Ambiente
16/12/2025
Como en Mendoza, ganemos las calles para proteger los glaciares y el agua del saqueo minero
Milei presentó el proyecto de modificación de la Ley de Glaciares para que los gobernadores habiliten la megaminería contaminante.
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No a la deregulación de la Ley de Glaciares.
El gobierno nacional envió al Congreso un proyecto para modificar la Ley de Glaciares. El mismo le otorga a los gobernadores la potestad de definir qué glaciares y geoformas de periglaciares continuarán bajo protección y cuáles podrán estar sujetos a la explotación minera e hidocarburífera. De esta forma, Milei le pavimenta el camino a los negocios extractivistas, poniendo en riesgo la provisión de agua dulce de millones de personas.
Recordemos que la Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares N° 26.639 fue sancionada en 2010 como resultado de la lucha sociambiental, que debió sobreponerse al veto de Cristina Kirchner en 2008 y a numerosos intentos de judicializar la normativa. La misma prohíbe la exploración y explotación minera e hidrocarburífera, la instalación de industrias, la construcción de obras o infraestructura en ambiente glaciar y periglaciar, entendiendo al primero como “toda masa de hielo perenne estable o que fluye lentamente, con o sin agua intersticial, formada por la recristalización de nieve, ubicada en diferentes ecosistemas, cualquiera sea su forma, dimensión y estado de conservación"; y, al segundo, como el "área con suelos congelados que actúa como regulador del recurso hídrico".
Actualmente, las zonas protegidas figuran en el Inventario Nacional de Glaciares, a cargo del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla), una unidad ejecutora del Conicet. El proyecto del gobierno permite que las autoridades provinciales puedan quitar del inventario zonas periglaciares si estas consideran que "no cumplen las funciones hídricas definidas por la ley"; un criterio sumamente arbitrario. Es decir, si se aprueba la ley, el destino de las aguas heladas de nuestro país quedará en manos de los gobernadores de las provincias de la Cordillera, como Cornejo en Mendoza, Jalil en Catamarca y Orrego en San Juan, los principales impulsores del lobby minero.
Detrás de la iniciativa del oficialismo, se hallan principalmente los intereses de las multinacionales mineras sobre los depósitos de cobre ubicados en áreas periglaciales de la Cordillera de los Andes. Se trata de un mineral estratégico, en momentos donde crece la competencia entre China y Estados Unidos en torno al desarrollo de la inteligencia artificial. Hay en carpeta al menos seis proyectos de extracción de cobre, como Vicuña (de la canadiense Lundin Mining y la australiana BHP), Los Azules (de la canadiense McEwen), El Pachón (de la suiza Glencore), PSJ (de la suiza Zonda Metals GmBH y la argentina Alberdi Energy), Taca Taca (de la canadiense First Quantum) y Mara (también de Glencore). Están a la espera de que se desregule la Ley de Glaciares para avanzar en el saqueo.
Con regalías irrisorias, innumerables concesiones contempladas en el Rigi y reducción de retenciones a la minería, al país no le quedará nada. Tampoco habrá un impacto significativo en el nivel de empleo, teniendo en cuenta que, pese al aumento de inversiones mineras, el sector registró una pérdida de 2.152 puestos de trabajo entre abril de 2024 y abril de 2025, según los datos de la Dirección Nacional de Promoción y Economía Minera.
Sin embargo, no preservar los suelos congelados alteralá el ciclo hidrológico, provocando graves consecuencias ambientales, como desabastecimiento de agua para la población y, a mayor escala, un perjuicio sobre las condiciones geofísicas del planeta. Milei y los gobernadores sacrifican esta función vital de los glaciares en nombre de las ganancias de un puñado de empresas mineras. La situación se torna más grave aún considerando que, fruto del calentamiento global, "Argentina perdió el 42 por ciento de su superficie glaciar en los últimos 30 años con fuerte retroceso en los últimos seis y algo similar ha ocurrido en Chile, por lo que la región ha sido señalada como de derretimiento acelerado" (Agencia Tierra Viva, 19/11). Cabe detacar que el Rigi ofrece cobertura jurídica a las compañías contaminantes, estableciendo que los litigios deben realizarse en tribunales extranjeros. Así las cosas, tendrán impunidad total por sus pasivos ambientales.
Nos toca seguir el ejemplo del pueblo mendocino y ganar las calles en defensa de nuestras fuentes de agua dulce, amenazadas por los gobiernos nacional y provinciales. La Coordinadora Basta de Falsas Soluciones llama a movilizar el 18 de diciembre, en el marco de la jornada de lucha contra la reforma laboral esclavista.
