En estos días se han hecho anuncios de inversiones en explotación de litio por parte de la minera china Zijin y de la anglo australiana Río Tinto en Catamarca y en Salta, respectivamente. Las típicas inversiones de capitales interesados en los países periféricos y asociados a las expresiones de fantasía como “minería verde”, “electromovilidad” y “ruta de la seda”. Esta última consiste en facilitar la exportación de commodities hacia China, realizando mejoras vinculadas al transporte y la logística.

La empresa Zijin Mining Group invertiría 380 millones de dólares a través de su subsidiaria local Liex en Tres Quebradas, cerca de Fiambalá, Catamarca, para producir 20.000 toneladas de carbonato de litio, la forma más primitiva de llevarse el material (La Gaceta de Salta). Justamente el proyecto chino viene a instalarse en un Sitio Ramsar llamado lagunas trasandinas y puneñas, zona emblemática de humedales protegidos.

También surgió de una reunión entre el Ministro Kulfas, directivos de Río Tinto y de la embajada británica, la intención de la empresa minera de invertir 100 millones de dólares en Salar del Rincón, Salta, para producir 50.000 toneladas anuales del mismo mineral. Este monto estará destinado a la exploración y mejoras en la planta piloto ya puesta en marcha por Rincón Mining en proceso de venta por 850 millones de dólares (El Economista). Justamente la minera Río Tinto no pudo instalar una explotación de litio en la República Serbia por la sistemática lucha de la población, realizada en noviembre y diciembre del año pasado.

La región del litio y las posibilidades de agregar valor

La explotación del litio por mineras multinacionales crece en forma exponencial para abastecer a los países desarrollados, ávidos de convertir su parque eléctrico y su industria automotriz. Los países periféricos solamente aportan la materia prima. Actualmente la producción de carbonato de litio viene saliendo por el Pacífico atravesando Chile. Según datos de 2018 del Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS), alrededor del 67% de las reservas probadas de litio, y cerca de la mitad de la oferta global se concentra en la región denominada “triángulo del litio” (Bolivia, Chile y Argentina). A su vez, este organismo estima que nuestro país en 2025 producirá cuatro veces más de litio que ahora.

En Bolivia la empresa que centraliza la explotación del litio es estatal. En Chile hay una ley específica que considera estratégico este mineral y Boric habría prometido la creación de una “Empresa Nacional del Litio”, con protagonismo de las comunidades y agregando valor a la producción. En cambio, en Argentina no hay restricciones al dominio, las exigencias ambientales son mínimas y además sigue vigente la ley menemista de promoción minera N° 24.228/93 que otorga diversas exenciones impositivas.

Hasta el momento en Argentina hay tres emprendimientos operativos. Uno en Catamarca en marcha desde 1998, otro en Jujuy operando desde 2015 y otro en Salta en construcción. Además hay dieciocho proyectos en etapa de desarrollo. Según datos de la Secretaría de Minería de ese total de 21 proyectos y sumando otros proyectos que actualmente se encuentran en investigación, se estima que se extraerían 350.000 toneladas anuales.

Y este importante volumen de material saldrá del país sin ningún valor agregado, a pesar de que Gerardo Morales hace un par de años firmó un convenio con una empresa italiana para fabricar baterías y que hace unos meses la automotriz BMW anunció que buscará acercar a la Argentina a sus proveedores de baterías. Estas expresiones de deseo no se concretan porque las baterías están compuestas de celdas donde se transforma la energía química en eléctrica y llevan una serie de componentes, aditivos y reactivos de alta pureza cuyo conocimiento se reservan las industrias. Además, en caso de que se instalara una empresa no tendría acceso a la materia prima dado que las mineras multinacionales tienen comprometida toda su producción, que es llevada a los países desarrollados donde realizan una verdadera economía de escala, dado que tienen un mercado muy grande para abastecer.

Jujuy, explotación y resistencia de las comunidades

La provincia de Jujuy decidió participar, a través de su empresa minera JEMSE, en el 8,5% de las acciones de las empresas que se instalen en su territorio. El consorcio Sales de Jujuy, comenzó en 2014 la explotación del salar de Olaroz, se establece a partir de un Joint venture formado por la empresa australiana Orocobre, la Automotriz Toyota Tsucho Corporation y la estatal de Jujuy JEMSE. Este emprendimiento alcanza una producción anual de 17.500 toneladas. A escasos kilómetros de esta planta, en el salar de Caucharí, existe el proyecto “Caucharí-Olaroz” cuya propiedad comparten en partes iguales la empresa EXAR, que es una filial argentina del grupo transnacional canadiense Lithium Américas, y la minera SQM, cuya capacidad productiva es de 25 mil toneladas anuales aproximadamente. El carbonato de litio representaba hace 2 años el 16 % de las exportaciones de Jujuy.

Gerardo Morales generó facilidades para las empresas como las rebajas impositivas votadas en la legislatura jujeña (con el aval del PJ), y también la eliminación de un impuesto a la exportación de minerales por decreto, quedando solamente la retención por regalías de 3% para las arcas provinciales.

