La Ley de Humedales volvió al freezer en la Cámara de Diputados, después de una ofensiva del lobby agropecuario y minero en una reunión de la Comisión de Agricultura y Ganadería convocada para contrarrestar lo que parecía un dictamen seguro del proyecto apoyado por los movimientos ambientales.

Allí los funcionarios del Inta fueron a atacar abiertamente la ley y a defender los intereses del capital agrario. Iniciaron un ataque en regla a cualquier ley que limite la extensión de la explotación capitalista a costa de los humedales, sin privarse de destacar la “importancia económica de los humedales”, bregando contra los proyectos que fueran “muy ambientalistas” y enumerando las provincias y actividades que se verían afectadas en caso de aprobarse un proyecto que tuviera “tanto detalle en restricciones y prohibiciones”. La falta de restricciones a la explotación intensiva de los humedales es lo que ha producido su degradación a escala internacional, de la que Argentina no ha escapado, todo lo contrario.

Utilizando una aplicación y Google Earth, el Inta determinó que los humedales ocupan “solo el 9% del territorio nacional” (verificó en campo solo un 30%), intentando refutar los estudios científicos realizados en los últimos diez años que calculan que su superficie abarca un 23% del país. Esto apunta a condicionar los futuros inventarios que se realicen para dejar grandes espacios de humedales o paisajes de humedales sin preservación.

De acuerdo al informe, se desarrolla frutihorticultura de exportación en los valles irrigados de la Patagonia y Cuyo, y que sería de importancia económica estratégica la minería del litio en el noroeste del país (NOA) y de turba en Tierra del Fuego. Lo es, claro, para los pulpos mineros internacionales, para los acreedores y el FMI. Así lo ratificó el representante de la cámara minera, que extorsionó con los dólares que Argentina necesita y amenazó con los 85.000 puestos de trabajo que se perderían.

El Inta confirmó con su informe la intensidad con que vienen explotándose los humedales. El 52% de ellos se encuentra en las provincias del litoral: Santa Fe, Chaco y Formosa. Allí se encuentra el 100% de la producción de arroz y el 35% de la ganadería bovina del país, que se exporta en su totalidad. En la Patagonia concentran el 65% del stock ovino de la región y el 35% del país.

No hay duda que tanta actividad económica lleva a que en los humedales viva una parte importante de la población agraria (60% de la población del Chaco, 41% de la de Corrientes). Esta comprobación fue utilizada para amenazar con que cualquier ley restrictiva produciría una catástrofe social de grandes dimensiones, como si quienes viven y trabajan en los humedales para el agronegocio no sufrieran ya las consecuencias ambientales en su salud y condiciones de vida. Son los pueblos con sus aguas contaminadas, los trabajadores fumigados, los inundados, los incendiados.

En todos los casos y en nombre del federalismo, todos plantearon la necesidad de que el inventario quede en manos de los gobiernos provinciales, algo que ya contempla el proyecto consensuado y que, en realidad, como en el caso de la Ley de Bosques, pone al zorro a cargo del gallinero.

¿Afectar la producción?

Los lobbys patronales de la minería y el agro amenazan con un cataclismo económico si se sanciona la Ley de Humedales. Pero el proyecto consensuado de Ley de Humedales toma el modelo de la Ley de Bosques Glaciares, que establece restricciones de uso y niveles de conservación sobre un inventario de humedales. Específicamente, para la habilitación de nuevas actividades pide estudios de impacto ambiental, algo que la Ley General de Ambiente establece que son presentados por las propias empresas. Hasta la realización de dicho inventario, en tanto, no se permiten nuevas actividades, pero sí la continuidad de actividades previas.

Sin afectar en mayor o menor escala la producción incremental, es imposible frenar la destrucción ambiental a la que son sometidos los humedales. En eso consiste parte del problema. Sin embargo, la ley no hará colapsar ninguna actividad productiva, por el contrario, establece mayores restricciones dentro de un marco de continuidad del tipo de explotación actual. El planteo de los lobbys patronales extorsiona con fuentes de trabajo que no van a perderse para, en realidad, zafar de cualquier tipo de regulación y no asumir los costos de ningún tipo de reconversión.

Como ocurriera con la Ley de Glaciares y Bosques, los bloques capitalistas en el Congreso quieren zafar de la presión del movimiento ambiental con una ley que consagre la supremacía del capital y sus ganancias sobre cualquier consideración ambiental en nombre de conciliar ambas cosas. En esto parecen estar de acuerdo todos, por eso hasta el proyecto más permisivo se titula “Presupuestos Mínimos para la Protección y Conservación de los Humedales”.

La zonificación (áreas verdes, amarillas y rojas) en manos de los gobiernos provinciales permite aplicar criterios siempre favorables a la depredación forestal. Se cambia la zonificación, no se persigue al desmonte ilegal. La deforestación continúa imparable.

Según la Dirección Nacional de Bosques, desde que se promulgó la ley se perdieron 3.500.000 hectáreas, el 43% del bosque nativo. Desde el Partido Obrero denunciamos esta trampa en tiempo real, y presentamos un proyecto propio por la prohibición de los desmontes.

Una salida socialista

La producción agraria como la actividad industrial son indispensables para la subsistencia y el desarrollo humanos. No existe una contradicción en sí misma entre ellas y el cuidado y sustentabilidad del ambiente. Lo que existe es una contradicción insuperable entre los intereses depredatorios del capital y las necesidades de la población trabajadora y de la humanidad en general.

El fracaso reiterado en la aprobación de la Ley de Humedales es el resultado de la postración de todos los bloques a las exigencias del lobby capitalista. Tal como lo advirtió Romina Del Plá en sus intervenciones, las invocaciones a las empresas para que tengan conciencia ambiental solo pueden conducir a mutilar el proyecto de consenso que reivindica el movimiento ambientalista.

La transición hacia una economía respetuosa del ambiente es incompatible con estos intereses. El capitalismo no puede autoregularse, menos aún en su etapa de descomposición. Son los explotados quienes han logrado frenar la destrucción del ambiente con inmensas movilizaciones. Serán los trabajadores, en los territorios, defendiendo un uso racional de los bienes comunes y con una intervención directa en la gestión de los mismos los que pueden resolver esta ecuación. En aquellas zonas de humedales que desarrollan actividades productivas se deberán organizar Comisiones de Evaluación y Control Ambiental con poder de veto, electos democráticamente, integradas por vecinos, trabajadores, organizaciónes académicas, cientificas y ambientales. Las leyes que restringen actividades son una defensa parcial y condicionada del ambiente, pero no van a fondo porque no tocan el corazón de la organización capitalista de la producción agraria: la propiedad privada de la tierra.

El proyecto del Frente de Izquierda – Unidad establece restricciones mayores al que se está tratando, así como más presupuesto y mayor injerencia de las comunidades en la determinación de las actividades permitidas. A diferencia del proyecto firmado por Grosso, establece que serán considerados de manera inmediata como humedales todos aquellos inventariados por la Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional (Ramsar) y los que sean de público conocimiento y reportados como tales por las organizaciones socioambientales o de lucha junto con la comunidad científica y las organizaciones académicas y socioambientales de una metodología común a ser utilizada. Este planteo permitiría superar muchos de los baches legales que presenta el proyecto consensuado y que permitirían continuar con la depredación del ambiente.

El capitalismo ha desarrollado las condiciones técnicas para producir sin contaminar, solo que utilizar esas herramientas encarece los costos disminuyendo la rentabilidad de los capitalistas. Solo la lógica del lucro individual conspira contra la necesidad colectiva de vivir bien. Redoblemos la movilización ambiental en defensa de los humedales.