Mendoza está surcando un fuerte verano y esto profundiza la problemática sobre el abastecimiento de agua potable ya que la demanda aumenta.

En muchos barrios populares este recurso es escaso por distintos motivos, pero principalmente por responsabilidad directa del gobierno, los municipios y entes reguladores. El propio AySAM ha reconocido que hay al menos 1.000 km de cañerías de agua corriente que deben ser reparadas y ni contar con cientos y cientos de casas que no cuentan con el suministro de agua potable, como es el caso de los barrios del oeste de Godoy Cruz.

Desde el año pasado se viene denunciando la situación. Inclusive durante la campaña electoral distintos vecinos dichos barrios  llevaron un petitorio que reclamaba la ejecución de la obra pública y suministro de agua potable con una manifestación frente al municipio.

La primera respuesta del intendente fue trasladar decenas de efectivos y detener sin justificación al candidato a diputado y dirigente del Polo Obrero Martin Rodríguez. Lo segundo fue recibir el petitorio (sin compromisos de nada), para despachar rápidamente a los vecinos y así descomprimir el conflicto.

A la falta de agua potable, el municipio ha respondido de manera no solo ineficaz, sino también provocadora ya que distribuyó a 100 familias filtros, mientras en otra entrega agua en mal estado en recipientes de plástico. ¿Por qué es una provocación? Porque el Intendente Tadeo García Salazar tiene más de 3.000.000.000 de pesos de coparticipación puestos en plazos fijos y 1.000.000.000 de pesos en un fondo de inversión. ¿Por qué no destina parte de ese dinero en obras hídricas, plantas de potabilización, etc.? No lo hace porque para los intendentes la obra pública debe ser la garantía del lucro privado de los empresarios (bancos, constructoras, empresas de servicios públicos, etc.) y no la satisfacción de las necesidades básicas de cualquier trabajador.

El derecho al agua potable en los barrios se tiene que garantizar

La contraposición de esta realidad y la política de los municipios debe ser combatida con una gran campaña de los sectores populares para poner en la agenda los reclamos del derecho universal del acceso al agua potable, el impulso de la obra pública y la urbanización efectiva de los barrios.

La entrega de petitorios impulsados por los vecinos, trabajadores empleados y sin empleo, debatidos y el impulso de acciones de lucha ante la falta de respuesta se vuelve imperiosa cuando una familia no puede abastecerse de agua.
Bajo esta perspectiva nos vamos preparando para afrontar la política de desabastecimiento, falta de inversión y ajuste que impulsan los gobiernos no solo municipales sino también provinciales.