El pasado viernes 15 se dio comienzo a la audiencia pública que se realiza en torno al proyecto del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para habilitar a Irsa a establecer un megaemprendimiento de torres de lujo y shoppings en los terrenos de la ex Ciudad Deportiva de Boca Juniors. El gobierno está obligado legalmente a realizar estas audiencias, que a pesar de no ser vinculantes permiten expresar el rechazo generalizado de la población a este tipo de iniciativas.

Tal como ocurriese en oportunidad de la audiencia que discutió acerca de la venta de los terrenos de Costa Salguero, la inscripción superó los 2.500 expositores y se realizará durante 14 días. Entre ellos, ya realizaron su intervención la legisladora Amanda Martín, y Gabriel Solano y Tatiana Fernández Martí, candidatos a legisladores en las listas del FIT-U. La semana que viene será el turno de Vanina Biasi, candidata a diputada nacional por la misma fuerza.

En su intervención el mismo viernes, Amanda destacó que es un nuevo capítulo de entrega de tierras por parte del gobierno de Larreta, que continúa su política de expulsión de trabajadores de la Ciudad. Hoy en día se ven imposibilitados de comprar una vivienda propia y destinan más del 50% de sus salarios al pago de alquileres.

Denunció que ya llevan rematadas 500 hectáreas en toda la Ciudad, de las cuales 300 contaron con el voto positivo de legisladores del PJ/kirchnerismo.

 

El lunes 18, Tatiana hizo hincapié en los impactos ambientales que tiene este tipo de emprendimientos, por atentar contra los servicios ambientales que proveen los humedales de la zona, el impacto que tiene en la reserva ecológica y los levantamientos de terrenos que dificultarán la absorción de agua cuando se produzcan tormentas.

Señaló que la falta de estudios de impacto ambiental está al servicio del negociado de Irsa. Finalmente, llamó al movimiento ambiental y a la juventud a movilizarse para rechazar estas iniciativas.

Luego, Solano denunció el crecimiento del precio de los alquileres y las propiedades, así como de el crecimiento de inquilinos y de villas, y la falta de espacios verdes. Destacó que este proyecto no viene a resolver estos dos grandes problemas de la Ciudad, sino que viene a agravarlos.

A esta política le contrastó el programa del Partido Obrero, de rechazo a estas políticas y oponerle como medidas en defensa de los trabajadores: un impuesto progresivo a la vivienda ociosa y a los acaparadores inmobiliarios; la creación de un banco de tierras y construcción de viviendas por el estado para que el valor de venta se comparezca con el costo real de construcción; la revisión de la enajenación de las 500 hectáreas vendidas para destinarlas a espacios verdes y construcción de viviendas; un plan de créditos hipotecarios a tasas blandas con cuotas que no superen el 25% del salario, urbanización de las villas y un salario mínimo equivalente a la canasta familiar.