Ambiente
4/9/2024
Incendios en Córdoba: es necesario prohibir el cambio de uso de suelo de zonas arrasadas
Sequía, vientos y la mano del negocio. Se impone la defensa del ambiente con un plan integral de remediación del ecosistema.
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Foto: La Voz
Septiembre comenzó con más de 10 focos de incendio en la provincia de Córdoba. En la zona de Calamuchita (El Durazno y Yacanto), decenas de personas fueron evacuadas ante la proximidad de las llamas. En Malagueño hubo movimiento de maquinarias y personas en las proximidades a Holcim. Además, hubo focos en la autopista Córdoba-Villa Carlos Paz; en Estación Juárez Celman; en cercanías de Falda del Carmen; en Cosquín; en cercanías de la autopista Córdoba-Rosario, a la altura de la localidad de Oncativo; en Salsipuedes, Villa del Totoral y Río Segundo.
Se habló de unos 260 bomberos, junto a 32 unidades móviles, seis aviones hidrantes y tres helicópteros, en la zona de Villa Yacanto, una de las más afectadas. Actualmente existe una persona detenida por “incendio culposo agravado”, quien sería una persona mayor.
Los incendios son una escena que se repite año a año. Las llamas devoran miles de hectáreas de sierras y monte. Luego, el mercado del desarrollo inmobiliario, el agronegocio, la explotación minera y hoy la pujante biotecnología avanzan. Aunque los portales de noticias expliquen la relación entre invierno, sequía, viento, fuego, y la negligencia de algún lugareño o turista, nada explica por qué aún no existe un verdadero plan de contingencia para estas fechas y sucesos. Todos los años es igual. Los brigadistas autogestionados (no bomberos) aportan esfuerzos extremos.
Este drama ambiental gira en torno a la cuestión del presupuesto subejecutado combinado con enmiendas y parches en leyes y resoluciones en relación al uso y protección del suelo y acuíferos. Sin embargo, los grandes proyectos desarrollistas, inmobiliarios, y agrarios, siguen desarrollándose, afectando a zonas rojas del bosque nativo, luego de los incendios. Casi fingiendo demencia, el vocero de la secretaría de Gestión de Riesgo Climático, Roberto Schreiner indicó: “Aparentemente, fue por una vivienda que se habría prendido fuego. Empezó a tirar chispas y agarró la vegetación del monte”. Trascendió que el incendio comenzó en horas de la madrugada.
No es secreto que Martín Llaryora se reunió con el grupo de entidades empresarias de Córdoba y del sector agropecuario donde expresó su deseo de captar grandes proyectos de desarrollo para aquellos sectores que se sumen a la iniciativa. Sus antecesores (Schiaretti-De la Sota) garantizaron la infraestructura vial con las autovías de Punilla y Paravachasca y la proyección de otras de menor envergadura, conformando un corredor estratégico de conectividad para el transporte de carga.
La flexibilización impositiva, aduanera y cambiaria favorece a los círculos de poder amigos del peronismo provincial hace años y sus negocios. Éstos proyectos afectan negativamente en cuestiones como el recurso agua. El peronismo provincial ha posado de ambientalista. Llaryora ha sido el abanderado de la “economía circular”. Pero lo que dice no es lo que hace. En los negocios inmobiliarios de las sierras chicas y los negocios agrarios de la provincia no existe siquiera un respeto a la ley de bosques, a la ley general de ambiente, ni hablar de una economía circular. En la provincia donde las obras de infraestructura han afectado los cursos de agua y la fauna y la flora local, por un mero fin de lucro. El Estado y las empresas, son responsables de los desastres ambientales de la provincia.
La política del gobierno ha sido la de perseguir y judicializar a los luchadores ambientales que se opusieron a la autovía en su momento. Esa es la dirección que toma el gobierno de LLaryora. Sigue a Milei, y si lo sigue niega el cambio climático. Sigue a Milei y persigue a los luchadores sociales y ambientales.
Plan de contingencia ya. Basta de negociados en detrimento del ambiente provincial. Es necesario establecer la prohibición de cambio de uso de suelo en zonas incendiadas, para impedir que la tierra arrasada sea presa de negociados inmobiliarios. Declarar zonas de protección y remediación ambiental a todo territorio alcanzado por las quemas e incendios durante los últimos años, esto como parte de un plan integral de remediación del ecosistema. Establecer un poder de veto y de control y seguimiento del cumplimiento de la remediación del suelo a las asambleas populares ambientales, que serán constituidas en forma directa por los trabajadores, las comunidades originarias y los pueblos de cada zona.