De acuerdo con un informe anual que elabora Greenpeace, durante 2021 los desmontes en el noroeste (NOA) y noreste (NEA) del país sumaron el equivalente a la superficie de cinco ciudades de Buenos Aires.

En total, en el NOA y NEA argentino, el desmonte superó las 110 mil hectáreas. En el reporte se detalla que 52.290 hectáreas corresponden a la provincia de Santiago del Estero; 29.165 a Formosa; 18.068 a Chaco y 10.657 a Salta. Además se advierte que en Santiago del Estero “más del 80% de la deforestación fue ilegal” (Filo News, 2/2). Por otro lado se denuncia que en el Chaco “las topadoras arrasaron 18 mil hectáreas, a pesar de que los desmontes están suspendidos por la justicia provincial” (ídem).

¿Santiago querido?

Dentro de este panorama el caso de Santiago del Estero es emblemático. Según datos oficiales es la provincia con más deforestación de las dos últimas décadas: entre 1998 y 2019 perdió 1.908.057 hectáreas de bosques nativos. La principal causa de los desmontes es el avance de la frontera agropecuaria (ganadería y soja). Como yapa en el transcurso de 2020, a pesar de las restricciones por la pandemia de Covid-19, en Santiago se desmontaron unas 32.776 hectáreas.

Para peor, esto tiene el agravante de que comunidades indígenas y campesinas denuncian que no cesan los desmontes y el avance sobre sus territorios de empresarios, como Orlando Canido (dueño de las gaseosas Manaos). En numerosas ocasiones hemos conocido episodios de como las guardias armadas de estos patrones, que atentaban contra miembros y activistas de los pueblos originarios y hasta cargándose con sus vidas para cometer sus desalojos violentos. Todo con la vista gorda del gobierno provincial de Gerardo Zamora.

La Argentina, igual

Lo que sucede en el norte es solo un botón de muestra de la República Argentina. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ubicó a la Argentina entre los diez países que más desmontaron entre 1990 y 2015, cuando se perdieron 7,6 millones de hectáreas a razón de 300.000 hectáreas al año. En 2007 se sanciono una Ley de Bosques que es papel mojado porque todos los gobiernos incumplen alevosamente los presupuestos para la conservación de los bosques nativos. Además la norma misma delega a la provincias el ordenamiento territorial, que habilitan zonas entera a los lobbys del agronegocio, la megaminería o los grandes emprendimientos inmobiliarios que arrasan con las superficies boscosas y los humedales.

Atentos a esta situación debemos relanzar una fuerte y masiva campaña popular en defensa de nuestros bosques, con más razón cuando gravísimos incendios están azotando a varias provincias. Desde la banca del bancada del Partido Obrero en el Frente de Izquierda insistiremos con el proyecto de ley presentado por Romina Del Plá, que establece la prohibición y suspensión de todos los desmontes y los cambios en el uso de suelo, reconociendo el poder de veto y de control a las asambleas populares.

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