La Ley Ómnibus presentada en el Congreso abona a una mayor depredación capitalista del ambiente, dado que modifica tres leyes regulatorias claves en esta materia: la Ley de Bosques Nativos (26.331), la Ley de Protección Ambiental contra la Actividad de Quema (26.562) y la Ley de Glaciares (26.639).

Ley de bosques nativos

La modificación de la ley contemplaría desmontes en áreas donde hoy se encuentra prohibido, que figuran en rojo (alto valor de conservación) y amarillo (valor de conservación medio) dentro de la zonificación que establece la normativa vigente. A su vez, se elimina el fondo especial para proteger los bosques nativos, que, según la ley actual, debería contar con un financiamiento equivalente al 0,3% del PBI y 2% de las retenciones.

Es cierto que la ley de bosques que está en vigencia tampoco cumple con su objetivo por falta de una regulación correcta y un financiamiento adecuado y porque se habilitan con autorización desmontes en las zonas que requieren protección. Esto ya representa para el ambiente una emergencia sanitaria, climática y de biodiversidad. Sus modificaciones vienen a profundizar esta crisis.

Más deforestación implica más cambio climático, más inundaciones, más desalojos de comunidades campesinas e indígenas, más desaparición de especies en peligro de extinción y más enfermedades: un verdadero ecocidio.

Ley de Protección Ambiental contra la Actividad de Quema

La normativa original prohíbe realizar una quema “controlada” sin antes contar con la autorización de la autoridad competente. La Ley Ómnibus, en cambio, plantea que si transcurren 30 posteriores a la solicitud y la autoridad no se expide, el pedido queda autorizado de forma tácita, habilitando el incendio.

A su vez, exige autorización solo para quemas con fines lucrativos, “y que no tenga relación alguna con la protección medioambiental del terreno”, lo cual es absurdo ¿A que se refiere con “protección ambiental” a través de una quema? En los hechos, no existen quemas ambientales, porque no hay investigaciones que demuestran que una quema en ambientes productivos provea de beneficios o remediación ambiental, ni a pequeña escala ni a escala global.

Si se refieren a las limpias que realizan varios productores, por ejemplo, en las zonas pampeanas, es lo que hoy en día produce que muchos de nuestros humedales sean quemados para luego colocar una producción de granos o forrajes, lo que sigue produciendo graves daños ambientales -más daño a la capa de ozono, menos fauna silvestre y la contaminación a los pueblos aledaños, que no afectan solo a productores pequeños sino también a todes les trabajadores e infantes de las zonas cercanas.

Ley de Glaciares

En el 2010 se aprobó en el Congreso la ley nacional de glaciares que define un Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares del Ambiente Periglacial, con el objetivo central de preservar estas reservas estratégicas de recursos hídricos. En el artículo 3 se crea el inventario nacional de glaciares para individualizar los glaciares que actúan como reservas hídricas y así registrar toda la información necesaria para su adecuada protección, control y monitoreo.

Ley Ómnibus, entre otras modificaciones, establece que los glaciares deberán cumplir con los siguientes requisitos para ser protegidos: deben estar incluidos en el Inventario Nacional de Glaciares; contar con una perennidad continua de al menos dos años o más; contar con una dimensión igual o superior a una hectárea y tener una función hídrica efectiva y relevante ya sea como reserva de agua o recarga de cuencas hidrológicas.

Esto habilita la explotación minera en zona Periglaciar, donde las geoformas no cumplen con todos los requisitos mencionados anteriormente. Tampoco reúnen esas condiciones muchos glaciares andinos, ya que perdieron el 42% de su superficie en los últimos 30 años.

Es una modificación al servicio de la industria minera que busca apoderarse de dichos recursos, debido a que su producción ultracontaminante utiliza agua en cantidades enormes para la obtención y refinamiento de los minerales como el litio.

A las calles contra la Ley Ómnibus

Que muchas de estas leyes ya tuvieran financiamiento y funcionamientos deficientes, sobre la base de favorecer a grupos empresariales, no es razón para avanzar hacia una mayor pérdida de políticas de conservación y remediación ambiental.

Estos ataques hacia las condiciones de vida de los trabajadores que buscan beneficiar a grupos empresariales multinacionales, como mineras, acopiadores de granos y grandes terratenientes de Argentina, exacerbarán la crisis climática ambiental que sufrimos hoy en día. Sin ir más allá, el año pasado fue el más caluroso de la historia.

Cabe aclarar que esta entrega masiva de recursos naturales estratégicos a grandes grupos empresariales no logrará una mejora de las condiciones de vida materiales de los trabajadores argentinos. Muchos políticos justifican que debemos entregar la cordillera como si fuese “una torta” en pos de salir de la crisis económica actual. De hecho, todo lo contrario, como lo demuestran las regalías insignificantes que pagan las mineras.

Les trabajadores tenemos que organizarnos y salir a luchar frente a la Ley Ómnibus, que no solo ataca el derecho a un ambiente sano, sino al conjunto de las condiciones de vida de la clase obrera. Desde Tribuna Ambiental apostamos a aunar fuerzas con los movimientos sindicales, estudiantiles, las asambleas vecinales y todas las iniciativas de lucha que se están organizando para derrotar la avanzada del gobierno de Milei y terminar de una vez con el saqueo que impulsan e impulsaron todos los gobiernos.

El movimiento ambiental refrenda sus principales reclamos y debe ponerse en pie en todo el país para salir a reclamar la sanción de ley de humedales propuesta por las comunidades y asambleas ambientales, ley de bosques en condiciones, rechazar la instalación de las petroleras off shore y el presupuesto correspondiente para garantizar la protección de nuestros recursos naturales. El 24 de enero ¡Todes a las calles!

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