Ambiente

12/3/2021

CHUBUT

Incendios en la Patagonia: Arcioni se suma a la campaña fascista para responsabilizar a los pueblos originarios

Replicó las denuncias del senador rionegrino Weretilneck y Pichetto.

Tras dos días de silencio, el gobernador de Chubut Mariano Arcioni brindó una conferencia de prensa en El Maitén, una de las localidades arrasadas por los incendios forestales que asolan la provincia y partes de Río Negro. Estuvo acompañado por varios intendentes de la zona, todo su gabinete y por el diputado nacional kirchnerista Santiago Igón.

Arcioni reconoció que aún permanecen activos tres focos en El Maitén, Lago Puelo y El Hoyo. También comunicó que los daños materiales incluyen más de 200 viviendas destruidas y que 1.000 personas están recibiendo “contención”. Agradeció los fondos del Tesoro Nacional enviado por el gobierno de Alberto Fernández como adelanto de la coparticipación, de 200 millones de pesos, cuando si tomamos el costo de construcción de una vivienda estimado por el Instituto Provincial de la Vivienda (4 millones) la partida apenas alcanzaría para financiar la recuperación de un cuarto de los hogares damnificados.

Lo más saliente sin embargo vino al momento de establecer el origen de los incendios. El gobernador declaró que las denuncias del senador y exgobernador rionegrino Alberto Weretilneck son “una hipótesis muy certera”, cuando este apuntó como responsables a “grupos mapuches radicalizados” relacionados con la RAM. Miguel Ángel Pichetto ya se había paseado por canales de televisión abonando esta teoría para criminalizar a las comunidades mapuche-tehuleche. No obstante, durante esta mañana el fiscal interviniente en la causa, de apellido Díaz Mayer, aseguró desconocer la existencia de dichas pruebas y dijo que eran cosas de “las redes sociales”. Arcioni ofreció una recompensa de tres millones de pesos para quienes brinden información sobre estos presuntos culpables, a quienes afirmó “deberá caerles todo el peso de la ley”.

Lo que esta campaña racista de criminalización busca ocultar es la responsabilidad estatal en el deterioro del tendido eléctrico que se ubica sobre los bosques, y que ya ha causado incendios (como los de Esquel en marzo de 2020) que no fueron investigados por la Justicia. Esto cuando el área de Servicios Públicos de la provincia se halla en la precariedad absoluta, sin insumos y con atrasos en el pago de sueldos, al igual que denuncian brigadistas y bomberos voluntarios.

A su vez, vecinos de las zonas afectadas señalan que los incendios podrían haber sido ocasionado por grandes terratenientes y especuladores inmobiliarios que tienen intereses en explotar esas tierras. Apuntan a los Lewis y Benetton, o los propietarios de las más de 187 concesiones de proyectos mineros en los bosques de Chubut y Río Negro, que se benefician con estas quemas.

Por otro lado, lo que este ataque a los pueblos pretende dejar en segundo plano es la enorme desinversión y reducción presupuestaria tanto a nivel provincial como nacional en torno a los Planes de Manejo del Fuego, Defensa Civil y Riesgos de Catástrofe. El Ministerio de Seguridad de la Nación ha recortado el presupuesto del área un 30% en términos nominales. También hay denuncias de exfuncionarios del Frente de Todos contra el ministro de Ambiente, Juan Cabandié, por subejecutar presupuestos del 2020 mientras en Argentina se quemaban más de un millón de hectáreas.

El contraste es total con las campañas de solidaridad para ayudar a las víctimas de los incendios, por parte de las y los trabajadores de la provincia y de otros puntos del país, se multiplican por miles. El nivel de autoorganización es muy destacado, y expresa una desconfianza popular hacia los gobiernos de turno.

Para esclarecer el verdadero origen de los incendios es necesaria una comisión investigadora independiente de todos los gobiernos, formada por las asambleas socioambientales, sindicatos, asambleas de vecinos y vecinas, y expertos científicos. Rechazamos esta campaña racista contra las comunidades originarias que luchan por sus reivindicaciones, cuyo objetivo es reforzar la política represiva que comanda el ministro Federico Massoni.

Arcioni y sus cómplices, como el ahora alineado vicegobernador Ricardo Sastre, ha demostrado una vez más los intereses sociales que defiende su gobierno, contrapuestos a las necesidades de los chubutenses. De hecho, mientras tanto se aprestan nuevamente a intentar sancionar la ley de zonificación minera este martes 16 de marzo. Derrotémoslos con un nuevo Chubutazo y con la movilización popular.