El 2022 empezó caliente. La temperatura de una semana calurosa subió aún más con medio país prendiéndose fuego y los coletazos de una crisis incendiaria. Mientras al menos once provincias eran alcanzadas por las llamas, lo que reveló el efecto devastador del ajuste fiscal sobre los fondos destinados a combatir incendios (con dos brigadistas muertos y otros tantos actuando en completo desamparo), el ministro de Ambiente, Juan Cabandié, se apresuraba a firmar el aval de su cartera a un proyecto de explotación petrolera offshore en Mar del Plata.

Esto despertó el repudio popular en un santiamén. No solo por la ironía de que el ministro responsable de dar respuestas por las incineraciones se borrara del mapa en medio del desastre para reaparecer con este anuncio bajo el brazo, sino también porque se da dos semanas después de que el Chubutazo tumbara el avance de la zonificación minera, dejándole claro al gobierno de Arcioni y al de los Fernández el rechazo popular a la agenda extractivista que vienen a instalar en nuestro país en su intento de pactar con el FMI.

Así las cosas, la resistencia no tardó en ponerse de pie. Bajo el nombre del #Atlanticazo, miles de personas se movilizaron en Mar del Plata y toda la costa atlántica, pero de igual forma en Plaza de Mayo y varias de las principales plazas del país. Lo que corrobora de manera fehaciente que la lucha en defensa del planeta trasciende expresiones provinciales, y está planteada en todo el país, hermanando a todas las causas. Esto es un dolor de cabeza mayúsculo para el gobierno, que tiene que avanzar con la depredación de los suelos y los mares nacionales si quiere cumplir con el FMI. Por eso, los cabecillas del gobierno, desde Kulfas a Kicillof o quien es ya un consagrado lobbista de los pulpos extractivistas, Cabandié, intentan desestimar con falsedades y mentiras el impacto ambiental que podría tener la explotación petrolera, como ya lo venían haciendo con la megaminería a cielo abierto. De igual forma lo intentan instalar sus operadores, replicando la discursiva oficial de contraponer la preservación íntegra del ambiente o el “desarrollo nacional”. Quienes nos gobiernan tomaron nota que incluso dentro de su propia “tropa” avanzar en el saqueo del país les abre una crisis difícil de mermar, pero que no hacerlo pone trabas al plan de negociación de la deuda con el FMI y obtura el ingreso de divisas para tal destino, aunque la política oficial para este proyecto sea ampliamente prebendaria con las petroleras: las regalías que pagarían por explotar los hidrocarburos de las costas marítimas se ubica en un ridículo 6%.

En tal sentido, el gobierno ensayó en toda la semana una demostración de cintura política ante la mirada del Fondo. Así se expresó en las reuniones con cámaras empresariales, con los capitostes de la burocracia sindical e incluso con los gobernadores, buscando el retrato de una “unidad nacional” para ejecutar el plan de ajuste colosal que el FMI puso sobre la mesa. El visto bueno de los mandatarios provinciales al plan del ejecutivo nacional constata que existe en esencia todo un régimen político ordenado bajo las mismas premisas, amén de las tensiones y distancias entre los distintos bloques. Quizás uno de los ejemplos más alevosos sea el apoyo de Espert, que mucho saraseaba sobre la “casta política”, al avance de la agenda extractivista del gobierno nacional; confirmando al turno que es también una de las partes indiscernibles de los lineamientos del Fondo y el capital financiero sobre el país para la próxima etapa.

Pero la plena satisfacción de la agenda que pide el organismo de crédito está lejos de efectuarse del todo. Prueba de ello fue la disparada del riesgo país y la caída de la cotización de los bonos en el mercado luego de la presentación del plan de Guzmán. Y es que el gobierno intenta mediar sin mayores éxitos entre la creciente presión popular y la “lista de deberes” que busca cumplir ante todas las cosas con Washington. En tal sentido se inscribe lo que ocurre con el tarifazo con piso del 20% sobre la luz y el gas, que no cayó muy simpático en medio de la oleada de apagones eléctricos -y los piquetes y cortes de calles en respuesta-. Al parecer, este golpazo en agenda contra el bolsillo popular seguiría siendo insuficiente para achicar el esquema subsidiario a las privatizadas hasta el reclamado 1,5% del PBI. Aunque, con franqueza, ya nadie puede dudar a esta altura del partido que el gobierno camina, a los tumbos, avanzando, retrocediendo, pero cada vez más hacia adelante por el sendero del ajuste, lo que se corrobora en la caída nominal del gasto público durante los últimos cuatro años.

Uno de los resultados más visibles de este horizonte es el ataque a la salud, que vuelve a estar nuevamente en el centro de la escena. El país atraviesa la tercera ola de Coronavirus que ya bate récords históricos, superando en los últimos días la barrera de los 100.000 contagios. Rápidamente se hizo ver la consecuencia inevitable de haber desarticulado los (insuficientes) dispositivos y recursos para hacer frente a la pandemia puestos en marcha en la primera ola, en consonancia con el asfixie presupuestario sistemático sobre las partidas de sanidad. Los centros de testeos colapsan por doquier, y en todo el país se empezaron a replicar las postales de enormes filas de personas al rayo del sol buscando hisoparse. Amargamente, la impaciencia y el malestar social que esto genera se dirigió en varias ocasiones contra los precarizados trabajadores de la salud, entre insultos, amenazas e incluso golpizas.

En tanto, los gobiernos, empezando por el nacional, buscan desentenderse cada vez más de la situación. Luego de la resolución de un nuevo (y reducido) protocolo de aislamientos, la ministra de Salud nacional Carla Vizzotti anunció que en la cresta de la ola de la contagiosidad dejará de hisoparse a los contactos estrechos, e incluso se reglamentarán los “auto tests” para seguir retirando unidades de hisopados, y, claro, para escatimar recursos del Estado evitando comprar kits de detección de Covid-19 a los laboratorios fabricantes; que deberán ser pagados íntegramente en farmacias por quien se quiera testear de manera preventiva. El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, advirtió que esto tiene su “peligrosidad”, pero adujo que la privatización de los testeos “tiene lógica” en este momento de la pandemia. Vale destacar que el representante de la cartera sanitaria de Kicillof gobierna una provincia que se convirtió en uno de los epicentros de los contagios, mientras su propio gobierno votó junto a la oposición derechista en la Legislatura bonaerense suprimir el denominado “Fondo Covid”. La responsabilidad es total.

No obstante, la privatización de los testeos no nace de un repollo. Es parte también de la orientación reclamada por la Unión Industrial Argentina y las patronales del país, en tiempos donde la escalada de contagios obliga nuevamente a los aislamientos en las plantillas laborales, lo que repercute de lleno en la actividad económica. Por tanto, las cámaras empresariales, cuando no están obligando a los contagiados o a los contactos estrechos acudir a sus puestos de todos modos, quieren al menos poder testear ellos mismos a los trabajadores para “agilizar” el proceso y detener lo menos posible la producción. Lo que confirma que, como desde el primer minuto, el manejo de la pandemia está dominado enteramente por los intereses capitalistas, muy lejos de ponderar la salud de la población. Que el gobierno haya dejado caer el Coronavirus como “enfermedad laboral” ante las ART es otra muestra de ello.

El año arrancó caliente en un país jaqueado por un régimen que no solo es de hambre, sino que también es de saqueo, como se pudo observar en estos días. Pero el #Atlanticazo, los piquetes frente a los cortes de servicios básicos y las luchas obreras en curso trazan el horizonte para derrotarlo. Tenemos muchas tareas en este sentido; pero disfrutemos hoy nuestro día de descanso. Gran domingo para todos.

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