La convulsión del movimiento ambiental durante las últimas semanas puso sobre la mesa los efectos de la depredación ambiental de la política del gobierno de Alberto Fernández, cuyo objetivo principal es garantizar el repago de la deuda. Las reiteradas manifestaciones en el Litoral por las quemas en las Islas del Delta de Paraná, en Córdoba contra los incendios que devoran el monte nativo, la Iniciativa Popular para frenar el avance megaminero en Chubut y las jornadas nacionales de lucha contra el acuerdo porcino con China, han colocado la defensa del ambiente en la agenda nacional. Con estos desafíos se avanzó en la convocatoria de un plenario nacional de organizaciones ambientales, que se realizará el 10 de septiembre.

En un cuadro de depresión económica mundial, los pulpos petroleros, los pooles de siembra y las mineras buscan revertir la caída de la tasa de ganancia con una mayor depredación ambiental y mayor precarización laboral. El “crecimiento” con el que gobierno nacional asegura que podrá pagar la deuda a los bonistas y al FMI provendría de la exportación de estas ramas, es decir que además de saquear nuestros recursos naturales se profundiza una reprimarización de la economía. Este esquema dejará nulos beneficios para el país y graves consecuencias ambientales y sociales.

Los gobernadores de los distintos colores políticos apuestan a pilotear las quiebras de las provincias en base al impulso de negocios altamente contaminantes. Lo vimos en Mendoza en el pasado verano, donde el PJ y la UCR habían pactado el avance sobre la ley 7722 para habilitar la explotación megaminera, aunque finalmente una rebelión del pueblo mendocino los hizo retroceder. Hoy lo vemos en Chubut, donde el albertista Mariano Arcioni apoya el pacto entre el empresario Elsztain y la canadiense Yamana Gold para extraer oro en la provincia, lo que implica barrer con la ley 5001, lo que también es resistido por las comunidades. El avance de los desmontes, que arrasaron con 30.000 hectáreas de bosques solo en la región chaqueña durante la cuarentena, pone de manifiesto la connivencia entre los Estados provinciales y el agronegocio, que también se expresa en la complicidad con los capitalistas que desataron las quemas y los incendios en nueve provincias del país.

Los desafíos que tenemos por delante son muchos. Como el factor común de toda esta depredación es que forma parte del “plan económico” del gobierno de Alberto Fernández y los gobiernos provinciales, es una necesidad que el movimiento de lucha se organice de manera independiente. La convocatoria a un plenario nacional de organizaciones ambientales y sociales parte de esta necesidad y desde Tribuna Ambiental lo impulsamos, con el objetivo de conformar un frente único de lucha en todo el país en defensa del ambiente, en base a debatir un programa común.

Convocamos a todos los activistas y todas las organizaciones y asambleas regionales a sumarse a esta iniciativa, que se realizará el 10 de septiembre a las 18:00. Llevaremos allí el planteo de impulsar una gran campaña por la aprobación del proyecto de ley de suspensión de los desmontes, presentado por la diputada nacional Romina Del Plá, del Frente de Izquierda. Este proyecto plantea la prohibición de toda deforestación por dos años, entrega a las organizaciones defensoras del ambiente un poder de veto sobre las rezonificaciones de las categorías de protección de bosques nativos y establece una recuperación de las áreas devastadas financiada por las empresas responsables.

También pondremos a debate iniciativas para reclamar contra el acuerdo colonial con China para instalar granjas de cerdos. Por la prohibición de las fumigaciones con agrotóxicos en zonas pobladas, planteando un poder de veto de las organizaciones ambientales sobre las fumigaciones en el ámbito rural. Por la prohibición de la megaminería a cielo abierto y la nacionalización de los recursos naturales, para poner la producción bajo control obrero y dando poder de veto a las comunidades afectadas por los emprendimientos extractivos. La nacionalización obrera de la industria hidrocarburífera, para armonizar las necesidades de abastecimiento de energía con la provisión de formas de generación limpias y renovables. Por el saneamiento de ríos y suelos contaminados, bajo supervisión de organizaciones ambientales y vecinos, a cargo de las empresas responsables de su contaminación. Por el fin de la especulación inmobiliaria que devasta bosques y humedales.

Este programa debe ir de la mano del repudio de la deuda usuraria, para romper con ese mecanismo de expoliación colonial del país y de la nacionalización del comercio exterior bajo control obrero, para invertir la riqueza en un plan de desarrollo social y nacional que ponga un punto final a la primarización y la depredación ambiental.

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