes se plantan a luchar por sus derechos y por la defensa de sus condiciones de vida.
Basta de perseguir a los que luchan. Basta de criminalizar la protesta, cierre inmediato de las causas judiciales y sobreseimiento de los compañeros. Por el poder de veto de las comunidades a los grandes emprendimientos contaminantes. Nacionalización de los bienes naturales, incluida el agua, bajo control de los trabajadores y los pueblos afectados.
