La audiencia pública convocada por el Ministerio de Ambiente de la Nación para evaluar el impacto ambiental de la exploración petrolera “costa afuera” en Mar del Plata, congregó en tres días consecutivos a cuatrocientas personas que se expresaron fundamentadamente contra la misma. Solamente una docena de participantes, vinculados a empresas petroleras, expusieron a favor de otorgar permisos para explorar tres bloques de la plataforma submarina frente a la costa.

Antecedentes institucionales y legales de la explotación costa afuera

En 2018 la Secretaría de Energía llamó a licitación para la exploración sísmica de 18 áreas petroleras ubicadas en  tres cuencas: Cuenca Argentina Norte (CAN) frente a Mar del Plata, Cuenca Sur frente a Tierra del Fuego (CAS) y la Cuenca Malvinas Oeste, todas ellas mediante el Concurso Público Internacional Costa Afuera N°1. Las empresas hicieron sus ofertas, dado que para explorar deben pagar a la Argentina un importe cercano a los 900 millones de dólares, ya que luego tienen prioridad para explotar el recurso y la información les mejora su cotización en bolsa. Los permisos duran ocho años y pueden prorrogarse a doce.

Al año siguiente se adjudicaron estos 18 bloques de 225.000 km² de superficie a 13 empresas oferentes: YPF, Equinor, Tecpetrol, Qatar Petroleum, ExxonMobil, Total, Pluspetrol, Wintershall, British Petroleum, Shell, Tullow, Mitsui y ENI.

El Bloque CAN 100, localizado a 200 kilómetros de Mar del Plata, fue adjudicado a Equinor junto a YPF, pero esta ultima cedió sus derechos. Equinor, empresa estatal noruega, ya tiene inversiones no solo en offshore sino también en Vaca Muerta y también tiene un parque solar en San Juan. A finales de 2019, Sætre (CEO de la empresa) se reunió con Macri y luego con Alberto Fernández previo a su asunción, con la intención de avanzar con los proyectos en territorio argentino. Entre sus directivos se encuentra a Anne Drinkwater, asesora en materia de hidrocarburos del gobierno británico y conocida por operar ilegalmente en la Cuenca Malvinas -según Daniel Filmus, secretario de Estado de Malvinas.

Ya ese año se giró el expediente al Ministerio de Ambiente para avanzar en la declaración de impacto ambiental (DIA), un requisito para operar que no se salda con el permiso otorgado por la Secretaría de Energía. Durante un año los técnicos del Ministerio hicieron muchas críticas al Estudio de Impacto Ambiental (EIA) realizado por la consultora Serman, aconsejaron numerosas medidas mitigatorias y la realización de la audiencia pública respectiva necesaria para expedirse una DIA. Es así que se produce esta primer audiencia presidida por el secretario de Cambio Climático, y se llevó a cabo desde el 30 de junio.

Cabe aclarar que las empresas ya tienen una concesión por cuatro años. Luego pueden extender el contrato por cuatro años más y posteriormente una segunda renovación por cinco años. En el segundo período tienen la obligación de perforar un pozo para saber si se puede comercializar gas o petróleo. Si luego de terminar el lapso están en condiciones de desarrollar el área pueden obtener el permiso de concesión, que para proyectos offshore es por 35 años de explotación.

Impacto ambiental de la exploración y la explotación

Para hacer estos trabajos en ultramar el buque sísmico efectúa bombardeos acústicos, disparos con cañones de aire que crean ruidos increíblemente fuertes con alta frecuencia, cuyo impacto puede cubrir una superficie de más de miles de kilómetros cuadrados. En diferentes recorridas de Greenpeace, que abarcan el período de abril de 2017 a mayo de 2020, se observó que cada buque efectúa un disparo cada 10 segundos.

La fauna marina (como la ballena franca austral, orcas, delfines, lobos y elefantes marinos, pingüinos e incluso las poblaciones de peces) es gravemente afectada y sufre los efectos de esta actividad tan dañina. La exposición a estos ruidos genera desorientación, cambios en su comportamiento, estrés, reducción de la viabilidad de los huevos, discapacidad auditiva, lesiones masivas y hasta la muerte por ahogamiento o envaramiento.

