El ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, anunció con Sergio Uñac y Rodolfo Suárez, gobernadores de San Juan y Mendoza respectivamente, la firma de un convenio con la compañía de agua de Israel, Mekorot, para la realización de obras y la administración del recurso en sus provincias.

Estamos ante una medida de carácter privatista, que coloca la administración de un recurso estratégico en manos de una empresa extranjera. Mekorot provee el 80% del agua potable en Israel y el 70% del abastecimiento de agua. Los gobiernos buscan presentar esta entrega como una “solución” a la crisis hídrica que tiene lugar en las provincias, la cual no ha parado de agravarse. Sin embargo, la orientación social de su política está en la raíz del problema.

San Juan ha terminado el año 2021 con la mayor sequía de su historia, si se tienen en cuenta los registros de los últimos 100 años. Algunos analistas han dicho que en 2022 la pelea “por cada gota” disponible para producir en el campo, cuya superficie destinada al cultivo podría verse reducida, será inevitable. Los gobiernos nacionales y provinciales de las últimas décadas han incumplido alevosamente con la realización de varias obras propuestas para recuperar los canales de agua que han quedado en muchos casos destruidos.

El pejotista Uñac ha estado poniendo los recursos de la provincia a disposición de los negocios capitalistas de las empresas mineras, provocando desastres. En junio, vecinos del pueblo de Jáchal denunciaron que la canadiense Barrick Gold ha vuelto a derramar desechos tóxicos en las aguas regionales. Uñac y la mina Veladero han negado las acusaciones, en una provincia en la que el desastroso derrame de 2015 fue zanjado con multas irrisorias. Esto, luego del veto presidencial de Cristina Kirchner a la Ley de Glaciares, popularmente denominado como “veto Barrick”.

Las sequías están conduciendo a un retroceso de las condiciones de vida de los trabajadores. Mendoza, por su parte, está asistiendo a la crisis hídrica más importante de los últimos 30 años, la oferta de agua en el territorio es un 30% inferior al promedio histórico lo que tiene a la región sureña como una de las más afectadas. Los pronósticos que elaboran especialistas en el tópico vienen indicando que el futuro de los ríos mendocinos estará caracterizado por la sequía, en una provincia donde el consumo de agua es extremadamente grande.

En Mendoza, el lobby de las mineras viene presionando fuertemente por la habilitación del uso de sustancias tóxicas como cianuro y por avanzar en la explotación a gran escala y a cielo abierto. El pueblo mendocino protagonizó a fines de 2019 una rebelión popular que le asestó un golpe demoledor al pacto entre la UCR y el PJ para modificar la ley 7.722 y darle lugar a la megaminería contaminante, golpeando a su vez a un Alberto Fernández recién asumido que prometía un “boom minero”. Ese levantamiento fue sucedido por hechos muy similares en Chubut. Contra esta voluntad popular, el gobierno nacional insiste con nuevos beneficios a las multinacionales mineras.

El convenio con esta empresa asociada al Estado sionista está al servicio de esta orientación económica y social que condena a los pueblos a verdaderas catástrofes. De Pedro, que para defender el acuerdo habló de tejer “un gran consenso argentino” en el que no incluye a las comunidades, los trabajadores, los científicos y los técnicos de las provincias, fue meses atrás la cabeza de una comitiva que viajó a Israel a explorar este tipo de acuerdos.

Mientras tanto, Sergio Massa se encuentra de gira por Estados Unidos intentando ganarse un apoyo mayor del imperialismo para aplicar un ajuste antiobrero en Argentina. El ministro de Economía se reunirá, asimismo, con representantes del sionismo. El hecho de que De Pedro haya sido una pieza fundamental en el acuerdo con la burguesía sionista puso de relieve una vez más el compromiso del kirchnerismo con la entrega del país.

Solo un control del agua y de la economía por parte de los trabajadores puede terminar con la crisis hídrica y la contaminación del ambiente.

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