A través de una nota dirigida a la presidencia del Concejo Deliberante, integrantes de la Cámara de Industria, Comercio y Servicios de Luján solicitan la modificación de la ordenanza 6224/13 que establece la prohibición en todo el distrito de la instalación de industrias de tercera categoría, que son las consideradas de alto riesgo para el ambiente y la salud de la población.

La actual normativa municipal fue arrancada tras una intensa lucha de vecinos y organizaciones de la localidad de Jauregui, que padecieron durante años a la contaminadora fábrica Curtarsa. Esta conquista fue también una referencia para impedir que durante los años 2017 y 2018 se ponga en funcionamiento la cuestionada termoeléctrica, hoy a la espera de una resolución de la justicia en favor de la población.

Los representantes de las patronales lujanenses alegan que “la norma es completamente restrictiva y confusa, no contemplando los verdaderos conceptos técnicos sobre los complejos ambientales de las empresas, ni tampoco enumera cuáles son las actividades que para nuestra localidad no queremos”. Agregan que “crea graves dificultades al funcionamiento de muchas de nuestras empresas, limitando sus proyectos de crecimiento, además de no poder tener su correspondiente habilitación”. Y continúa: “por lo expuesto, desde la Cámara de Industria, Comercio y Servicio se solicita la apertura de un expediente con este instrumento, comprometiendo una rápida reunión de trabajo con equipos técnicos para confeccionar un nuevo proyecto de ordenanza de carácter estratégico para nuestro distrito” (El Civismo, 7/2).

Estos planteos de los empresarios son absolutamente inaceptables. En primer lugar, la ordenanza sigue los lineamientos de la ley provincial 11.459 de radicaciones industriales en la Provincia de Buenos Aires, y es clara sobre los tipos de establecimientos y a la vez en qué zonas de los distritos se pueden asentar. En el caso de Luján, directamente una nueva industria de tercera categoría no se puede construir o que se amplíen las existentes. Segundo, para determinar la actividad a realizar se deben hacer las evaluaciones de impacto ambiental correspondientes y, tercero, es falso que la norma sea una traba al “crecimiento” de las empresas.

Por lo tanto, decir que la reglamentación local es restrictiva es en verdad un llamado a que en el distrito se establezcan nuevas “Curtarsas”, que envenenó por décadas a Jauregui, teniendo el pueblo uno de los promedios más altos de casos de cáncer del país. O ni hablar en nuestra provincia, la lucha contra los Klaukol en La Matanza, Copetro en Ensenada o el incinerador de Marcos Paz. La ordenanza de Luján fue producto de una iniciativa enormemente popular. También, si se derogara la actual norma de prohibición, es la oficialización para muchas industrias que en la actualidad vuelcan sus efluentes clandestinamente sin ningún tratamiento al Río Luján o arroyos del distrito.

Cuando la mencionada curtiembre cerró por crisis económica y sus directivos dejaron “en banda” a los trabajadores, fueron muchos vecinos y “ambientalistas” los que los apoyaron con movilizaciones y cortes de ruta para defender sus puestos de trabajo, mediante una reconversión o relocalización de la planta. No se ha visto en aquel entonces a los representantes de la Cámara de Industria de Lujan preocupados por la situación. Ni hablar que en el curso de la pandemia han despedido por doquier a muchísimos empleados de fabricas y comercios, mientras en épocas de reactivación embolsan siderales ganancias a costa de la precarización y de miserables salarios.

Llamamos a defender la ordenanza de prohibición de industrias ultracontaminantes en Luján. Es necesario que los trabajadores lujanenses se organizan para exigir comités de seguridad e higiene en todos los establecimientos, control de efluentes, remediación ambiental a cargo de las patronales y deliberar qué tipo de industrialización queremos para nuestro municipio.

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