Este viernes 6 de mayo, distintos vecinos de Choya, en la ciudad de Andalgalá (Catamarca), recibieron citaciones para realizar la declaración indagatoria ante la Justicia provincial, en el marco de causas armadas por supuestas “lesiones leves agravado, daños agravados, atentado a la autoridad agravado”, tras la represión sufrida por activistas ambientalistas , quienes se manifestaron contra la explotación minera en la provincia.

Por la noche del martes 3, los activistas y organizaciones ambientalistas sufrieron una dura represión ordenada por el gobierno provincial, cuando se manifestaban contra el avance del proyecto minero Mara, en una región donde persiste la actividad extractivista, como es el caso de la cercana mina Agua Rica. Esta represión dejó el saldo de una activista detenida, Karina Orquera, luego liberada, gracias a la movilización popular.

Ahora la Justicia y el gobernador Jalil avanzan con la citación para tomar declaración indagatoria y la imputación sobre media docena de vecinos y activistas de Choyla, en una clara actitud amedrentadora y persecutoria contra quienes rechazan la extensión de la megamineria contaminante en la provincia, como ocurre con la lucha ambiental en otras provincias, como Chubut y Mendoza.

Las notificaciones, a su vez, se cursaron en los lugares de trabajo y estudio de los activistas, facilitando las represalias patronales e incluso disciplinarias que podrían producirse contra los manifestantes. Se trata de una ofensiva patronal, extractivista y de saqueo ambiental, impulsada por el gobierno catamarqueño y habilitada por el gobierno nacional y el Frente de Todos, en un comunicado escandaloso que avaló la represión contra los manifestantes.

Reclamamos el cese de las causas y la persecución contra los activistas ambientales y la detención de los proyectos extractivistas en la provincia.