Ambiente

29/9/2022

Diputados

El oficialismo y la oposición volvieron a pactar el cajoneo de la Ley de Humedales

En medio de los incendios, se impone el bloqueo de los gobernadores, las mineras y la Mesa de Enlace.

Redoblemos la movilización popular.

Después de que en una sesión de Diputados se votara emplazar a las comisiones al tratamiento de la Ley de Humedales, bajo la presión de los incendios y la movilización ambiental, el oficialismo y la oposición volvieron a pactar el cajoneo de los proyectos suspendiendo a última hora el plenario de comisiones que iba a realizarse este jueves 29 de septiembre. Es otra muestra de un Congreso a merced del lobby de los grupos capitalistas que explotan las riquezas del suelo y el subsuelo de nuestro país, tras el rechazo que expresaron la Mesa de Enlace y la cámara de las mineras. Una concentración reclamó la sanción inmediata de la ley para proteger la biodiversidad y la salud de la población.

Luego de que la reunión conjunta del 22 entre las comisiones de Recursos Naturales, Presupuesto y Agricultura y Ganadería resolviera pasar a un cuarto intermedio para este 29 sin dictaminar sobre el proyecto, por la tarde del miércoles 28 se firmó un acuerdo entre legisladores del Frente de Todos, el PRO, el radicalismo, la Coalición Cívica y hasta Margarita Stolbizer que vuelve a postergar el tratamiento. El pretexto es habilitar una nueva instancia para que expongan los gobernadores que se oponen a la Ley de Humedales, lo cual ocurre cuando los mandatarios de todas las provincias del norte se encuentran en Estados Unidos ofreciendo garantías a las multinacionales para rematar el litio y otras materias primas.

Se confirman así las dilaciones que en aquel plenario de comisiones denunció Romina Del Plá, la diputada del Partido Obrero en el Frente de Izquierda que advirtió que el debate ya fue realizado y que es un extendido reclamo de la población, llamando a que se vote el dictamen que el año pasado unificó catorce proyectos de todos los bloques -y que luego perdería estado parlamentario por la negativa de llevarlo a sesión.

El martes 27 se había reunido la Comisión de Agricultura y Ganadería, donde se montó una tribuna del lobby patronal contra lo que parecía un dictamen inminente favorable al proyecto de consenso. Desfilaron allí todas las organizaciones empresariales del campo, empezando por la Mesa de Enlace, rechazando toda relación entre las quemas de humedales y el capital agrario, así como advirtieron que una ley no iba a detenerlos.

Ya el giro de una ley ambiental a esta comisión de los agronegocios revela la unidad de intereses entre el gobierno y la patronal agraria, hoy beneficiada con el “dólar soja”. Pero esta confluencia se hizo notoria cuando Ricardo Buryaile, el exministro de Agroindustria macrista que preside la comisión, inició la reunión remitiendo a un informe del Inta que trajo la novedad de que los humedales abarcarían el 9% del territorio nacional y no el 23% como lo han definido 10 años de estudios de la comunidad científica. También sostuvo que el proyecto de consenso es “demasiado ambientalista”.

Las empresas afectadas por juicios ambientales planteó directamente que debe considerarse como su derecho adquirido todo humedal que actualmente esté bajo explotación, en ejecución o cuente ya con estudios de impacto ambiental (que elaboran las mismas empresas). “No deben establecerse prohibiciones”, sostuvieron, y exigieron que las restricciones al uso de productos fitosanitarios “solo afecte aquellas actividades que no cuentan con la aprobación de la autoridad agrícola”, o sea del Inta colonizado por el lobby agrario.

La cámara minera no se preocupó siquiera en hablar de los humedales. Sus voceros de limitaron a afirmar que sería perjudicial para las divisas que generan, cuando el gobierno desespera por juntar los dólares para pagar la deuda. También advirtieron el riesgo de limitar la extracción de litio y cobre, cuando su demanda y precio internacional crece, y finalmente amenazaron con que se perderían 85.000 puestos de trabajo si no se garantizan sus condiciones. Son las firmas que se benefician de la impunidad en las demandas por el envenenamiento de ríos y cursos de agua, y a las cuales les ofrecen un régimen especial de menores impuestos y libertad para acceder a dólares baratos para fugar sus ganancias al exterior.

En realidad, quienes agitan el riesgo de un desempleo masivo si se protegen los humedales niegan las pérdidas económicas y humanas que ocasionan los incendios, los derrames de la industria petrolera y minera, los daños a la salud de las poblaciones afectadas por las fumigaciones y el humo. Ahora abrirán nuevas instancias para que expongan más opositores a la norma en cuestión. Es una oportunidad que aprovechan el ministro de Ambiente, Juan Cabandié, y el presidente de la Comisión de Recursos Naturales, Leonardo Grosso, para plantear que se vote el nuevo proyecto del gobierno, que está muy por detrás de los puntos acordados en el dictamen unificado el año pasado. Debemos derrotar esta maniobra.

Sigamos movilizados para arrancar la urgente sanción de la Ley de Humedales. Al lobby patronal y el pacto del Frente de Todos con Juntos por el Cambio responderemos con nuevas acciones en defensa del ambiente y la vida.