En noviembre de 2011 las comunidades de Guayatayoc y Salinas Grandes llegaron a la Corte Suprema de Justicia CSJN reclamando que no se cumple el proceso de consulta previa anterior a la exploración pero, ante las dilaciones del tribunal supremo, tuvieron que recurrir a tribunales internacionales denunciando que no se cumple el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El protocolo de Kachi Yupi (Huellas de la sal) se terminó de redactar en 2015 y establece pautas consensuadas por las comunidades tras años de trabajo conjunto sobre cómo debe ser el proceso de consulta y consentimiento previo, libre e informado, pero el gobernador Morales sigue dando permisos de explotación. Es por esto que en enero de 2019 las 27 comunidades del pueblo Kolla de Jujuy se movilizaron durante tres días e impidieron que las empresas Ekekos SA y AIS Resourses ingresen a la cuenca de Salinas Grandes, Laguna de Guayatayoc y Salar de Jama.

Catamarca, más de treinta años de explotación y resistencia

En el Salar de Hombre Muerto, perteneciente al municipio de Antofagasta de la Sierra, desde 1997 opera la empresa estadounidense FMC que tiene una capacidad productiva de 40 mil toneladas anuales. Del emprendimiento a Andalgalá (la ciudad más cercana) hay unos 450 km y circula un colectivo por semana que tarda unas 8 horas en llegar, pero la empresa FMC posee un aeropuerto propio. La exportación de esta sustancia representa el 10 % de las exportaciones de la provincia y un empleo directo de 250 trabajadores. También en este salar la empresa Galaxy Resources proyecta la construcción de una planta para producir 25 mil toneladas.

En agosto de 2019 las comunidades se manifestaron para oponerse a la realización de un acueducto en el Rio Los Patos que beneficia exclusivamente a los emprendimientos mineros. “Debido a la reacción de repudio del pueblo, se ha puesto en evidencia el accionar expoliador de las mineras que actúan con total complicidad con el Estado, porque tanto el PJ como Cambiemos, apoyan, sin chistar, una actividad extractivista como esta, que genera depredación ambiental y daños irreparables” (Partido Obrero Catamarca).

Salta, el boom y el tren

En esta provincia se proyecta un boom de la minería de litio pues se registran más de catorce proyectos de exploración y ya existen plantas piloto. El año 2011 la empresa Energy Group construyó una de éstas en el salar de Rincón. Existe otra planta piloto en los salares de Centenario y Ratones, propiedad de la empresa ERAMET, que debiera transformarse en una planta de producción de 20 mil toneladas anuales de mineral. La empresa Puna Mining Lithium (financiada por una empresa australiana) que produce por mes 4 toneladas de carbonato de litio grado batería, posee 2.346 hectáreas en el Salar Rincón y el procesamiento del litio se realiza en la localidad de Campo Quijano. La compañía Alpha Lithium incorporó una segunda plataforma de perforación para el proyecto en Salar Tolillar. Planea realizar pozos de hasta 450 metros (Enero 2021, Econo Journal).

Para facilitar la salida del material se reactivó un tren construido en 1921 que sale de la ciudad de Salta, atraviesa la Puna y cruzando por el paso de Socompa llega a Chile y, en Antofagasta, el mineral sale al Pacífico. Este tren se reactivó hace 5 ó 6 años fundamentalmente para transportar litio.

Aspectos ambientales

El agua de buena calidad para consumo humano y animal se encuentra en sectores denominados “vegas”, que son humedales en zonas bajas que aparecen de manera interrumpida en el territorio. Y como son escasas, constituyen otra de las grandes preocupaciones por el desarrollo de esta actividad, ya que la minería de litio es una minería de agua. El geólogo forense Fernando Díaz, afirma que por cada tonelada de litio extraído, se evaporan dos millones de litros de agua.

Un trabajo reciente de FARM (Fundación Ambiente y Recursos Naturales) sintetiza dos impactos ambientales: uno el riesgo de degradación irreversible de las reservas de agua dulce que yacen en los bordes de la cuenca salina y por debajo de los abanicos fluviales y otro el riesgo de subsidencia o asentamientos diferenciales del suelo a causa del vaciamiento del agua contenida en los acuíferos y pérdida de la presión de sostén del suelo, cuyas consecuencias serían rotura del suelo superficial (salinas actuales), alteración del sistema hídrico y afectación significativa del proceso ancestral de “cosecha de sal”, practicada por las comunidades originarias.

Una salida

Desde Tribuna Ambiental y el Partido Obrero planteamos un rumbo opuesto, empezando por la lucha por la sanción de la ley de protección de humedales propuesta por el Frente de Izquierda, dado que las salinas con sus vegas son ecosistemas comprendidos en estos emprendimientos; la derogación de la ley menemista de promoción minera, la nacionalización de las explotaciones para ponerlas bajo control de los trabajadores, las comunidades, los investigadores y técnicos, en función de una producción eficiente y acotada que proteja las salinas e integre los procesos hacia una producción nacional de baterías, lo cual requiere a su vez la nacionalización bajo control obrero del comercio exterior para revertir el saqueo colonial del país.