Ambiente
10/3/2026
Importante conversatorio en Diputados contra la modificación de la Ley de Glaciares
Preparamos un masivo rechazo al proyecto del gobierno hacia la audiencia pública oficial.
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Diputados del Frente de Izquierda.
El viernes 6 de marzo se desarrolló en la Cámara de Diputados un conversatorio convocado por el bloque del Frente de Izquierda a pedido de diversas organizaciones ambientalistas para rechazar la modificación de la Ley de Glaciares que impulsa el gobierno y que tiene media sanción del Senado.
El conversatorio había comenzado a organizarse antes que se convocara a una audiencia pública oficial de las comisiones de Ambiente y de Asuntos Constitucionales. Se extendió a lo largo de tres horas, con la participación de organizaciones socioambientales, asambleas y comunidades de todo el país, especialistas y científicos relacionados a la temática, referentes de la cultura y diputados del Frente de Izquierda (Romina Del Plá, Néstor Pitrola, Nicolás Del Caño y Myriam Bregman), de Unión por la Patria (Adriana Serquis, Carlos Castagnetto) y de la Coalición Cívica (Maximiliano Ferraro). Se expresó un rechazo unánime al proyecto del gobierno nacional con numerosísimos argumentos, particularmente con la denuncia de la depredación ambiental que quieren profundizar.
Entre los presentes estuvieron Enrique Viale, de abogados ambientalistas; Guillermo Folguera, biólogo e investigador del Conicet; Alicia Rodríguez, ingeniera con 15 años de trabajo en la dirección nacional de recursos hídricos e integrante de Tribuna Ambiental; Maristella Svampa, investigadora superior del Conicet; María Cecilia Costa, autora del libro Dictaduras Mineras e integrante de la asamblea No a la Mina; Pablo Bergel, del grupo Pacha; Juan Pablo Piñeiro, de Greenpeace; entre otros. También hubo una importante participación de referentes y personalidades de la cultura, como Laura Azcurra, Celina Font, Julieta Díaz, Guillermo Bonetto y Valentina Cooke.
La participación de manera virtual permitió que se expresen algunos especialistas más, como Ricardo Villalba, exdirector del Ianiglia, e integrantes de las asambleas socioambientales y comunidades de distintas provincias, que expusieron en la mayoría de los casos las experiencias concretas de lucha contra proyectos mineros que amenazan las fuentes de agua y los territorios. Entre los expositores virtuales estuvieron Marcelo Giraud y Federico Soria, activistas ambientales de Mendoza; Maximiliano Villarreal, abogado de derechos humanos y defensor de ambientalistas en esa misma provincia; Daniela Pazos, de la Asamblea No a la Mina de Esquel; Gustavo Romero, de la Asamblea por el Agua de Comodoro Rivadavia; Sergio Martínez, de la asamblea El Algarrobo de Catamarca; Saúl Zeballos, de la Asamblea Jáchal No Se Toca; entre otros.
En su intervención al comienzo del conversatorio, Romina Del Plá informó que la bancada del Frente de Izquierda Unidad presentó ese mismo día un proyecto de repudio a las ocho causas penales que pesan sobre 52 luchadores y luchadoras ambientales en cuatro provincias: Mendoza, Catamarca, Chubut y Córdoba. El reclamo por el cierre de esas causas resulta muy importante, porque justamente en los últimos años la persecución judicial a los luchadores es utilizada como una herramienta de amedrentamiento del Estado al servicio del lobby minero.
Un proyecto para darle rienda suelta a la megaminería
Como denunció Romina Del Plá “con lo que pretenden avanzar es con una derogación de la Ley de Glaciares, no una simple modificación”. Sucede que al redefinir las zonas protegidas, excluyendo a los ambientes periglaciares, y dejando la definición de zona protegida al arbitrio de los gobiernos provinciales pro-mineros, la ley de “protección de glaciares” quedaría virtualmente obsoleta.
Una modificación de este tipo, como plantearon distintos oradores, ampliaría el alcance de proyectos que ya avanzaron gracias a los límites de la ley actual, como Los Azules, El Pachón y José María-Vicuña sobre glaciares y ambiente periglaciar, y al mismo tiempo funcionaría como mecanismo de convalidación de proyectos mineros que ya han sido aprobados pero que violan la Ley de Glaciares. En el caso del proyecto Vicuña, algunos oradores como Enrique Viale recordaron especialmente que la empresa que está detrás del mismo, BHP, “tiene prontuario”, ya que “arrasó con un pueblo entero en Brasil y mató a 30 personas”. Sin irnos de Argentina, varios oradores mencionaron el derrame de la mina Veladero a manos de la Barrick Gold en 2015, que contaminó cinco ríos y que sigue impune con la empresa aún operando la mina.