Una vez concluida la etapa exploratoria viene la explotación, donde los riesgos están asociados a posibles explosiones y derrames. Según un estudio de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Centro, “la probabilidad de ocurrencia de derrames para diferentes niveles de producción de petróleo offshore obtenida a partir de más de 50 años de datos estadísticos, para algunos niveles de producción estimados para la plataforma argentina, tiene una ocurrencia del 100%, incluso de derrames de grandes cantidades mayores a 1.000 bbl” (noviembre 2020).

En nuestro país tenemos el caso del Golfo San Jorge, en el cual no se realizaron estudios previos de los efectos sobre la pesca y existió un fallo a favor de los pescadores al respecto. En otros sitios se puede mencionar el derrame de  Shell en el Delta del Níger, que ocasionó una causa judicial que lleva 10 años y la multinacional sólo ha cumplido con el 10% de las tareas de limpieza, generando efectos irreversibles a los pueblos de la región. Otro derrame grave fue el de Deepwater Horizon (British Petroleum) en el Golfo de México, donde los trabajadores que efectuaron la limpieza de los restos de petróleo fueron expuestos no sólo al crudo sino a los gases emanados, lo que impactó gravemente sobre su salud (los efectos tóxicos que fueron registrados en informes médicos, como dolores de cabeza, tos crónica, dificultad para respirar, erupciones cutáneas y riesgos de desarrollar cáncer de hígado, leucemia y otros trastornos).

La población local sufriría además el impacto sobre el resto de las actividades de la región. Especialmente se vislumbran los efectos perjudiciales que tendría sobre los derivados de la economía asociada a la pesca, su industria y el turismo, que abarcan en el distrito a una cantidad de empleos no comparables con los que la industria petrolera pudiera generar.

La audiencia y la continuidad de la lucha

A pesar de la escasa difusión del llamado a inscripción por parte del gobierno, y la forma tardía en que se presentaron los documentos del proyecto y el estudio de impacto ambiental, participaron de la audiencia pública ambientalistas de varias provincias y habitantes de toda la costa atlántica. Unos días antes vecinos de San Clemente, Mar del Plata, Miramar y Necochea hicieron reuniones en plazas, repartieron folletos y difundieron información en redes sociales sobre la cuestión. Así se propagó la idea de anotarse para participar en la audiencia y numerosos estudiantes, docentes, científicos, pescadores, comerciantes, surfistas y artesanos se pronunciaron contra los permisos otorgados para esta actividad. Muy destacada fue la intervención del colectivo Actrices Argentinas, así como de las asambleas ambientales de varias localidades. Integrantes del FIT-U también fueron de la partida.

Los participantes hicieron hincapié en la contradicción que se plantea entre esta actividad y los compromisos asumidos por el gobierno en las cumbres de cambio climático, en los daños a la economía de las localidades costeras y la afectación a los ecosistemas marinos.

Respecto de los impactos de la exploración sísmica sobre los ecosistemas, los pobladores de la costa atlántica bonaerense comentaron que últimamente han aparecido en las playas ballenas, lobos marinos y pingüinos muertos. Esto ocurre porque ya se está explorando en otros sitios del mar donde se otorgaron permisos sin la DIA. Una vecina de Necochea comentó las dificultades para remover una ballena muerta de más de 10 metros de largo que despedía un olor que afectó a la ciudad durante varios días. Y esta experiencia la han vivido también habitantes de Costa Esmeralda, Villa Gesel y Mar del Plata.

La masividad y la difusión del rechazo en esta audiencia fue sentida por el gobierno. El ministro Juan Cabandié declaró luego que no se iban a otorgar más permisos hasta tener un plan oficial que explique cuáles son los objetivos de descarbonización de la Argentina. Es una formulación intencionalmente ambigua. ¿Eso quiere decir que los permisos ya otorgados serán reconocidos?

Lo cierto es que esta declaración no dejó conforme a la comunidad movilizada, y se están organizando manifestaciones simultáneas en todo el país para el viernes 16. La Coordinadora Basta de Falsas Soluciones, que agrupa asambleas y agrupaciones ambientales y partidos de izquierda, ha acordado como consignas de la jornada de lucha: “Mar libre de petroleras. Anulación del proyecto de adquisición sísmica de Equinor. Participación ciudadana vinculante. Por un plan estratégico de energías limpias. ¡El gobierno es responsable!”. En la ciudad de Buenos Aires la actividad se desarrollará frente al Ministerio de Ambiente y frente a la Secretaría de Energía.