Ambiente
13/11/2025
CORDOBA
Especulación inmobiliaria en el perilago de Cruz del Eje
Un proyecto conflictivo para las comunidades preexistentes, a quienes el gobierno desconoce sistemáticamente.
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Imagen: Gentileza.
Con un presupuesto oficial de más de 12.500 millones de pesos y un plazo de ejecución de 12 meses, comenzó la obra de pavimentación de 10 km del camino del perilago Cruz del Eje para facilitar el acceso al hotel de 60 habitaciones que allí se emplazará. El conflicto social comenzó a emerger ante las prioridades del PJ y sus acostumbradas prácticas desleales.
En diciembre pasado, durante la inauguración del Centro Cívico de Cruz del Eje, el gobernador Martín Llaryora anunció obras para la región como parte del Programa de Igualdad Territorial, presentado con énfasis en la búsqueda de equilibrio en el desarrollo en las regiones noroeste y sur de la provincia.
Según consta en registros de la cartera de Ambiente de la provincia, es posible analizar notas y estudios presentados por el proponente del Plan Integral de Promoción y Desarrollo Regional del Perilago de Cruz del Eje, el presidente de la Lotería de la Provincia de Córdoba, David Mauricio Urreta. En el Estudio de Impacto Ambiental realizado por la empresa Geotellus (misma de otros desarrollos inmobiliarios controvertidos, como el Terrón 2) consta que el proyecto integral consiste en obras públicas interconectadas, desde la pavimentación vial a obras de infraestructura hídrica: dos perforaciones para la captación de agua subterránea y la construcción de una planta potabilizadora, junto con una planta de tratamiento de efluentes cloacales (ambas diseñadas para una demanda estimada de 500 personas), y la construcción de un hotel de 60 habitaciones con una sala de usos múltiples -en el pliego original se hablaba básicamente de un casino-, además de incluir un restaurante y piscina.
Para cuando Llaryora anunciaba la Igualdad Territorial el pliego de alternativas, el preliminar de antecedentes arqueológicos, la obra básica de saneamiento del perilago ya tenía curso, igual que la conformación de la sociedad anónima que lleva a Urreta como presidente. Meses después, en un año electoral y de renovación de promesas se aprueba la ley 11.062 de promoción económica para los sectores industrial, de fomento y desarrollo turístico, sector primario y salud; con una endulzada exención tributaria (100% para turismo) y reducción de impuestos.
Dato de color: meses antes de los debates que la Legislatura provincial abordara en este tema particular, en Laboulaye primero, y Cruz del Eje luego, el proponente informó por nota a la ministra Victoria Flores cambios surgidos en la presentación de inicio respecto del uso que la sociedad que preside realizará en el lote fracción del terreno emplazado en el sector norte del perilago, pasando de hotel con sala de juegos a un hotel con un salón de usos múltiples, convenciones y/o actividades afines. Cuestión no menor, pues en la redacción de dicha ley queda establecida la excepcionalidad de esos beneficios a aquellas personas humanas o jurídicas que realicen la actividad de explotación de juegos de azar, carreras de caballos y similares.
El despliegue del proyecto sobre un territorio de alta sensibilidad ambiental y arqueológica, más la falsa apariencia de una participación ciudadana (ya que las audiencias públicas no pasan de un trámite administrativo, pues no son vinculantes o, como en esta ocasión, fue convocada con la liviandad de un título que no anunciaba de qué se trataba en concreto el proyecto) y la ligereza para otorgar la licencia ambiental, fueron los ingredientes suficientes para que el conflicto social emergiera.
En una zona caracterizada por la poca frecuencia pluvial, la falta de agua es una cuestión cotidiana para los habitantes de la región, pues se acentúa año a año de la mano del desmonte a favor de la especulación inmobiliaria y el avance de la frontera agropecuaria. Este proyecto va en ese sentido. Enclavado en una zona de transición entre roja y amarilla, colindante con una escuela secundaria de orientación agropecuaria, resulta conflictivo para las comunidades preexistentes a quienes este gobierno desconoce sistemáticamente (Cerro Azul, naciente del Yuspe y otras); es preocupante para quienes vimos con transmisión en vivo el desarraigo de un centenario quebracho a cambio de unos metros de cemento, escena que en la actualidad se repite por kilómetros. No presenta transparencia para los habitantes en general de un territorio al que se lo olvida en cuestiones de salud, educación, transporte y obras sanitarias, por mencionar algunas.
Ante la mala costumbre de otorgar licencia ambiental sin la previa consulta de las necesidades locales, ante la prevalencia del llamado a inversores con garantías propias del capitalismo, los vecinos autoconvocados de Cruz del Eje y San Marcos fueron a la acción directa frente al avance de las topadoras, porque con firmeza explican que no hay licencia social y llaman al cese inmediato de la actividad en toda la obra porque no hay consenso genuino.
