Con las altas temperaturas y mientras varias provincias atraviesan una situación de emergencia con múltiples incendios forestales, el gobierno declaró la emergencia ígnea en todo el país por el plazo de un año. El decreto lleva las firmas del presidente Alberto Fernández, del jefe de Gabinete, Juan Manzur, y del ministro de Ambiente Juan Cabandié.

El decreto reza que la emergencia ígnea es declarada con el fin de “adoptar las medidas que resulten necesarias para propiciar y atender con carácter inminente la presupresión y combate de incendios, la restauración las de zonas afectadas y la prevención de nuevos focos” y le da la capacidad a Manzur a “reestructurar, modificar o reasignar partidas presupuestarias con el fin de fortalecer de inmediato la capacidad estatal de respuesta ante la emergencia declarada”. Esta medida se muestra inocua sin aclarar cuál es el monto presupuestario que se destinará a combatir los focos de incendio activos y a restaurar las zonas rurales y urbanas afectadas. Brigadistas perdieron la vida en el combate del fuego, cientos de casas, animales, vegetación, y sectores de Parques Naturales -un daño que ya es, a esta altura, irreparable, todo ello como consecuencia entre otras cosas de los escasos recursos. Hace un mes y medio que 11 provincias están incendiadas, ¿qué espera el gobierno para dar respuestas concretas?

El epicentro de los incendios ocurridos en diciembre y enero -con focos que aún siguen sin controlarse- es la Patagonia. Este año, en la región patagónica fue el año fue el más cálido y seco desde 1961. Pero aunque esto se sabe hace meses, el Estado no tomó medidas de emergencia para afrontar una situación que era previsible en base a los informes del servicio meteorológico nacional. Es más, cajoneó la ley de humedales que apuntaba a proteger estos ecosistemas, por presión de los lobbies empresariales. En muchos casos, a la sequía y el calor se suma la intencionalidad o la negligencia. En la Comarca Andina, por ejemplo, se reportaron comienzos de incendios por fallas en instalaciones eléctricas, responsabilidad del Estado. En otros casos los incendios buscan ex profeso avanzar en cambios en los usos del suelo, para hacer negociados inmobiliarios, agropecuarios o forestales. (Prensa Obrera, 6/1).

Cabandié festeja que la situación en “mejor” que años anteriores, lo que es desmentido por la necesidad de declarar la emergencia. Mientras, hay provincias arrasadas por el fuego. Esta semana comenzó con nuevos focos de incendio en Corrientes. El mayor es un incendio que afectó 600 hectáreas del parque provincial Iberá fue controlado este lunes al mediodía en inmediaciones de la localidad correntina de Colonia Carlos Pellegrini, ubicada 363 km al sureste de la ciudad de Corrientes. El fuego alcanzó un sector de campos que rodean la Laguna Iberá, principal portal de acceso a los esteros (Télam, 10/1). También hay focos en Corrientes capital y Caa Catí.

Si bien el gobierno se jacta de haber aumentado el financiamiento del Servicio Nacional de Manejo del Fuego en $2.640 millones, esta suma es escasa e insuficiente. Actualmente, en los focos activos de incendios, las denuncias son la falta de recursos y su llegada tardía. Aún así, hay 300 mil hectáreas incendiadas: nada que Cabandié deba festejar. A su vez, defendió férreamente la explotación petrolera offshore en las costas del Mar Argentino.

El mismo ministro declaró que es imposible pagar la deuda con el Fondo Monetario Internacional sin contaminar. Con estas declaraciones dejó al desnudo que el motivo real que condiciona toda la política económica y que está detrás de la depredación ambiental y el saqueo de los bienes naturales. Parte de los incendios son intencionales, para cambiar los usos del suelo. Otra parte son producto de la negligencia estatal, como los que se producen por fallas en instalaciones eléctricas. Si bien es cierto que en la Patagonia afectaron las sequías, falta de lluvias y nieve, el ministro busca echar culpas en los factores climáticos, pretendiendo desligar al Estado de la responsabilidad en los mismos.

El calentamiento global que promueve estos incendios parte de un régimen social que este gobierno avala y fomenta. El ministro reconoce que toda la explotación devastadora de la megaminería, los agronegocios, la exploración de las petroleras, el fracking -además de reportar ganancias a los pulpos multinacionales que las emprenden- solo sirve a los fines de honrar los compromisos con el FMI y los bonistas.

La defensa del ambiente y la importancia de enfrentar el lobby de los agronegocios, las petroleras, las mineras y los desarrolladores inmobiliarios está en las manos de la organización y movilización popular e independiente, en el camino del Chubutazo. Enfrentemos la política económica de ajuste dictada por la intención de llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario, la cual aúna a oficialistas y opositores.

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