En las intervenciones también se desmintieron varios de los argumentos “oficiales” del proyecto. Por ejemplo, el que usó Milei en la apertura de sesiones ordinarias, donde afirmó que la minería generaría un millón de puestos de trabajo. Actualmente, con múltiples proyectos en marcha, solo hay 10.700 puestos de trabajo registrados en la minería metalífera a cielo abierto, según afirmó Svampa en su exposición, donde también recordó que el secretario de Minería del gobierno de Cristina Kirchner, Jorge Mayoral, prometió en su momento generar 500.000 puestos de trabajo con la megaminería, como parte de un “terrorismo estadístico” para imponer la depredación ambiental.
Muchas intervenciones también profundizaron en torno al universo que quieren afectar habilitando la megaminería. La ley actual, con falencias, protege el 0,3% del territorio continental argentino, pero que tiene una implicancia sobre más de un tercio del país, con 12 provincias y 7 millones de personas afectadas directamente, que reciben agua de deshielo. Como afirmó Folguera, la liquidación de los glaciares y el ambiente periglacial (que es un todo, como también se explicó), conlleva además la destrucción de los suelos cultivables y hasta de las abejas, que tienen vínculo directo con dos tercios de los alimentos que circulan en el país.
El objetivo de la iniciativa del gobierno es claro: brindar “seguridad jurídica” a los grandes grupos mineros y validar proyectos que ya se encuentran en marcha o que fueron objetados judicialmente por afectar áreas protegidas. En los hechos, se trata de la profundización de un modelo de saqueo de los recursos naturales en beneficio de las multinacionales que lleva décadas.
Incluso varios participantes señalaron que uno de los problemas de la ley actual es justamente que dejó abierta la puerta a interpretaciones que permitieron el avance de proyectos mineros en zonas sensibles. Lejos de corregir estas falencias para reforzar la protección ambiental, el gobierno pretende ir en el sentido contrario: flexibilizar aún más la normativa para facilitar el negocio extractivista.
Hacia la audiencia pública oficial: anotarse masivamente y salir a luchar
Menos de 48 horas antes del conversatorio se reunieron las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente junto con Asuntos Constitucionales para delinear el “plan de trabajo” parlamentario que tendrá el proyecto. Allí el oficialismo planteó la realización de una audiencia pública el 25 y 26 de marzo, que por supuesto no es vinculante.
Algunos medios titularon que de esta manera el oficialismo “hizo lugar” al pedido de ciertos bloques de la oposición de realizar un “debate democrático” con las audiencias. Algunos sectores opuestos a la ley lo celebraron, cuando de verdad lo que debemos reclamar es el rechazo de plano de un proyecto que no tiene nada “debatible” para el pueblo.
Hay que decir que la realidad es bien distinta, y que el gobierno no tiene un pelo de democrático. Para el oficialismo resultó conveniente la convocatoria para cumplir con los requisitos constitucionales y de normas con jerarquía supralegal, como es el caso del Acuerdo de Escazú, que el Estado argentino firmó y el Congreso aprobó en 2020. Las audiencias, entonces, persiguen el propósito de cumplir con la “participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales” (Escazú), para que luego no haya trabas jurídicas por ese lado si llega a ser aprobada la ley.
Más allá de ese límite clarísimo que tiene la instancia de la audiencia pública, es claro que una catarata de intervenciones contrarias a la modificación de la Ley de Glaciares en la misma puede jugar un papel importante, si se la combina con la lucha en las calles del movimiento ambiental en todo el país frente a su tratamiento. Según los últimos datos que trascendieron en pocas horas ya hay alrededor de 18.000 inscriptos para tomar la palabra, donde se estima una abrumadora mayoría por la no modificación de la ley.
Hasta el 20 de marzo es el plazo para inscribirse en la audiencia, y promovemos una participación masiva de todas las voces contrarias a este proyecto de depredación ambiental. Pero, como dijo Néstor Pitrola en su intervención en el conversatorio: “Nuestra expectativa es frenar este ataque en las calles y con la movilización popular, y aprovechar este momento en el que vuelven a comprar voluntades, como ocurrió con la reforma laboral, para impulsar una gran campaña en todo el país”. A organizar asambleas e instancias de lucha y movilización en todo el país. ¡La Ley de Glaciares no se toca!
