El anuncio de la puesta en marcha de un proyecto para la producción de hidrógeno verde en Tierra del Fuego, impulsado por la estadounidense MMEX Resources en asociación con la alemana Siemens, confirma que se trata de emprendimientos que poco aportan tanto a la sustentabilidad económica como ambiental del país.

Ejecutivos de la compañía norteamericana y funcionarios provinciales comunicaron una inversión de 500 millones de dólares para la activación del proyecto en la ciudad fueguina de Río Grande. Ello en sociedad con Siemens Energy, que tiene adjudicadas 4.000 hectáreas con un contrato de alquiler a 20 años para montar un parque eólico (de 160w al principio) y una planta de electrolisis.

La totalidad de la producción tendría como destino el exterior. “El objetivo será desarrollar una unidad de conversión de amoníaco o metanol de 300 toneladas diarias para exportaciones globales, que se realizarán a través de una infraestructura de carga marítima propia”, declaró el CEO de MMEX Resources Corporation, y agregó que la localización del emprendimiento responde a la facilidad para despachar cargamentos tanto al Pacífico como al Atlántico.

Esto quiere decir que se reproducirá el esquema de negocios de exportación desde puertos privados que hoy deriva en la subfacturación de las ventas externas y la fuga de divisas, incluyendo operaciones a precios menores a los internacionales como sucede especialmente con las mineras.

El otro motivo para la radicación en la provincia más austral del mundo es su régimen de Promoción Industrial Fueguina plagado de concesiones impositivas a las empresas, entre las que se incluyen la exención del IVA en compras y ventas, de los Derechos de Importación y del Impuesto a las Ganancias. En 2021, el costo tributario de este esquema habría sido de unos 150.000 millones de pesos.

Son ventajas que respaldan las exigencias de la australiana Fortescue, que condiciona su desembarco en Río Negro a la sanción de una ley de beneficios fiscales, creación de una zona franca y libertad para repatriar dólares sorteando el cepo cambiario. Este último es tal vez el aspecto más gravoso, y más conflictivo a la luz de la necesidad de acumular divisas para cumplir con el FMI -como se revela en el régimen especial que anunciaron para las petroleras permitiendo un parcial acceso al dólar oficial, pero sin terminar de entusiasmar a las compañías a que abandonen su huelga de inversiones.

De todo lo dicho se deriva que las aportaciones a la economía nacional serán escasas. Incluso el financiamiento de los 500 millones de dólares provendrá del BID, la CAF y bancos alemanes, y tendrán como garantía los contratos de provisión de hidrógeno verde a largo plazo; otra manifestación del dominio del capital financiero. Lo que sí quedará para la Argentina son los pasivos ambientales, ya que ni siquiera se han completado los estudios para determinar el impacto sobre las corrientes migratorias de aves que cruzan la zona, e incluso sobre el enorme y costoso consumo hídrico.

Que no se trata de un exceso de suspicacia lo confirma que se trata de una tendencia internacional, ya que como releva el Consejo Mundial de Energía se estima que Europa y otras potencias demandarán en los próximos años grandes cantidades de energía renovable pero todos los proyectos de este tipo se radican en países periféricos, entre los que se destaca la tendencia en Sudamérica.

Detrás de la promoción de la producción de hidrógeno verde, publicitados como parte de una transformación energética hacia la sustentabilidad, vemos que se trata de emprendimientos de tipo colonial, al servicio de negocios de exportación de grandes multinacionales, que nos cargan con los costos ambientales en nombre de contribuir a la mitigación del cambio climático sin dejarnos ni los dólares ni la energía.

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