El Pantanal, el humedal más grande del planeta y uno de los ecosistemas más prístinos de la Tierra, está siendo arrasado por el fuego. Situado al sur de la Amazonia, se encuentra mayormente en el centro-oeste de Brasil (estados de Mato Grosso y Mato Grosso do Sul) pero también abarca el norte de Paraguay y el este de Bolivia, donde se lo conoce como el Chaco. En este área de riqueza biológica incomparables, fueron detectados entre enero y julio más de 3.500 focos de incendio.

Reconocido como Reserva de la Biósfera por la Unesco y santuario de una riquísima fauna nativa, posee una extensión superior a 170.500 km2. Según el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), el Pantanal alberga 656 especies de aves, 159 de mamíferos, 325 especies de peces, 98 de reptiles, 53 de anfibios y más de 3.500 de plantas. Muchas especies amenazadas en otras regiones de Brasil se hallan en número considerable en el Pantanal. Los ríos de la región inundan cada año el 80% del humedal, proceso que comienza en octubre con el inicio de la época lluviosa. Este sistema crea una enorme concentración de vida animal; los peces retenidos en lagunas y áreas inundadas atraen a una gran variedad de aves.

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¿Por qué los incendios?

En la temporada seca, desde mayo-junio, se intensifican los incendios generados para el avance de la ganadería, como sucede con las quemas de pastizales del Delta entrerriano. Solo en julio se detectaron 1.684 focos de incendio, el peor registro para ese mes desde que empezaron las mediciones hace más de dos décadas. Los satélites del Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales (INPE) detectaron 3.506 focos de incendio entre enero y el 22 de julio, un récord desde el inicio de las observaciones en 1998. El alza es de 192% respecto al mismo período de 2019, es decir casi el triple.

El cuadro se agrava porque se han registrado muy pocas lluvias, por ende poca inundación y mucha área expuesta al fuego. La combinación de escasas precipitaciones, altas temperaturas, baja humedad y fuertes vientos hace que las llamas se expandan rápido por la vegetación baja. Se espera un agosto aún más devastador, sobre todo por la complicidad del presidente brasileño Jair Bolsonaro, partidario de la apertura de regiones indígenas y de zonas protegidas de la selva tropical a las actividades mineras y agropecuarias.

El Pantanal sigue el mismo derrotero que todo el Amazonas. A partir de la carta blanca dada por el presidente, los incendios para destinar esas tierras a ganadería se suceden. Las tradicionales “queimadas” -incendios provocados por los hacendados a modo de despejar tierra para cultivo o para la formación de pasto para el ganado- son el denominador común, y frecuentemente se salen de control.

A ello se suma que las temperaturas en la superficie del Océano Atlántico son más cálidas de lo normal, lo que aleja la humedad de la selva amazónica, generando paisajes secos que se convierten en el escenario ideal para la propagación de las llamas. Los incendios impactan a su vez en los glaciares de la cordillera de los Andes, ya que cuando se quema la Amazonía y el Pantanal todo el hollín que se produce hace que los glaciares cordilleranos sean más oscuros, absorban más calor y se derritan más rápido.

En las llamadas “cabeceras” del Pantanal ya ha sido deforestado el 55% del recurso existente, apunta un estudio de WWF. Esta deforestación para monocultivos de soja o ganadería erosiona los suelos e impide la absorción del agua de lluvias. Esta acaba escurriéndose hacia los ríos y arrastrando sedimentos que engrosan sus lechos, lo que disminuye la calidad del agua y por consiguiente afecta la vida de peces y plantas subacuáticas.

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Bolsonaro y la deforestación

Los incendios y la deforestación siguen aumentando en la selva amazónica sin que haya política alguna, ni local a nivel continental, para combatirlos. Bolsonaro subordinó las agencias ambientales al Ejército, y hoy no existe un aparato de fiscalización que actúe en la selva para impedir los desmontes. En abril, el ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, declaró que había que aprovechar la cuarentena para cambiar las leyes ambientales sin que la Justicia se entrometa, aprovechando que la atención de la prensa está volcada casi exclusivamente en el Covid-19 para simplificar las normas ambientales.

Actualmente, un proyecto de ley para regularizar propiedades agrícolas ilegales en tierras públicas de Brasil genera temores de una intensificación de la deforestación y de los conflictos agrarios, en especial en la Amazonía. La ocupación desordenada de unos 600.000 km2 de tierras públicas para actividades agropecuarias o de explotación de los recursos del suelo cobró impulso desde la dictadura militar (1964-1985), pero sin otorgar sistemáticamente escrituras de propiedad.

Ese vacío jurídico estimuló a los especuladores, que acaparan y deforestan esas tierras para venderlas con documentos falsos. Ese tipo de fraude es causante de una deforestación descontrolada y de violentas disputas territoriales. El gobierno de Lula da Silva lanzó en 2009 el programa “tierra legal” con el objetivo de legalizar unas 150.000 propiedades ocupadas antes de diciembre de 2004, pero dicho plan llegó a completarse en sólo un 20%. En 2017 se flexibilizaron las reglas y con la llegada del actual gobierno los procesos de regularización se suspendieron. Incluso se ha cambiado la superficie que se libraría de verificaciones desde 440 a 1.650 hectáreas.

La política de Bolsonaro, al igual que el gobierno argentino pretenden que el bosque nativo deje su lugar a tierras para cultivos o el engorde animal, lo convierte en responsable directo de los daños ambientales que se generan y que dan origen a inundaciones o desiertos. El Pantanal se encuentra en peligro.

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