22/10/2020

En Salta eliminan las audiencias y las evaluaciones de impacto ambiental

Sáenz profundiza la política que llevó al desmontes de miles y miles de hectáreas.

En la provincia de Salta, el gobernador Gustavo Sáenz continúa la política de sus antecesores Juan Carlos Romero y Juan Manuel Urtubey que llevó a que los desmontes arrasaran miles y miles de hectáreas. Entre las cuatro provincias de la región chaqueña, Salta ocupa el segundo lugar en tierras deforestadas.

Con una reciente disposición, Sáenz flexibilizó los controles en materia medioambiental respecto a los Planes de Cambio de Uso de Suelo (PCUS), burlándose de lo establecido por ley nacional. La resolución Nº 333 de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, a cargo de Alejandro Aldazabal, fija que las empresas que presenten proyectos con «baja intervención e intensidad sobre el bosque y/o impacto ambiental y social» quedarán exceptuadas de la celebración de una audiencia pública. En igual sentido, los proyectos de manejo de bosques nativos con ganadería integrada inferiores a 1.500 hectáreas no deberán realizar evaluación de impacto ambiental y social.

Dicha Secretaría depende del Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable, conducido por el extitular del PRO en la provincia, Martín De los Ríos. En su Ley de Ambiente N° 7070, los desmontes de hasta 300 hectáreas no precisan de audiencia pública, y por lo tanto quienes buscaban superficies mayores recurrían a sucesivas unidades de 300 hectáreas para evitar los estudios y evaluaciones de impacto ambiental.

Lo que el gobierno persigue con esta resolución es aprobar pedidos de desmonte en zonas prohibidas, flexibilizando los controles y procesos que los regulan. No obstante, ya habían establecido que las audiencias fueran virtuales/digitales, con lo que prácticamente se aseguraban que no participaran las comunidades originarias o campesinas.

Esto contraría el artículo 22 de la Ley de Bosques (Ley 26.331) se establece que para el otorgamiento de la autorización de desmonte o de aprovechamiento sostenible la autoridad de aplicación de cada jurisdicción deberá someter el pedido de autorización a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental. La evaluación de impacto ambiental será obligatoria para el desmonte.

A la luz de esta avanzada, es más perentorio que la Comisión de Ambiente de la Cámara de Diputados de la Nación trate inmediatamente el proyecto de ley que plantea la prohibición y suspensión de la deforestación en Argentina -incluida aquella autorizada previamente-, presentado por la diputada Romina Del Plá del Partido Obrero en el Frente de Izquierda. Una moratoria de los desmontes por dos años, prorrogables, junto a la adjudicación de un poder de veto a organizaciones y asambleas ambientales para frenar las rezonificaciones truchas, es fundamental para frenar la deforestación.

El avance de la frontera agropecuaria para proyectos ganaderos y/o de cultivos de soja es la principal causa detrás de los desmontes, y por lo general los mismos propietarios de las tierras son los impulsores. Los gobiernos provinciales son cómplices de esta situación (conocen a los tenedores de tierras), conjuntamente con el organismo nacional responsable del manejo de la Ley de Bosques Nativos. Es una orientación de fondo del gobierno nacional y los mandatarios de todos los colores políticos, en búsqueda de dólares para pagar la deuda externa.

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