En el marco de la enorme crisis social venezolana, que tiene sus causas en el bloqueo económico del imperialismo y las políticas de ajuste del gobierno de Nicolás Maduro, uno de los asuntos más dramáticos es el de la falta de gas en los hogares.

Los altos precios y la tardanza en la llegada de garrafas obligó a muchas familias al uso de artefactos eléctricos para cocinar y calefaccionarse. Esto colapsó la precaria infraestructura eléctrica del país con apagones recurrentes. A partir de allí, a la población no le quedó otra alternativa que recurrir a la leña y apelar a cualquier método en la desesperación por obtenerla.

Según afirma el ambientalista Enrique García en Diario Ar (22/9), citando el caso de la deforestación urbana en la localidad de Maracay, funciona así: la primera opción es aprovechar las talas realizadas por la Alcaldía para llevarse ramas y desechos, y hacer con ello paquetes de leña. La segunda es más perversa con el ambiente: colocar basura en la base del árbol, quemarla y a los pocos días derribarlo fácilmente sin usar hachas ni similares. Una práctica menos común, pero igualmente nociva, es el “anillado”. García lo describe como un collar metálico que colocan alrededor del tronco para cortar el fluido de la savia, matando al árbol en pocos días. También alerta sobre los peligros de usar ciertos tipos de madera para reemplazar el gas. Estas producen gases de una toxicidad más alta que la de otras especies, incluso mucho más que las advertencias de elementos desprendidos por la combustión de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Venezuela es uno de los países con mayores reservas gasíferas probadas en el planeta (sexto) y el octavo productor mundial. Esto contrasta terriblemente con la cobertura de la red domiciliaria, apenas un 6% y una de las más bajas de América Latina (informe consultora Quantum, marzo 2021).

El avance de la deforestación

En medio de este panorama alarmante, el Estado venezolano obstaculiza o manipula estadísticas. A pesar de ello, existen varios estudios de universidades u ONGs que han publicado los números de la reducción de bosques del país, a lo que se suma la novedosa tala ilegal en las ciudades. Por ejemplo, la pérdida de superficie boscosa fue de 1,9 millones de hectáreas entre el 2001 y el 2018, siendo sus mayores amenazas la minería (oro y coltán), la agricultura itinerante y los incendios forestales, contribuyendo a la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera y por ende más sequías y menos recursos hídricos en una zona que comparte la Amazonía con Brasil. No se salvan ni los parques nacionales, que se suponen áreas protegidas, ni la paradisíaca Isla Margarita.

El retroceso que supone la falta de gas para cocinar y calefaccionarse, al igual que la depredación ambiental, refuerza la necesidad de desarrollar una salida política independiente de los trabajadores.

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