El 13 de setiembre se cumplen cinco años del primer derrame de cianuro de la mina Veladero, proyecto de extracción de oro y plata localizado en el departamento de Iglesia de la provincia de San Juan. Es el mayor emprendimiento de este tipo en el país.

La ciudad de Jáchal, con sus 25.000 habitantes, se encuentra aguas abajo del megaemprendimiento, sobre el río del mismo nombre. Es la principal perjudicada. Toda la región ha perdido gran parte de sus agricultores. La mina, que supuestamente iba a traer progreso, en sus quince años de funcionamiento solo generó contaminación y pobreza. En Jáchal la mayoría de los trabajadores son empleados precarizados del municipio, y solamente unos 100 trabajan en la mina. Gran parte de la población se encuentra debajo de la línea de pobreza y ha solicitado masivamente el IFE.

Luego del primer derrame, la asamblea “Jáchal no se toca”, que se había constituido para luchar contra proyectos de explotación uranífera, se consolidó y constituyó un campamento frente a la Municipalidad, que sostiene hasta la actualidad. Nos cuenta Carolina, referente de esta lucha, que la carpa ya tiene cierta infraestructura, puerta y candado, y los miembros de la asamblea se siguen turnando para hacer guardias. Se han ganado un lugar en la comunidad, sus materiales de difusión son cuidados por todos los jachaleños.

El derrame de septiembre de 2015 fue comunicado a la población por un trabajador de la mina, que alertó a su familia mediante un mensaje de WhatsApp. Luego la Barrick Gold -la multinacional que explota el yacimiento- comunicó que habían derramado un millón de litros de agua cianurada. Se presume sin embargo que fueron muchos más, dado que la válvula que medía el caudal estaba en mal estado cuando se hizo la visita de los funcionarios nacionales.

Consta también en el informe elaborado por técnicos del Ministerio de Ambiente de la Nación, presentado ante la Justicia Federal que la policía minera ya había intervenido con topadoras para mitigar el desastre. Los especialistas también observaron la presencia de llamas muertas a orillas del río. Del análisis de los datos de sustancias en el Río Jáchal, suministrados por la propia empresa, surgieron varios metales como oro, plata y mercurio en cantidades importantes. No obstante, la mina reanudó al poco tiempo su producción y apenas fue sancionada con una multa. Los derrames siguieron.

Y en estos cinco años la asamblea con su lucha ha logrado la realización de monitoreos de agua periódicos en varios puntos del Rio Jachal por parte de la Universidad Nacional de Cuyo (UNC). También en sus afluentes y el dique Agua del viento.

Durante estos años se detectaron 13 derrames. La mayoría de ellos se produjeron en septiembre, época de mayor deshielo. Ahora la población teme porque la UNC, que tiene su sede en Mendoza, no ha podido entrar a San Juan por la cuarentena y se suspendieron los muestreos. A su vez se desconfía de las mediciones que hace la Universidad Católica, contratada por la provincia, porque se han observado contradicciones.

Durante este tiempo no se ha conseguido que se realicen estudios epidemiológicos, pero los asambleístas denuncian que han aumentado mucho los casos de cáncer. La mayoría de la población toma agua envasada y también desconfían de los alimentos producidos en la zona irrigados con agua del río.

Este modelo megaminero es el que fue adoptado como modelo por el gobierno de Alberto Fernández, que puso a uno de los funcionarios sanjuaninos responsables de esta devastación ambiental como secretario de Minería de la Nación, Alberto Hensel.

La compañera Carolina de la asamblea “Jáchal no se toca” participó del plenario nacional de organizaciones ambientales convocado por Tribuna Ambiental, para realimentarse de otras experiencias que tienen en común la lucha contra el capital y sus representantes gubernamentales, y adhirió a convocar todas juntas a la jornada de lucha del 25 de septiembre en el marco de la huelga internacional por el clima.