Ambiente
29/9/2026
Milei es veneno y contaminación
Cuatro hechos relacionados a la fumigación con agrotóxicos pusieron en alerta al movimiento ambiental.
En el mes de septiembre, cuatro hechos relacionados con la fumigación con agrotóxicos y sus consecuencias dramáticas para la salud han puesto en alerta al movimiento ambiental.
Matan al mensajero
La investigadora Virginia Aparicio coordinó en Argentina el proyecto Sprint, que arrojó datos devastadores sobre los efectos de los pesticidas en humanos y el ambiente.
Los resultados encontraron glifosato en el 86,1% de los argentinos muestreados y en el 35,2% de los europeos; glifosato en el 100% de las heces de los bonaerenses y en el 70,5% de los europeos. Clorpirifos, que había sido prohibido pero aún se conseguía en las góndolas, en el 37,7% de los argentinos y el 3,7% de los europeos.
También se verificó la presencia de plaguicidas en alimentos, animales, polvo del hogar, en el suelo, en el agua y en el aire.
La consecuencia no se hizo esperar. Intentan exonerar a la investigadora del Inta y han iniciado una campaña de desprestigio. Una avanzada que se topó con las masivas muestras de apoyo a Virginia y a su equipo de investigación. Si el objetivo era silenciar los resultados, el tiro les salió por la culata.
Mate contaminado
La Legislatura de Misiones eliminó el 3 de septiembre la prohibición del glifosato en la producción de yerba mate. Se modificó la Ley de Bioinsumos, que limitaba su uso desde 2023. Una decisión que afecta a todo el país, porque Misiones es la productora principal de yerba.
Los riesgos del glifosato están documentados: Andrés Carrasco demostró experimentalmente que el glifosato puede provocar alteraciones embrionarias; el doctor Hugo Gómez Demaio, que centró sus estudios en la misma zona de Misiones, demostró las malformaciones como una consecuencia directa. En barrio Ituzaingó, Córdoba, las fumigaciones ilegales provocaron leucemia, cáncer, abortos espontáneos, entre otras enfermedades.
Los 40 legisladores de Misiones votaron a favor de esta modificación (incluidos el oficialismo provincial, la UCR, el PRO, La Libertad Avanza y el Partido Agrario y Social).
Menos controles, más contaminación
El 23 de septiembre, el Senasa dicta y publica la Resolución 869/2026. La esencia de la normativa es una desregulación de los controles y la flexibilización en la autorización de distintos productos fitosanitarios.
Los riesgos están a la vista. Primero: permite autorizar temporalmente determinados pesticidas, aunque todavía falte completar parte de la documentación técnica. Esto puede afectar a frutas, hortalizas y legumbres, entre otros cultivos. Segundo: se habilita la aplicación de agroquímicos con drones cuando hay estudios que establecen mayor riesgo de deriva. Tercero: permite autorizar excepcionalmente productos para combatir determinadas plagas, aunque no estén registrados para ese uso específico (la autorización de un producto para un cultivo no demuestra automáticamente que sea seguro utilizarlo en otro).
No fumiguen, hay niños estudiando
En este mismo mes, el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos anuló un fallo que protegía a familias y escuelas rurales de las fumigaciones con agroquímicos. La decisión restablece la aplicación de las distancias previstas en la ley provincial, que son considerablemente menores que las que había establecido la Justicia.
En mayo, una jueza había dispuesto distancias mínimas de protección: 1.095 metros para las fumigaciones terrestres, 3.000 metros para las fumigaciones aéreas. El contraste con la legislación provincial es brutal. En el caso de las escuelas rurales, la normativa contempla aplicaciones terrestres con mochila o drones a partir de los 15 metros.
La salud o Milei
La indignación que provocaron estos atropellos es masiva, y su denuncia, contundente. Los videos que ponen de relieve estos ataques se viralizaron por las redes y el apoyo a la investigadora Virginia Aparicio no para de crecer. La tradición de lucha contra los agrotóxicos y las fumigaciones en Argentina es de larga data.
Un movimiento que no solo ha sido declamativo: movilizaciones multitudinarias, acampes y bloqueos frenaron la instalación de la planta Monsanto en la localidad de Malvinas Argentinas, en Córdoba. Las madres de Ituzaingó, con una lucha de años, lograron un fallo histórico que reconoce que la contaminación por fumigaciones ilegales puede ser un delito contra la salud pública, no simplemente una infracción administrativa.
La desregulación, el vaciamiento de los organismos de control, la modificación de la legislación proteccionista, la baja de retenciones, los planes de financiación con tasas irrisorias, las exenciones impositivas, forman parte de un plan. Milei y los gobernadores cómplices trabajan para los grupos capitalistas del agro. Una política que, es evidente, solo ha servido para beneficiar a los exportadores y multinacionales, mientras crece la pobreza y la miseria en todo el país.
Hay que rechazar esta avanzada de plano; pongamos en pie una movilización nacional en defensa de la salud y el ambiente.
