Las Sierras de Córdoba, desde el 22 de septiembre, atraviesan la décima jornada consecutiva de lucha contra el fuego. Por estas horas, continúan activos tres grandes focos que comprometen importantes superficies, se cuentan dos fallecidos entre las personas que voluntariamente intentan sofocar el fuego y se calcula que se han quemado cerca de 100 mil hectáreas de bosque nativo solo durante este año.

Según una investigación del Instituto Gulich (UNC-Conae), entre 1999 y 2017 se quemaron 700.385 hectáreas, equivalente a 12 veces la ciudad de Córdoba. Investigadores de este mismo instituto aseguran que los incendios son intencionales, las quemas se realizan para renovar la pastura, para desmontar y justificar posteriormente el cambio del uso del suelo y avanzar en emprendimientos inmobiliarios.

El propio gobierno provincial de Juan Schiaretti es garante de estas prácticas, para la especulación inmobiliaria, los negocios de la obra pública y la expansión de la frontera agro-ganadera. Los incendios pasados golpearon donde luego la provincia ejecutó el primer tramo de la autovía de montaña y se anuncia que está en marcha otro tramo. Solo para dar otro ejemplo reciente de cómo por la vía de excepción se viola la normativa de protección del bosque nativo, el 17 de septiembre, la Secretaría de Ambiente, mediante Resolución N° 227 publicada en el Boletín Oficial, autorizó a la Dirección Provincial de Vialidad a realizar las tareas de mantenimiento de la red vial que impliquen intervención sobre la vegetación, y caminos que se construyan bajo regímenes de fomento agrícola, ganadero, turístico o minero, sin necesidad de realizar estudio de impacto ambiental y en violación a la ley de Bosques.

 

 

Una demanda popular: “que no se cambie el uso del suelo”

Para terminar con las quemas intencionales se debe poner fin a los negocios que le dan origen. Así lo comprenden las organizaciones ambientales y el pueblo cordobés,que abrazaron como herramienta de organización el proyecto de ley presentado por la banca del Partido Obrero en el Frente de Izquierda, para la prohibición del cambio de uso de suelo de las zonas incendiadas.

La iniciativa rápidamente se viralizó en las redes sociales y en la mayoría de los medios de comunicación, principalmente de las comunidades afectadas. Desde su presentación, el 25 de septiembre, en el marco de la huelga internacional contra el cambio climático, se juntaron más de 11.000 firmas en apoyo al proyecto, lo que abrió una deliberación respecto de la campaña y las acciones necesarias para su aprobación.

Sin embargo, surgió también un lobby para bloquearlo. Los sectores desarrollistas inmobiliarios y sojero-ganaderos llamaron públicamente a no innovar, argumentando que en las leyes vigentes ya existe un límite al cambio de uso de suelo. También provinieron voces críticas desde otros sectores del campo del activismo ambiental, citando la existencia de leyes nacionales y planteando que era necesario luchar por su aplicación; como si esto no fuera lo que viene haciendo el movimiento ambiental de la provincia desde hace más de 15 años.

Pero la crítica de estos sectores, que llaman a mantener el statu quo, propone la parálisis cuando tampoco se han pronunciado contra las políticas de depredación ambiental que impulsa Alberto Fernández a nivel nacional para el pago de la deuda externa, no han criticado la resolución de Cancillería que baja aranceles para la importación de insumos para la fabricación de agrotóxicos, tampoco contra la avanzada megaminera en Chubut y, menos aún, contra el acuerdo con China para instalar una megafactoría de cerdos en el país. Una parálisis funcional a las políticas del gobierno depredatorias del ambiente.

La crítica maliciosamente omite un punto central del proyecto del FIT, que hace a la médula del problema. El proyecto, en su artículo 4, establece: “poder de veto, control y seguimiento del cumplimiento de la ley a las Asambleas Populares y Ambientales”.

Se trata de una cuestión fundamental. En las grandes luchas ambientales de la provincia, el eje vertebral de las conquistas fue la intervención independiente de las asambleas. La expulsión de Monsanto, el freno a Cartez (confederación rural) en 2016, la lucha contra los agrotóxicos y las fumigaciones, la movilización contra la autovía, se gestaron sin depositar expectativas en el gobierno y su justa aplicación de las leyes.

Desde Tribuna Ambiental y la banca del FIT tomamos la iniciativa al calor de las luchas, recogiendo los reclamos genuinos de las asambleas. Junto a cientos de activistas participamos en las últimas semanas de dos jornadas de lucha nacional contra el acuerdo porcino con China, de la huelga internacional contra el cambio climático y en cada concentración contra los incendios.

Vamos por un frente único en defensa del bosque nativo

El proyecto presentado es ante todo una iniciativa para reagrupar fuerzas y poner el eje en las asambleas ambientales como únicas garantes de la protección del suelo. Un disparador para movilizar a la población de Córdoba que se ha conmovido por este ecocidio.

Así lo entiende la población, por eso continuamos recogiendo adhesiones entre las que ya se cuentan numerosas asambleas, activistas reconocidos, personalidades, investigadores y científicos del Conicet. Con todos haremos la presentación ante la Legislatura y el gobierno de la provincia, convocamos a una audiencia pública y a la movilización para su tratamiento y aprobación.  Llamamos a impulsar esta herramienta de lucha, por un frente único para golpear como un solo puño contra la avanzada depredadora que impone el régimen capitalista.

https://prensaobrera.com/ambiente/cordoba-8-000-firmas-en-apoyo-al-proyecto-de-ley-por-la-prohibicion-de-cambio-de-uso-de-suelo-en-zonas-incendiadas/