Ambiente
7/11/2025
Un ataque a la Ley de Glaciares metido de contrabando en el Presupuesto 2026
El gobierno buscaría introducir dos artículos para desligarse del impacto ambiental de las explotaciones mineras.
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Una política contaminadora y entreguista.
Como parte de su intento por satisfacer las condiciones que exigen las mineras además del Rigi, el gobierno de Milei buscaría avanzar contra la Ley de Glaciares. Según una columnista de La Nación (6/11), Sturzenegger tendría previsto incorporar dos artículos en la Ley de Presupuesto 2026 para desentenderse de la responsabilidad en la preservación de los mismos. Una política de vía libre para un mayor saqueo de las riquezas naturales, cuyas consecuencias pueden llegar a ser desastrosas, en beneficio de un puñado de multinacionales.
El Rigi ya contiene, además de prebendas cambiarias para los capitalistas que realicen inversiones de 200 millones de dólares o más, permiso para pasar por encima de normativas ambientales locales y prioridad en el uso de agua y energía; además, establece como instancia para eventuales disputas judiciales por pasivos ambientales a los tribunales internacionales (Ciadi) defensores de las multinacionales. Es decir, están protegidos si provocan desastre ambientales; contaminan ríos, suelos y acuíferos, o si destruyen glaciares o provocan la extinción de una especie.
La Ley de Glaciares, que fue sancionada tras una intensa lucha popular, estipula la protección de glaciares y del ambiente periglacial, prohibiendo que en esas geoformas se lleven adelante actividades mineras, hidrocarburíferas, industriales e inmobiliarias; las que justamente busca promover el gobierno mediante el Rigi. Según la versión periodística, la modificación que pretende introducir el gobierno consiste en desligar a la Nación de la responsabilidad del impacto ambiental de las explotaciones, dejando que toda supervisión corra por cuenta de las provincias.
Es decir que el único control estaría a cargo de los gobernadores promotores de la explotación extractivista (como sucede con la Ley de Bosques), que recibirán al embajador de Trump que presionará por la entrega de los minerales a las multinacionales yanquis. El tema es que estos pulpos reclaman plena "seguridad jurídica".
El historial de los capitalistas en materia de contaminación ambiental es dantesco. Uno de los ejemplos más ilustrativos en este sentido es el derrame que en 2015 tuvo lugar en San Juan, en la mina Veladero. La Barrick Gold vertió millones de litros de cianuro y mercurio en el agua, contaminando cinco ríos. No hubo condena judicial alguna a los capitalistas y sus representantes políticos por el peor desastre minero de la historia argentina. A raíz de esto, se conformó un movimiento de lucha que, a través de los años, fue conquistando reivindicaciones como la realización de monitoreos periódicos de agua en varios puntos del Río Jáchal.
Durante los años que transcurrieron se detectaron más derrames y el activismo ha denunciado que aumentaron los casos de cáncer por el consumo de agua contaminada. Las mineras no solo contaminan el agua sino que la utilizan en cantidades industriales. Según datos del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, “cada tonelada de carbonato de litio extraído y procesado requiere dos millones de litros de agua, que es más o menos la cantidad de agua necesaria para llenar una pileta olímpica. Ahora imaginemos que para junio de 2023 se produjeron alrededor mil toneladas de carbonato de litio según datos del Indec y para junio de este año se dobló la producción” (Politicar, 28/10/2024).
Lo mismo ocurre con las gasíferas y las petroleras que utilizan el fracking para perforar pozos. “YPF y Vista Energy -los que más perforaron en 2024- hicieron 126 pozos para el fracking. El proceso requiere hacer agujeros y disparar una mezcla de agua y químicos para liberar y empujar hacia la superficie a gas y petróleo atrapado en las rocas”, señala el sitio web citado anteriormente. Cada pozo afecta aproximadamente 60.000 litros de agua.
La política del gobierno nacional puede terminar por provocar nuevos desastres ambientales. Las beneficiarias son las empresas capitalistas. Los perdedores son los trabajadores, de manera directa –con la contaminación en las regiones en las que se llevan a cabo los negocios– y de manera indirecta –con el robo y el saqueo, por parte de las multinacionales capitalistas, de los recursos y el dinero del país. La Ley de Glaciares fue burlada también por los gobiernos peronistas, incluso Cristina Kirchner llegó a vetarla. Milei se propone derogarla definitivamente o hacer que sea papel más que mojado.
Salgamos a luchar contra el saqueo capitalista.
