La reciente mortandad masiva de peces en el lago de Embalse, Calamuchita, no es un hecho aislado, sino la manifestación de un problema ambiental de fondo que las autoridades vienen ignorando. Mientras el gobierno provincial y el municipal intentan adjudicar las causas a factores circunstanciales como la baja de oxígeno o la acumulación de residuos orgánicos, la realidad es mucho más grave: la contaminación química en el embalse de Río Tercero y sus efectos devastadores sobre los ecosistemas acuáticos.

Informes científicos de finales de 2023 ya advertían sobre los niveles alarmantes de arsénico y mercurio en los peces del embalse, derivados de actividades industriales que operan sin la debida regulación. A pesar de estos hallazgos, el gobierno provincial optó por hacer oídos sordos a las alertas, priorizando los intereses empresariales por encima de la salud de la población y del medioambiente. El municipio, por su parte, ha sido cómplice al no ejercer ningún tipo de control sobre las empresas que vierten sus residuos en los ríos.

Hoy, la mortandad de peces en el lago de Embalse deja en evidencia la interconexión entre estos cuerpos de agua y la magnitud del desastre ambiental que está en curso. Los contaminantes, acumulados durante años, están afectando no solo a la fauna acuática, sino también a las comunidades cercanas que dependen de estos recursos hídricos. Esta situación es el resultado directo de la inacción del gobierno provincial, que ha preferido mirar para otro lado, mientras los ecosistemas se degradan y la salud pública se pone en riesgo.

Este desastre se da en un contexto de ajuste brutal tanto a nivel nacional como provincial, que desfinancia las políticas ambientales y deja sin recursos a los organismos de control. La falta de presupuesto y voluntad política para la protección ambiental allana el camino para que se multipliquen escenarios como el del embalse de Río Tercero. La adhesión de Córdoba al RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones) podría empeorar esta situación al facilitar la llegada de inversiones depredadoras sin ningún control ambiental. La tragedia ambiental que hoy afecta a Calamuchita podría replicarse en toda la geografía cordobesa si se implementan políticas que priorizan los negocios sobre la vida.

Es imperativo que el saneamiento del embalse y del río se realice bajo un control popular efectivo. No podemos confiar en un gobierno que ha demostrado estar al servicio de las industrias contaminantes. La remediación ambiental, el control sobre las empresas responsables y el monitoreo de la calidad del agua deben estar en manos de las asambleas ambientales y populares, donde los vecinos, organizados, sean quienes tomen las riendas del futuro de su territorio. Solo con el protagonismo de la población será posible garantizar un verdadero control sobre las acciones necesarias para la protección del ambiente y la vida.

Estas empresas contaminantes, también realizan una súper explotación laboral que incluso llegan a despedir masivamente a sus trabajadores. Un claro ejemplo de lo señalado son los alrededor de 125 despidos anunciados en la Petroquímica de Río Tercero.

No es suficiente con promesas vacías de las autoridades. La urgencia de la situación exige la inmediata implementación de medidas drásticas para frenar la contaminación, establecer un control obrero y popular sobre las industrias y asegurar la inversión en infraestructura para el tratamiento de aguas residuales. Los habitantes de Córdoba y la biodiversidad que depende de estos ecosistemas no pueden seguir siendo víctimas de la negligencia gubernamental.

La lucha por el agua, por los ríos y por la vida no puede esperar.

Como reconocen sus funcionarios, el Presupuesto 2025 de Milei es incompatible con las necesidades populares

Empezó el tratamiento del proyecto en Diputados. –

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