El país atraviesa en estos momentos una grave sequía. El impacto económico que esto tendrá en las exportaciones agrarias está en el orden del día y la preocupación del gobierno porque caiga el ingreso de divisas de uno de sus principales “caballitos de batalla” para renegociar con el FMI, también. Pero, mientras tanto, la misma favorece no solo de manera directa a los incendios que todavía se desarrollan y que llegaron a azotar once provincias en simultáneo, sino también a una crisis hídrica que cruza el territorio nacional de punta a punta con bajas en ríos y diques, que no solo da mayor vía libre al fuego, sino que condena también a millones de personas a no poder acceder al agua potable.

Una de las provincias más cruzadas por el problema es San Juan, donde el gobierno de Sergio Uñac busca conformar la “Mesa del Agua”, en la que discutirán soluciones a largo plazo con las mineras, el sector ganadero y agrícola, los capitalistas industriales y distintas áreas del Estado provincial, con excepción de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Claro que, ya con esta pauta, mucho menos se convocaron a las asambleas ambientales de San Juan o a los propios vecinos que padecen la falta de agua potable en sus hogares, quienes solo podrán participar por una página web.

Luego, se replican las postales de humedales y ríos resecados, como el río San Marcos en Córdoba -lo que favorece la propagación de los incendios en la localidad- o la desaparición de la Laguna Paiva en Santa Fe, que es un desierto. Aunque, claro, estos son solo algunos ejemplos; la realidad se replica en innumerables lugares del país, teniendo como expresión más cruda la falta de acceso al agua potable para familias enteras en lo que fue la semana más calurosa desde hace varias décadas en la historia nacional.

Lo propio ocurre en Neuquén, donde los ríos y arroyos que alimentan los embalses están en una bajada histórica y, así las cosas, tanto el gobierno nacional como el provincial insisten con generar electricidad a través de las presas hidroeléctricas. Pero esta crisis se extiende por la Patagonia, viniendo, por ejemplo, Rawson, capital de Chubut, de concluir una crisis de abastecimiento de agua potable.

Los resultados ambientales de la depredación del país se hacen ver con cada vez mayor frecuencia, pero como se puede ver en cada uno de los casos citados, lo que prima ante todas las cosas para el gobierno es defender la rentabilidad capitalista y el funcionamiento de la actividad económica. La falta de acceso al agua potable para millones de personas o las bajantes sin precedentes en las cuencas pasan a ser anecdóticas.

Hay que acabar con este régimen de saqueo. Romper con el FMI y su agenda debe ser la primera parada: es ese el telón de fondo del avance de la liquidación de los recursos naturales y sus ecosistemas, cada vez más comprometidos. Necesitamos un programa de transformación social que permita un desarrollo genuino del país minimizando el impacto ambiental.

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