Más de 2.000 hectáreas de bosque patagónico fueron consumidas por el fuego en los últimos días en varias localidades de la Comarca Andina de Chubut y en el pueblo rionegrino de El Bolsón. Miles de personas debieron ser evacuadas, con varios heridos y una quincena de desaparecidos. Un centenar de casas fue arrasado por los incendios urbano-forestales. Al momento de escribir estas líneas aún hay focos activos y toda la zona carece de servicio de electricidad y de agua potable.

Este cuadro devastador tiene claras responsabilidades políticas y sociales. Por la simultaneidad de los focos de incendio, los vecinos afirman que fueron ocasionados intencionalmente. Señalan a los terratenientes y especuladores inmobiliarios que tienen intereses en explotar la zona. También destacan que es frecuente que el fuego se desate por la saturación del tendido eléctrico. Hasta los intendentes debieron reconocer que no tuvieron causas naturales. Pero esta desidia capitalista se combina con el ajuste de los gobiernos.

Alberto Fernández y su ministro Juan Cabandié anunciaron de manera rimbombante el envío de 62 brigadistas a la región afectada, lo máximo que pueden ofrecer en medio del vaciamiento del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (cuyo presupuesto fue reducido 43% en términos nominales).

La magnitud del desastre actual revela también la esencia ajustadora del gobierno chubutense de Mariano Arcioni, que declaró la emergencia ígnea que azota las zonas de El Maitén, Las Golondrinas, El Hoyo, Cholila y Cerro Radal, pero anunció una magra partida de 10 millones de pesos como recursos para abarcar desde el control del fuego hasta la reconstrucción de viviendas y zonas afectadas, y auxiliar a los damnificados. Esto cuando hace tiempo que los brigadistas y bomberos de la provincia denuncian precarización laboral y atrasos salariales. En los hechos, el gobernador abandona a su suerte a la población de la Comarca Andina.

Deben volcarse todos los recursos necesarios para contener la situación y reparar los daños sociales y ambientales, así como para recomponer el Servicio Nacional de Manejo del Fuego bajo control de sus trabajadores y técnicos. Debe emprenderse, además, una investigación independiente para determinar las responsabilidades concretas en la generación de los focos de incendio.

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