Los incendios en los departamentos de Tulumba y Sobremonte siguen avanzando, ya se quemaron más de 300 hectáreas. Según informaron fuentes oficiales, hay focos activos en zonas próximas a San José de la Dormida, Chuña Huasi y Caminiaga. Dos vecinos murieron a causa de los incendios, hay un vecino en grave estado y diez familias evacuadas.

Hay cientos de bomberos voluntarios trabajando denodadamente para extinguir el fuego. En este cuadro el pronóstico climático afirma que habrá un aumento de temperatura y un incremento en la velocidad del viento hacia el norte provincial.

Exactamente hace un año, denunciábamos desde las notas de Prensa Obrera que el gobierno de la provincia, luego de 10 días de incendios sostenidos, se aprontaba a lanzar una alerta amarilla, con un promedio de 100.000 hectáreas incendiadas hasta ese momento. Y fueron más de 300.000 hectáreas las consumidas por los fuegos del 2020.

Ayer, como hoy, corresponde seguir denunciando que las quemas no son resultado de la mala suerte, ni de un cambio climático que no reconoce autores ni responsabilidades. Las responsabilidades son fundamentalmente políticas porque intencionalmente quienes diseñan las leyes vacían de recursos necesarios la protección de bosques nativos. Es lo que expresa el Presupuesto 2022, que prevé destinar el 0,01% del total establecido por la ley para la protección de los bosques en áreas rojas y amarillas (el irrisorio monto de $22 por ha) mientras que los bosques cultivados contarán con $78/ha. Tamaña ridiculez se explica como respuesta de los gobiernos a los requerimientos del FMI.

Muerto el perro, se acabó la rabia

El desfinanciamiento e inoperancia en materia de preservación del bosque nativo favorece la introducción de estrategias de modificación de uso del suelo en beneficio de la especulación inmobiliaria, la minería y el avance del desarrollo tecnológico del campo, ampliando cada año la cantidad de hectáreas destinadas a estas prácticas y reduciendo cada vez más los manchones de cobertura vegetal a proteger. Sin mapas, inventarios y control de los bosques, las áreas protegidas quedan a merced de los incendios, de los desmontes con tala, topadoras, fuego o químicos. En ese sentido, el dicho popular “muerto el perro, se acabó la rabia” aplica a la situación del monte nativo.

Sin embargo, quienes defendemos el ambiente de manera integral sabemos la interrelación profunda entre incendios, crisis hídrica, pérdida de biodiversidad e intereses económicos. No nos conformamos con explicaciones que soslayan las responsabilidades políticas frente al cuadro que exhibe la provincia.

Nuevamente escribimos en defensa del ambiente, es decir, en defensa propia respecto de un régimen que avanza sobre la base de la depredación. Puesto que no hay una política para recuperar de conjunto las tierras arrasadas.

En este marco, es necesario la prohibición de cambio de uso de suelo y su control a manos de las asambleas populares y ambientalistas. El proyecto fue presentado por Soledad Díaz García, cuando ocupó la banca del FIT, y marcó una perspectiva que señala la ruta necesaria para defender el ambiente y revertir la impunidad de los gobiernos municipales y provincial.

Es necesaria una intervención independiente en defensa del ambiente, en las calles y en las urnas, por eso hay que acompañar la candidatura por diputadas de izquierda en el Congreso Nacional.

Basta de quemas, desmontes, agronegocio y especulación inmobiliaria. Basta de depredación ambiental a costa del pago de la deuda usuraria ¡Ni un muerto más en incendios forestales!