Ambiente
26/10/2026
El saqueo de las riquezas naturales no empezó con Milei y no se frena esperando a 2027
En el taller de Soberanía y Territorio, Bienes Comunes y Extractivismo del Encuentro Plurinacional de Mujeres y Diversidades realizado en Córdoba se discutió quiénes se benefician con la explotación de nuestros territorios y qué responsabilidad tienen los distintos gobiernos.
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Participar del 39° Encuentro Plurinacional de Mujeres y Diversidades en Córdoba fue encontrarse con luchas que nacen en territorios distintos pero comparten una misma preocupación: el avance de un modelo económico que convierte todo en mercancía. El agua, la tierra, los minerales y los territorios donde viven comunidades enteras quedan subordinados a la ganancia de grandes empresas, mientras las consecuencias ambientales y sociales recaen sobre quienes viven y trabajan allí.
En el taller se compartieron experiencias de Catamarca, San Juan, Mendoza y Jujuy: los conflictos por el agua, el avance de la megaminería y del litio, el desplazamiento de pueblos originarios y los desarrollos inmobiliarios que arrasan territorios sin considerar a las comunidades ni el equilibrio de los ecosistemas.
No es casual que esta discusión haya ocupado un lugar central en un encuentro de mujeres y diversidades. Cuando se contamina un río o se agota una napa, son ellas las que sostienen la alimentación, el acceso al agua y las tareas de cuidado en los hogares y los barrios. Por eso muchas de las asambleas que enfrentan a las mineras están encabezadas por mujeres. El extractivismo no es solo un problema ambiental: es la expresión de un sistema que pone las ganancias de una minoría por encima de las necesidades de las mayorías.
Una política de Estado
El avance extractivista no ocurre por fuera del Estado: necesita leyes, permisos y gobiernos que garanticen el negocio. Y cuando las comunidades se organizan, se encuentran con la criminalización de la protesta y la represión.
El gobierno de Milei profundiza la entrega. Con el RIGI garantizó a las grandes inversiones beneficios impositivos, aduaneros y cambiarios por treinta años, y en abril impuso la reforma de la Ley de Glaciares, que deja en manos de cada provincia definir qué glaciares y qué ambiente periglacial se protegen. Es decir, en manos de los mismos gobernadores que compiten por atraer a las mineras.
Pero denunciar esta ofensiva no puede llevarnos a borrar la historia. El marco legal de la megaminería es la Ley de Inversiones Mineras 24.196, sancionada en 1993 bajo el gobierno de Menem; gracias a ella comenzó a operar en 1997 Bajo de la Alumbrera, en Catamarca. En 2008, Cristina Fernández de Kirchner vetó la primera Ley de Glaciares aprobada por el Congreso. En 2015, bajo el gobierno de José Luis Gioja, la mina Veladero de Barrick Gold derramó más de un millón de litros de solución cianurada en los ríos de Jáchal. En 2021, Mariano Arcioni intentó habilitar la megaminería en Chubut y tuvo que retroceder ante el Chubutazo. Y en la propia Córdoba, Martín Llaryora, que hoy se presenta como opositor, hizo adherir a la provincia al RIGI en octubre de 2024.
Por eso fue insuficiente la mirada de algunas organizaciones peronistas que, en el taller, presentaron el extractivismo como un problema del gobierno de Milei. Milei profundiza la entrega, pero no inventó el modelo. Los gobernadores que hoy se presentan como opositores deben responder por sus propias políticas: qué acuerdos firman con las empresas y cómo actúan frente a las comunidades que defienden sus territorios.
¿Esperar hasta 2027?
Una intervención expresó con claridad la diferencia política que atravesó el taller. Una militante peronista planteó que, para defender el territorio, había que votar mejor en 2027 y construir un gobierno en el que nos unamos todos.
¿Cómo confiar la defensa de los bienes comunes a una unidad que incluye a quienes, en sus propias gestiones, promovieron los proyectos extractivos? ¿Qué garantía ofrece una alianza electoral que no se compromete a romper con esas políticas? Lo fundamental es preguntarse sobre qué programa y bajo qué intereses. Es un camino que lleva a postergar los reclamos y esperar una elección mientras los proyectos extractivos avanzan.
Las comunidades necesitan defender el agua y la tierra, y que se respeten sus territorios hoy. ¿Por qué deberíamos pedirles a quienes luchan que esperen?
La experiencia demuestra lo contrario. En diciembre de 2019, la reforma de la Ley 7722 en Mendoza, votada por radicales y peronistas, cayó a los pocos días frente a una movilización masiva. Dos años después, el Chubutazo obligó a derogar la zonificación minera. No hay garantías de victoria, pero tampoco motivos para entregar la iniciativa a quienes proponen esperar.
Desde el Partido Obrero y el Frente de Izquierda Unidad planteamos otra perspectiva: construir una fuerza política de los trabajadores, independiente de los gobiernos y de los partidos patronales, que no subordine sus reivindicaciones a los compromisos electorales ni a los intereses de las empresas.
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